—¿Qué ha recogido de las giras por el interior que realiza junto a otros técnicos de Todos?
—No hay sorpresa. El diagnóstico de la gente es: “No puedo producir. Tengo trancas para hacer lo que quiero hacer”. En definitiva, es una manifestación de que hay una carga tributaria muy alta, de que la energía eléctrica y los combustibles son muy caros, que hay problemas en la infraestructura. Y el problema de la seguridad, que impacta también en lo económico con costos adicionales. Se siente una carga que el Estado pone sobre ellos; es lo que nosotros identificamos como falta de competitividad. Esto estuvo transversalmente en todos los departamentos visitados.
Un elemento nuevo que recogimos es la falta de apoyo del Estado para las instituciones civiles que trabajan solidariamente colaborando con personas vulnerables.
En definitiva, hay un Estado que está poniendo palos en la rueda al que quiere producir, que no pide un regalo. Pide poder producir. Y también pone palos en las ruedas para aquellos que, sin tener la obligación, asumen la obligación con gusto de apoyar a los más vulnerables.
—¿Qué plantean ustedes frente a ese diagnóstico de un alto “costo país” o de falta de competitividad?
—Al final, la madre del borrego es un Estado que gasta de forma ineficiente y traslada esas ineficiencias a las familias y a las empresas. Y no digo las grandes, porque son las micro, pequeñas y medianas las que más empleo generan. El gran responsable de esta falta de competitividad es el Estado y su ineficiencia.
—En concreto, ¿qué propone hacer?
—Hay que terminar con la ineficiencia que ha tenido el gobierno a lo largo de los últimos años. Tenemos un grave problema fiscal, léase por el lado fiscal o el de la deuda con relación al Producto. Y lo que explica el déficit es el aumento del gasto, no es la falta de recaudación; en eso soy tajante porque hay que entender la causa para pensar la solución. El caso extremo fue en 2017, con ajuste fiscal mediante, cuando hubo un aumento de la recaudación de 8% real. Y el IRPF creció alrededor de 26%. El déficit no se explica porque se recaudó menos.
Sin embargo, en los últimos meses la recaudación ha empezado a bajar; ahora vamos a tener problemas. Pero hasta ahora el problema no era la recaudación sino el gasto, por lo que la solución debe venir de la mano de un Estado más responsable.
Y cuando hablamos de ineficiencias, tenemos una enormidad de casos que son los que tenemos que evitar. Casos muy grandes como el conocido de Ancap con su capitalización; el del Fondes, con todos sus proyectos y Alas-U como el más notorio; la regasificadora, con US$ 150 millones que están trancados. También tenemos casos chicos por el monto de lo que conocemos o sabemos, como los gastos en ASSE cuestionados por la Auditoría Interna de la Nación. Hay una cantidad de gasto que se hace sin control y no hay un respeto al dinero de la gente.
En uno de los cabildos abiertos una persona dijo: “Yo quiero que mis impuestos valgan la pena”. Esa frase refleja dónde estamos parados. Los recursos se pierden, se despilfarran. ¿Llegan para que haya un mejor resultado en educación? No. ¿Llegan para que haya una mejor cobertura de salud? No.
La respuesta es que hay que trabajar de otra manera y hay que ser responsables. Los ejemplos los sabemos todos y acá hay que ponerle el cascabel al gato tanto en las empresas públicas como en el gobierno central.
—¿Qué propone hacer respecto a las empresas estatales?
—Hay que cambiar la gobernanza y el funcionamiento para que den resultados mejores y que no se cargue a la población con su ineficiencia.
—¿Qué cambios en concreto? ¿Poner técnicos en lugar de directores políticos? ¿Modificar su institucionalidad? ¿Cambiar su esquema de propiedad?
—Los cambios tienen que ver con directorios preparados para la gestión de la empresa. Tiene que ver con un papel mucho más protagónico de las unidades reguladoras, como la Ursec, con recursos para poder funcionar y con autonomía. Es el Poder Ejecutivo el que tiene que definir las tarifas públicas, pero la unidad reguladora, a través de su estudio técnico, debe proponer la tarifa. Eso hoy no se está dando. La unidad reguladora debería auditar las cuentas de las empresas públicas y tener acceso a todo tipo de información, y eso hoy no lo vemos.
Antes de hablar de cambios en la propiedad de las empresas hay mucho que se puede hacer. Hasta el momento no tenemos un lineamiento en ese sentido. Lo que queremos son empresas públicas funcionando eficientemente.
—Insiste en el concepto de la eficiencia…
—Es que si no somos responsables en cómo gastamos, las políticas en educación, en salud, no serán sostenibles. Las miradas deben ser a largo plazo. Por eso hemos insistido tanto en la idea de que la sostenibilidad de las políticas sociales está dada por la sostenibilidad de las cuentas públicas; queremos una regla fiscal para que las políticas sociales sean sostenibles, no para mirar un lindo número que nos deje contentos.
—El gobierno asegura que ya hay regla fiscal desde que una ley limita el aumento del endeudamiento público.
—No hay una regla fiscal. Lo dice cualquier analista que entienda de reglas fiscales.
—Que ya existe una regla lo sostiene el ministro de Economía.
—Lo que hay es una ley de tope de endeudamiento que no es una regla fiscal. ¿Por qué no lo es? Porque no ha logrado limitar el comportamiento del gasto. Punto. Se proyecta un déficit fiscal y sistemáticamente se obtiene un resultado peor. ¿Cuál es la contracara? Se da un aumento de deuda neta y se vota un nuevo aumento del tope porque el gobierno tiene mayorías parlamentarias. ¡Es lo que se está votando en este momento en la Rendición de Cuentas, con el tercer número de aumento del tope para 2018! ¿Puede ser eso una regla fiscal?
Es necesaria una regla fiscal que restrinja la conducta del Estado.
—¿Qué diseño tendría una regla de este tipo si Lacalle Pou fuera presidente?
—Es importante definir la cobertura que tendría. ¿Vamos a considerar solo al gobierno o también a las empresas públicas y al Banco Central?
También, qué variable se define para monitorear esa regla fiscal: ¿va a ser el gasto, la deuda o el resultado fiscal? Y esa variable, ¿la vamos a corregir con respecto al ciclo económico?
Los grandes lineamientos de nuestra propuesta es que tiene que haber una regla que se refiera al resultado que tenga en cuenta el ciclo económico. Es la manera de asegurarse de que haya una política fiscal contracíclica: que cuando haya más recaudación se ahorre, y cuando baje la recaudación se pueda seguir gastando y continuar con las políticas sociales. La bondad de la regla fiscal es el orden y evitar cortar las políticas.
—Lacalle Pou propuso al gobierno que en el diseño de esta regla participen técnicos de varios partidos. ¿Insistiría con eso si fuera presidente?
—El presidente Vázquez no tomó nota de la propuesta, que era convocar a un grupo técnico donde estén representados todos los partidos para trabajar en el diseño de esa regla. Nosotros estamos trabajando porque nos parece fundamental, independientemente de quién esté en el gobierno. También es fundamental que haya apoyo político: si esto se resuelve entre un grupito de técnicos encerrados no va a ser exitoso. Lo que importa es que exista un compromiso de las fuerzas políticas en torno a una conducta fiscal responsable, que no se haga trampa, lo que daría la credibilidad que hoy no hay.
—Antes habló de un grave problema fiscal y ahora de falta de credibilidad. El gobierno del Frente Amplio discrepa con eso y señala que los mercados siguen prestándole dinero cuando emite deuda, y que Uruguay sigue calificado como investment grade. ¿Están equivocados los inversores y las calificadoras de riesgo?
—El ministro Astori repite que está preocupado por la sostenibilidad de las finanzas públicas. Esa preocupación no se traduce en los hechos, por cómo ha evolucionado el déficit y por las proyecciones que hace hacia delante.
—¿No le cierran los números que proyecta al equipo económico?
—Si la trayectoria de la deuda termina siendo lo que dice el gobierno, aun así no hay sostenibilidad fiscal. No hay un análisis de sostenibilidad fiscal; si uno mira, la deuda aumenta y termina siendo más alta que la proyectada. Tenemos lecturas distintas, como las teníamos en 2014 cuando hablamos de luces amarillas en la situación fiscal.
Respecto a la calificación, Uruguay está en el borde del parámetro de la escala “BBB”. Eso quiere decir que si no hay una mejora fiscal, se queda afuera de esa categoría. Dicho de manera sencilla: es el peor de la clase en materia fiscal.
—¿Es parte de la “herencia” para el próximo gobierno —como han dicho algunos analistas y asesores de la oposición— que deba tomar un país sin investment grade? ¿Qué tan alto es ese riesgo?
—Puede ser parte de la herencia. Y si no se da ahora, es una amenaza. Hoy la nota está apoyada en una institucionalidad muy fuerte, elemento muy positivo que Uruguay tuvo toda la vida. La parte fiscal no está siendo sólida.
—¿Una Rendición de Cuentas responsable hubiera sido una sin aumento del gasto?
—Hubiera sido mirar en dónde se podían generar ahorros. Porque, de vuelta, se proponen incrementos de gastos y se busca el financiamiento con la expectativa de mayor recaudación o utilidades del Banco República. El año pasado fue la misma lógica; hablé de “cálculos de servilleta” y no gustó cuando señalé que se financiaba el gasto con más impuestos, como la tasa consular o a los juegos de azar.
—Si un eventual gobierno de Lacalle Pou logra ser eficiente con el gasto, como plantea, ¿se podrían bajar impuestos o tarifas?
—No es el enfoque que estamos teniendo. Hay que ver cómo se traduce la mayor eficiencia sobre la población: tenemos impuestos y tarifas públicas altos, y una serie de elementos…habrá que ir eligiendo las prioridades.
—Algunos dirigentes blancos han señalado que se podría bajar impuestos…
—Hoy no estamos en condiciones de decir cómo se va a aprovechar esa mayor eficiencia.
—El actual gobierno también dice que busca ser eficiente, que está habiendo más control sobre los entes, que han adoptado compromisos de gestión y un presupuesto por áreas programáticas. Parece fácil decirlo.
—A las pruebas me remito: veamos los números. Los invito a mirar los programas con los indicadores, muchos de los cuales no tienen mucho sentido.
Como decirse, se dice mucha cosa.
—¿El arbitraje millonario contra el Estado que lleva adelante la minera Aratirí lo asumen como una preocupación para el próximo gobierno?
—Es un riesgo adicional a incorporar.
—La inflación volvió a quedar por encima de 8% anual. ¿Cómo la atacaría si fuera ministra?
—El descenso de la inflación hace algunos meses se debió a la baja del tipo de cambio, pero ahora que el tipo de cambio empieza a recuperarse de vuelta está por fuera del rango. Hasta que no haya una política fiscal diferente no habrá una inflación dentro del rango meta. Insisto: la madre del borrego es la cuestión fiscal.
—En los meses recientes ha habido un deterioro del nivel de empleo. ¿Le preocupa eso?
—El gran fracaso de la política económica del Frente Amplio se ve en el mercado laboral.
Desde 2014 hasta ahora se perdieron más de 50.000 puestos de trabajo. Entre los jóvenes, el desempleo está por el 25%. Y si la misma gente que buscaba trabajo en 2014 siguiera haciéndolo —es decir, que la tasa de actividad fuera la misma— hoy el desempleo rondaría el 12%. Todo esto demuestra el gran fracaso de la política económica del Frente Amplio.
¿Por qué esto? De vuelta el tema de la competitividad. Tenemos un Estado ineficiente y que les tira a las empresas una mochila llena de piedras. No se despide personal porque se quiere. ¡Es que no dan los números! Te pongo estos impuestos, te pongo estas tarifas, te pongo estas rutas en mal Estado… en esta destrucción de empleo hay una gran responsabilidad del gobierno.
Si yo fuera el presidente del PIT-CNT le pediría al gobierno: “Bajen estos costos porque eso es lo que nos está jorobando”. Claramente veo un Estado que no es responsable y que carga con esos costos a las empresas.
Y si no hacemos cambios en la conducta del gobierno en lo estructural, no habrá mejores resultados. Hay paquetes de medidas para determinados sectores que son aire que se necesita; pero son paliativos. Hay que ir a los problemas de fondo en la competitividad. Si no, lo que tenemos es una economía con una cantidad de distorsiones que se busca solucionar con más distorsiones, en vez de resolver el tema estructural. ¿Es tan fácil? No. Pero no se empieza nunca.
—Usted responsabiliza a la política económica actual el deterioro del empleo. ¿No se explica también en que hoy es otro el momento del ciclo económico? Porque hace dos años, con la misma política, la tasa de empleo había llegado a máximos históricos…
—Si la competitividad del país fuera otra, hoy los resultados del mercado laboral también serían otros. Es lo que escuchamos en la gira: “Tuve que despedir porque pago más agua en el comercio que en mi casa, donde somos cinco”. Entonces sí, la respuesta es que el problema está en la falta de competitividad del país. Sin dudas.
También es preocupante que hace tres años viene cayendo la inversión. ¿Por qué la gente no invierte? ¿Por qué ahora está haragana? ¡No! No hay inversión porque no dan los números. Hay un problema de competitividad y el Estado es responsable. Lo discuto con todos los números.
En las giras nadie pide regalos, piden que losdejen producir, que les saquen el palo de la rueda. Lo positivo es que la gente quiere salir adelante.
—En pocas palabras, ¿cómo define la política económica que propone Lacalle Pou?
—En una: responsable.
Economía
2018-08-23T00:00:00
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