Hay que reformar el Código Penal porque tiene “groseras alteraciones” y castiga más los delitos contra la propiedad que los abusos sexuales

No obstante, las primeras semanas también estuvieron marcadas por un conflicto con los fiscales, que se vieron desbordados de trabajo y reclamaron cambios en la organización de las sedes. Además, hubo fallas en el sistema operativo que aún intentan solucionarse. Por otra parte, los acuerdos entre criminales y víctimas y la libertad de algunos delincuentes o sospechosos generaron sorpresa en la población, que percibió respuestas demasiado benignas.

—Un mes es muy poco tiempo, va a requerir por lo menos seis meses para poder hacer una evaluación con más elementos. Lo que sí podemos evaluar a esta altura es que los operadores del sistema usaron prácticamente todos los caminos previstos para la resolución de los conflictos: principio de oportunidad, archivo provisional, mediación extraprocesal, suspensión del proceso, procesos abreviados, acuerdos reparatorios. Eso en sí mismo ya es un éxito, porque el riesgo era que fueran solo al juicio oral. La segunda buena señal es que los casos de más alto impacto —el homicidio de San Luis, el de Rivera, el de Brissa— se resolvieron, en el sentido de que se identificó y formalizó a los presuntos responsables. Era otro de los riesgos que algunos advertían: que las investigaciones iban a fracasar porque los fiscales no tenían la experticia. La tercera señal positiva es la oralidad, la transparencia. Pese a los augurios que había, no ha existido ningún tipo de problema. Los operadores y el público se han comportado con mucho respeto. Es un cambio importantísimo para la calidad democrática de un país el poder juzgar públicamente a las personas que cometieron un delito. Cuarto, la participación de la víctima. En dos de los casos paradigmáticos de estos días participaron los padres de las víctimas, asistidos por un defensor. Eso hace un mes era impensable. Todo eso me parece que habla de un comienzo del sistema acusatorio que ha sido bueno. Que ha tenido dificultades, sin duda. Pero el balance es positivo.

—¿Le sorprendieron las dificultades que surgieron, sobre todo en el trabajo de los fiscales, que se vieron desbordados?

—Siempre dijimos que esto no era solo un cambio normativo, sino un cambio cultural. Y esos no son de un día para el otro. Este es un cambio cultural muy profundo e iba a generar ruidos e inconvenientes. Sí ha habido dificultades, pero dificultades naturales. Los cambios de roles y regímenes de trabajo generan alguna fricción, pero siempre dijimos que en la Fiscalía la organización era dinámica y flexible y que no íbamos a tener problema de ir corrigiendo sobre la marcha los problemas que aparecieran. Siempre dije que iban a aparecer problemas que ni imaginamos. Si vemos los inconvenientes que han ocurrido en este periodo, son de libro, los que han pasado más o menos en todos los países que implementaron estos sistemas. El balance es positivo, aunque hay cosas para corregir. Y destaco el esfuerzo de los fiscales para, a pesar de las dificultades, cumplir con sus funciones.

—Hubo fallas en el sistema informático, y los fiscales se quejaron de que no fueron suficientemente capacitados para usarlo.

—El sistema informático falló. Es así, siempre hablo de que no le sacamos la pata al lazo. Lo que creíamos que era una solución falló y se está corrigiendo. Por otro lado estamos capacitando a la gente, porque es verdad que faltó capacitación, para funcionarios y fiscales. Pero no lo podíamos probar de antemando porque era un sistema que no estaba funcionando en la práctica.

—¿Qué otros problemas vio?

—Faltó una gran campaña de información, para que la gente se informara. Lamentablemente, hemos asistido a una gran campaña de desinformación en redes, algunos audios se han viralizado que decían disparates.

—Las autoridades hablaron mucho de lo importante que era hacer una campaña de comunicación para que la población entendiera la reforma, y sin embargo no se hizo. ¿Por qué?

—Es que para hacerlo necesitás recursos. Por los costos, es inviable para nosotros hacer una campaña a escala nacional. Es un pendiente sobre el que hay que trabajar. Falta una campaña pública, a nivel masivo.

—Hay varios aspectos de la reforma que son difíciles de entender para el público, como la prisión preventiva excepcional, dado que implica que personas que antes iban presas hoy quedan en libertad. La liberación del Betito Suárez generó sorpresa…

—El problema no es las libertades que se hayan concedido, sino si existían elementos o no para formalizar a alguien por un delito.

—Me refiero a cómo lo percibe la población…

—El problema es que tras tantos años de sistema inquisitivo, y a causa de la poca explicación de las autoridades del sistema, la población tiene la percepción de que la prisión preventiva es la pena. Entender que es una medida cautelar que se dispone durante el transcurso del proceso para evitar la fuga y la destrucción de la prueba, es complejo. Hay que explicarle a la gente que las personas que fueron formalizadas van a ser acusadas por la comisión de esos delitos, pero que jurídicamente son inocentes hasta que no haya condena. Doscientos años de prisión preventiva funcionando como pena anticipada, inconstitucionalmente y en contra de los tratados internacionales, no se explican rápidamente.

—¿Cree que la ciudadanía entiende de qué se trata este cambio en la Justicia?

—En algunos sectores, sobre todo en el interior, se han percibido mensajes equivocados, como que se le ataron las manos a la policía y ese tipo de cosas. Son erróneos, pero en la medida en que no hay campañas de comunicación, pueden calar un poco más. También hay que decirle a la gente que en dos días hay personas que salen con una sentencia de condena. Y eso parece no haber sido transmitido, o no con la suficiente claridad. Tenemos que entender que ahora hay distintas salidas, que no todos los conflictos se resuelven de la misma manera. Hemos dicho hasta el cansancio que la cárcel no es parte de la solución, es parte del problema. Si hay un delito de hurto, y víctima y victimario se ponen de acuerdo, y la víctima acepta la reparación, ¿por qué el resto de la sociedad exige cárcel?

—Porque teme que el ladrón siga robando…

—¿La víctima no? ¿Y el resto sí?

—Decía que la cárcel no es la solución, pero las soluciones alternativas parecen difíciles de digerir cuando la inseguridad es uno de los temas que más preocupan a la opinón pública…

—La cárceles son absolutamente imprescindibles. No hay sociedad en el mundo que no tenga. Ahora, si vos tenías 70% de presos sin sentencia, y a su vez 40% de primarios, muchas veces terminamos enviando a la cárcel a una especialización en el área delictiva. Porque mandás preso a un primario por un delito menor, y lo único que va a aprender es cómo perfeccionar su habilidad delictiva. Y seguramente cuando salga no encuentre trabajo. Entonces, analicemos ese razonamiento que hace la gente: ‘Que se pudran en la cárcel’. Hay dos malas noticias: no se pudren en la cárcel, y de la cárcel se sale.

—Los asesinatos de Brissa y Valentina demuestran que la gente lo que quiere es más mano dura. Y esta reforma apunta a otra cosa. ¿Cómo se hace para convencer a la población?

—Si hay que pedir más mano dura para los delitos más graves, no se me mueve un pelo. El problema es cuando pedimos mano dura para los delitos de bagatela. Y creemos que teniendo mano dura con eso solucionamos el problema de la seguridad. Ya pasó en el país que aumentamos las penas, creamos delitos, agravantes, y los delitos siguieron creciendo. También ya pasó que decíamos que era un problema social y económico y cuando se solucionara se iba a terminar el problema de la seguridad. Y quedó claro que no. Tenemos que sincerarnos en que el problema de la seguridad es más complejo. Pensar que el fetichismo normativo resuelve un problema… las leyes son instrumentos, que pueden ayudar, pero per se no resuelven nada.

—Uno de los objetivos de la reforma era incrementar la cantidad de delitos que se investigan. Pero la avalancha de denuncias desbordó a los fiscales. ¿Es posible cumplir ese objetivo sin aumentar la cantidad de fiscales?

—Cuando llegué a la Fiscalía de Corte había en Montevideo 14 fiscalías penales; hoy hay 26. Que no hubo un incremento en los recursos, no es verdad. Si fue suficiente o no, lo podemos discutir. Nostros pedimos más recursos al Parlamento, que no nos los dieron. Tenemos cargos vacantes que estamos llenado por concurso. Es transparente pero lleva su tiempo. Y siempre dijimos que había que evaluar en la práctica. Antes no existían fiscalías especializadas y nosotros queremos que haya, queremos mantener eso. Eso nos va a permitir investigar cosas que hoy no se investigan.

—Los fiscales están reclamando cambios en el régimen de trabajo por considerar que no dan abasto. ¿Era esperable que ocurriera?

—Planteamos siempre que el código nos hacía más visibles, y que iba a haber un aumento de la carga de trabajo.

—¿Qué opina de la pena de muerte, la cadena perpetua y otros agravantes que se propusieron a raíz de los asesinatos de las niñas?

—Estoy en contra de la pena de muerte y la cadena perpetua. Está prohibida por la Constitución y por los tratados internacionales. Comparto la opinión del papa Francisco cuando dice que una pena sin esperanza es una pena injusta e ilegítima. Luego, si hablamos de penas privativas de libertad, de aumentarlas o disminuirlas, siempre he dicho que es un tema de política criminal que debe definir un legislador en un determinado momento histórico. Pero tengamos claro también que todos estos aumentos de pena si se votaran hoy no serían aplicables a casos del pasado. Ojo con usar el espejismo. El impacto es la reacción posterior, pero esa reacción no resuelve el tema anterior. Ojo con cobrar al grito. En ese contexto, obviamente todos los legisladores pueden proponer soluciones legislativas. Y se discutirán. La sociedad uruguaya tiene pendiente un gran debate que es la modificación del Código Penal. Seguimos teniendo vivito y coleando el código del 34.

—Que es un código que habla de la moral, las buenas costumbres y el honor de las mujeres…

—Denota una concepción filosófica. Ignorarla no nos ayuda en nada.

—¿Hay que reformarlo?

—Obviamente que sí. Entre las penas de los delitos sexuales y los delitos de la propiedad no hay ninguna proporción. Hay una grosera alteración en la dosimetría penal. Eso no se corrige con ningún Código del Proceso Penal, se corrige cambiando el Código Penal, que es una asignatura pendiente.

—¿Por qué hay esas diferencias?

—Se llama patriarcado. ¿Por qué se requería instancia de parte para los delitos sexuales? El argumento era que perseguir un delito sexual si la mujer no lo solicitaba podía ser perjudicial porque la revictimizaría, y capaz la mujer prefería mantenerlo en la órbita privada. Lo que hacía era invisibilizar el problema. No podemos colocar en la mujer la responsabilidad de si se persigue o no un delito gravísimo. Y sin embargo hasta el 1º de noviembre era así. Entendamos que esto es también un tema cultural.

—¿Cree que los asesinatos de Brissa y Valentina son producto de enfermos, de casos aislados, o están enmarcados en un problema estructural, vinculado a las desigualdades de género?

—¿Cuantós pedófilos conocés?

—Algunos casos.

—¿Y conoces alguna pedófila?

—No.

—¿Entonces?

—Entonces hay un vínculo con el género.

—Obviamente que sí. Hay que llamar las cosas por su nombre. Ver todos estos casos como patológicos me parece que ayuda a invisibilizar el problema. Ahora, la tipificación del delito de femicidio, ¿va a solucionar el problema? Si repasas lo que dije en el Parlamento, dije que no. El Derecho Penal no resuelve el problema. Esto lo único que va a hacer es permitir sancionar estas conductas con mayor gravedad. ¿Por qué? Porque son más graves.