“Salir a matar al perro da una solución puntual y en el momento, pero ese problema no se acaba si el vecino sigue tirando los perros, sigue teniendo camadas de cachorros una tras otra”.
En las ciudades el problema canino se multiplica por 10 respecto a lo que sucede en el medio rural. Hay un “gran descontrol”, advirtió Cossia, que es un veterinario exdiputado del Partido Nacional.
—¿Cuáles son los objetivos y la estrategia oficial para dar solución a los ataques de perros?
—Para el Instituto Nacional de Bienestar Animal, la problemática vinculada al ataque de perros al sector productivo, específicamente al rubro ovino, es muy importante.
Por eso fue que solicitamos una reunión a la Federación Rural, y fue un encuentro extenso, que duró más de una hora y media. Intercambiamos con los productores distintas problemáticas y recibimos planteos. Fue muy productiva.
Fui designado director ejecutivo de este instituto en abril. Nos encontramos en el diseño de los programas. El INBA tendrá un consejo directivo honorario integrado por ocho miembros, en el que estarán los productores rurales, entre otros sectores.
El enfoque de bienestar animal en el país es que es una sola salud y lo abordamos con una perspectiva de que no hay una salud de los animales, otra de las personas y otra del medio ambiente, sino que es un aspecto integrado. Y tiene mucho que ver con esta problemática.
En Uruguay hay legislación abundante en materia de controles sanitarios, de sanidad animal y salud pública. Y nosotros lo venimos trabajando coordinadamente con la Comisión de Zoonosis, la Dirección de Seguridad Rural, hacemos un seguimiento de los ataques de perros a lanares, que se realiza mensualmente.
También hemos hecho un trabajo de visita personal a los lugares donde se dieron este tipo de incidentes. Estuve en Artigas y hablé personalmente con los productores afectados. También estuve en Colonia con el productor Douglas Cortela.
Sabemos lo que está sucediendo y la importancia que esto tiene para el país. Estamos organizando una respuesta y un trabajo serio para acabar con este problema metodológicamente y con fundamento científico. Para esto hay que tener un análisis de la legislación nacional, de la legislación comparada a escala internacional, con definiciones bien claras.
—Los productores rurales reclaman respuestas más a corto para solucionar el problema.
—En todos los países esta problemática se resuelve trabajando con metodología. No hay soluciones mágicas.
Las soluciones se enfrentan con el concepto de bienestar animal establecido en la Ley 18.471, de 2009, y la ley de policía sanitaria, que es la No 3.606. A través de esas leyes tenemos las herramientas legales, junto con el Código Rural.
Uruguay es uno de los países que elige, como forma de proteger el ganado en las propiedades privadas, darle libertad al productor de que pueda actuar ante cualquier animal, en este caso el perro, que no responda a la voz de mando. Esa es una directiva muy clara y concisa.
Y mediante la Ley 3.606 —la policía sanitaria de los animales— el Estado garantiza la salud de los ganados de las enfermedades infectocontagiosas.
—Como usted dice, ya hay marco normativo para dar respuesta a ese problema, pero al parecer no se aplica o hay dificultades para hacer cumplirlo. ¿Qué opina?
—Tenemos datos de 2018 de la Dirección Nacional de Seguridad Rural, quien denunció 420 ataques de perros; en 2019 fueron 432 los casos denunciados, en 2020 llegaron a ser 460 y en lo que va de 2021 hay 190 denuncias. El incremento entre 2018 y 2019 fue de 3% y entre 2019 y 2020, de 6,5%. Quiero decir con esto que es un problema importante, que se constata en una mayor cantidad de denuncias efectivas.
Tenemos un tema de tenencia responsable. Los problemas surgen de los poblados cercanos a los establecimientos rurales, de zonas periurbanas, donde hay asentamientos o vertederos. Ahí hay problemas de control de la población canina.
Otra situación es la de los perros abandonados en caminos o rutas. También los perros de cazadores que se pierden en lugares cercanos o incluso dentro de los establecimientos rurales.
Y uno de los más importantes factores es el de los perros de los vecinos, que son los causantes del 80% de estos ataques.
Tenemos normativas que no se cumplen, como por ejemplo la patente de perros, que se está pagando y que era muy importante, porque el dosificador hacía una visita a cada establecimiento para identificar a los animales. Eso era una señal en materia de tenencia responsable. Y el uso de la pastilla antiparasitaria, que sirve para controlar el flagelo de la hidatidosis, que no solo causa impacto en la salud humana, sino en la producción por decomisos en los frigoríficos.
También tenemos una ley de identificación animal por la vía del microchip, que hace que los perros tengan que estar identificados desde 2018. Eso es una garantía, porque si el animal está identificado se puede reclamar el daño a terceros.
Hay un trabajo que tenemos que hacer con los productores que es de mediano y largo plazo. Pero tenemos que hacerlo dando el primer paso, que es cumplir con las normativas vigentes.
Por supuesto que hay acciones concretas que debemos hacer. Y estamos coordinando con la Dirección de Seguridad Rural en dar apoyo al productor cuando tiene una problemática de estas.
Esto pasó en la casa de Douglas Cortela, donde la policía rural revisó cada uno de los establecimientos linderos y sacó fotos a los perros que encontró. Y así fue que los perros que atacaron a las ovejas de Cortela eran de vecinos e identificados.
Tenemos una problemática que se basa en una tenencia responsable de los animales de compañía. En Uruguay no tenemos un problema que tienen otros países, como los perros asilvestrados que viven en los montes. Esto se ocasiona a partir de una tenencia responsable, es decir, que cuando hay un perro que se va al monte es porque alguien lo abandonó, lo olvidó o lo dejó tirado.
Hay una responsabilidad personal, alguien tuvo ese error, ya sea en el pueblo, el cazador que lo dejó tirado, el vecino que iba por un camino y tiró los cachorros o el vecino del productor que no guardó a los perros en la noche y los dejó sueltos.
Foto: Nicolás Garrido / Búsqueda
—A poco de asumir, el ministro de Ganadería, Carlos Uriarte, anunció un plan de retiro de los perros sueltos en la vía pública. ¿Eso se va a hacer o no?
—Estamos trabajando en el equipo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) bajo la indicación expresa del ministro Uriarte de darle prioridad a este tema.
Hay un enfoque prioritario del animal que ataca, que es un foco que definimos, en esencia, como sanitario. Lo mismo ocurre en países de la región, porque es un animal que muerde, que lastima, que afecta a la salud pública. Para eso debe estar bajo el control de la autoridad sanitaria, que define este episodio, y luego actúan los poderes del Estado.
No solamente es un problema sanitario y productivo, sino hasta de la fauna silvestre. Un animal de estos hay que controlarlo, pero no podemos llevarlo hasta el extremo de pensar que en Uruguay estamos luchando contra jaurías descontroladas que están viviendo en los montes. Eso era en el siglo XIX, ahora no ocurre.
Lo que tenemos son focos donde debemos actuar, poblados cercanos a establecimientos productivos; como lo hicimos en Javier de Viana, donde se desarrollaron jornadas de castración el 28 y el 29 de mayo, coordinadas por la Intendencia de Artigas, la organización SOS Caninos de protección de animales y el INBA. Jornadas como las que vamos a hacer en la Colonia Agraciada, cercana a donde vive el productor Cortela.
En ese lugar consultamos a una ONG que trabaja allí, que se llama Huesitas de Nueva Palmira, donde hay más de 300 perros y donde jamás se les ofreció una jornada de castración.
Por eso decimos que vamos a hacer 100.000 castraciones por año, que vamos a colocar 250.000 microchips gratuitos, que vamos a llegar a esos lugares donde tenemos problemas y hablar sobre tenencia responsable. Eso es lo que a la larga va a generar una tenencia responsable. Salir a matar al perro da una solución puntual y en el momento, y eso el artículo 125 del Código Rural lo permite. Pero ese problema no se acaba si el vecino sigue tirando los perros, sigue teniéndolos sin identificar, sigue teniendo camadas de cachorros una atrás de la otra porque no castra las perras.
El gran problema que tenemos es el de educar a la gente en la ciudad y en la campaña en la tenencia responsable del animal. Eso es lo único que va a garantizar el descenso de la población canina, que aspiramos a lograr en un lapso de cuatro o cinco años con este ritmo sostenido de esterilizaciones y de colocaciones de microchips.
Es así como lo han hecho todos los países; no lo solucionan declarando plaga al perro. No hay ningún país que lo haya solucionado así. Los países solucionan estos problemas con políticas de tenencia responsable.
Para la Comunidad Económica Europea uno de sus primeros requisitos para sus mercados internacionales es el bienestar animal de todos los animales. Solucionar los problemas que hacen a la convivencia entre humanos y animales bajo normas éticas.
Hay que actuar coordinadamente, dotando de recursos a la policía rural, con el MGAP, definiendo estos focos sanitarios y dándoles todo el respaldo y la garantía a los productores. Pero el tema de fondo es trabajar sobre la tenencia responsable, bajo el gran concepto de que es una sola salud.
—¿Es diferente el problema de los perros en la ciudad que en el campo?
—Sí. Nosotros hoy tenemos una problemática muy grande, porque nos transmiten tanto los colegas veterinarios de la Comisión de Zoonosis como los directores departamentales en los establecimientos rurales que ya no hay un control en la cantidad de perros.
Esto es muy importante porque en una unidad productiva es un equilibrio donde hay trazabilidad del ganado, marcas y señales en los animales productivos y hay un descontrol en la cantidad de perros. Estamos hablando adentro de los establecimientos rurales.
Y en las ciudades tenemos un problema multiplicado por 10. Tenemos los accidentes producidos por mordeduras y la siniestralidad del tránsito. Hay un gran descontrol que tiene un mismo eje conductor, que es la tenencia responsable.
Lo afrontamos con estrategias diferenciales. La afectación que puede provocar un perro cuando pierde la voz de mando y se asilvestra debe ser considerado como un episodio sanitario y ante el cual hay que actuar. La ley nos habilita para eso.
Pero las generalizaciones son las que llevan a las confrontaciones y a las equivocaciones, a que fallen proyectos de largo alcance. En un lapso de tres a cuatro años precisamos descender esta relación de perros que hoy es muy alta, que es de dos personas a un perro. Y llevarla a un razonamiento de por lo menos una relación de seis personas a un perro, o lo ideal, que sería de 10 personas a un perro, como lo establece la Organización Mundial de la Salud.