Hay “urgencia ambiental” y los gobiernos deben “hacer cumplir” las leyes antes de seguir legislando, advierte especialista francés

En su presentación, la decana de la Facultad de Derecho, Cristina Mangarelli, señaló que el tema es “cada vez más importante” en todo el mundo y que si no se cuida el ambiente “no tendremos dónde habitar”. En este sentido, dijo que la facultad tiene la tarea de formar a las generaciones nuevas de juristas en una materia que está en “permanente evolución”.

En conversación con Búsqueda, el académico señaló que los gobiernos tienen un “déficit de implementación” y que el principal desafío es lograr la “efectividad” de las normas ambientales que ya fueron sancionadas en lugar de seguir legislando en la materia.

“Hay que hacer cumplir las leyes. Hacer todos los años una nueva ley no resuelve los problemas y parece ser más una manera de los gobiernos de mostrar como que hacen alguna cosa”, reflexionó.

Consideró que hay una “urgencia ambiental” y profundizó las críticas al sistema político por actuar después de que ocurren los hechos. “Generalmente toman decisiones después de una catástrofe y no se dan cuenta de que hay daños cotidianos que son igual de importantes”, agregó.

En la conferencia, Prieur mencionó que jerarquizar el ambiente genera un conflicto, principalmente con el sector industrial debido a la revisión de los procesos de producción y la implementación de sanciones por incumplimientos. Esos dolores de parto, explicó, deben abordarse de forma “transversal” por los gobiernos a partir de una coordinación en las acciones.

Para el investigador, hay que “combinar” soluciones que contemplen este conflicto “entre los intereses económicos a corto plazo” de las industrias y la “visión ambiental a largo plazo”.

En este sentido, destacó como importante la fiscalización tanto a nivel nacional como local, y que no quede en manos de las propias empresas. “El problema es el control de la actividad y la responsabilidad de la fiscalización es de la administración. No estoy de acuerdo con el autocontrol, como ocurre en algunos países, donde las empresas se controlan a ellas mismas. Eso no es bueno. Se necesita el control exterior”, afirmó.

Más educación

Prieur pidió concentrar los esfuerzos en la educación ambiental por encima de la búsqueda de sanciones penales, a las cuales consideró incorrectas por no solucionar el problema de fondo.

“El desafío es mejorar el ambiente, y el derecho penal ambiental no es el instrumento para lograrlo, porque no lo soluciona. La forma es la educación”, agregó.

Para fundamentar su posición, mencionó casos extremos registrados en África, donde hay ciudadanos que pueden llegar a ser sancionados con pena de muerte por incumplimientos ambientales. “No se aplican jamás y la pena de muerte no va a mejorar el ambiente. Poner a una persona en prisión tampoco lo va a mejorar. El tema es mejorar el ambiente”, repitió golpeando la mesa con el puño.

Aunque lo penal no es la solución, abogó por la formación de juristas que incorporen la perspectiva ambiental en sus consideraciones para que funcione como contrapeso de las decisiones políticas, a partir del ejemplo positivo registrado en Brasil a fines de abril. Por mayoría de los 11 integrantes y basándose en el principio de preservación ambiental, la Corte Suprema revocó al gobierno de Jair Bolsonaro una serie de decretos que dejaban sin control civil las modificaciones a la Amazonia. En este país, “el derecho ambiental es fuerte porque hay jueces con formación y sensibilidad”, subrayó.

Prieur profundizó acerca de los mecanismos existentes para regular las asimetrías y se refirió a la implementación de impuestos y la responsabilidad extendida de los productores, es decir que paguen quienes generan residuos o contaminación. Para el académico, cualquiera de las dos medidas son efectivas dependiendo del contexto. “Hay que utilizar todos los recursos posibles. Ambos pueden formar parte de una política ambiental porque son instrumentos válidos”, dijo.

A su vez, la incipiente importancia del ambiente ha provocado el desarrollo de varias líneas de negocios, que van desde la certificación de emisiones, los sellos de producción hasta el greenwashing, un tema que provoca polémica debido a la extendida consideración de que no deja de ser un engaño a los consumidores.

Prieur, a pesar de su militancia ambiental, se mostró a favor del greenwashing por considerar que permite “educar a los consumidores” más allá de las empresas.

“Con el greenwashing hacen acción ambiental en favor del ambiente a través de los elementos de producción y la calidad de lo que venden. Poco a poco tiene un impacto porque plantea la necesidad de vender productos que son ecológicos”, evaluó.