Cada dos años se produjo un megaoperativo y únicamente en 1983 no se registró ningún caso de muerte o desaparición forzada, según el libro El Partido Comunista bajo la dictadura. Resistencia, represión y exilio (1973-1985), de Álvaro Rico (coordinador), que se presenta el 7 de noviembre en la Feria del Libro y al que accedió Búsqueda.
El resumen de esta larga investigación realizada por Rico con la colaboración de los historiadores Gabriel Bucheli, Magdalena Figueredo, Carla Larrobla, Mauricio Bruno y Vanesa Sanguinetti tiene 992 páginas y fue editado por Fin de Siglo con el respaldo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica y la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, luego de un proceso que llevó más de una década y en el que el exdecano tuvo que enfrentar la crítica de algunos colegas debido al acceso privilegiado a ciertos documentos.
Entre revolución y democracia
Además de la enumeración fáctica, la investigación analiza, por ejemplo, la difícil compatibilidad entre un partido legal que participa en elecciones desde su fundación y a su vez adopta como definición llegar al socialismo mediante una revolución armada como la “vía más probable”, siguiendo la concepción de Lenin.
Esa tensión teórica fue reconocida en libros y artículos por el ex primer secretario del PCU, Rodney Arismendi, ya antes de la dictadura y puesta dramáticamente a prueba cuando el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) de la División de Ejército I “descubrió” la existencia del aparato armado del Partido.
“Los comunistas uruguayos proyectaron sus elaboraciones y definiciones teóricas hacia el continente latinoamericano definiéndolo como un ‘continente en revolución’, en el que el problema del poder se planteaba como una cuestión concreta y en el orden del día de los pueblos luego del triunfo de la Revolución cubana”, afirman los autores.
También destacan que “en sus definiciones, consideraban que la vía armada era la más probable para dirimir la contradicción histórica entre el capitalismo y el socialismo, una alternativa para la que debían prepararse con antelación y discreción”.
El reservado adiestramiento militar fue realizado desde comienzos de la década de 1960 de forma artesanal y tuvo cierto desarrollo desde 1971.
Los investigadores concluyen que “siendo un fuerte crítico de las posiciones militaristas, foquistas o guerrilleristas de la izquierda armada en la época, la historia reciente de los comunistas plantea igualmente un tema central: (…) la coexistencia dentro del sistema democrático-republicano de gobierno de un partido político legal y público que, al mismo tiempo, consideraba que la vía violenta de aproximación al poder era la más probable en la realidad continental”.
Como confirmación en la praxis de esa formulación teórica, un grupo de militantes del partido encabezados por uno de los jefes del aparato armado, Raúl Rezzano, se entrenaron en Cuba para apoyar la campaña boliviana de Ernesto Che Guevara. Sin embargo, la muerte del Che, herido en combate, hizo inviable la experiencia guerrillera de los uruguayos, que meses después regresaron al país.
No existe certeza desde cuándo los servicios de inteligencia estatales tuvieron noticias del aparato armado. En octubre de 1973, un mes antes de la ilegalización del PCU, la inteligencia policial advertía a la Justicia militar sobre la existencia de cuatro grupos principales de un “aparato armado”.
Sin embargo, los investigadores consideran probable que Inteligencia militar tuviera un topo desde antes: el jefe de la logística Álvaro Coirolo, un hombre de confianza de Arismendi que no fue procesado.
Cuadros militares del PCU intervinieron desde julio de 1979 en Nicaragua. Para entonces, la dictadura uruguaya tenía presos a la mayoría de los integrantes del aparato y requisado una buena parte de las armas que los comunistas habían almacenado en barrios obreros de la zona oeste de Montevideo y que nunca fueron usadas en el país.
Desde Cuba y pasando por Panamá y Costa Rica, días antes de la caída de Anastasio Somoza llegó al frente de guerra un grupo de 47 militantes del MLN-Tupamaros a los que se sumaron, según el libro, tres comunistas: Héctor e Iván Altesor y Manuel Escudero, que habían recibido formación en la Escuela Militar Frunze, en la Unión Soviética, y en la academia general Máximo Gómez, al este de La Habana.
Héctor, al que llamaban Meme, cayó bajo fuego de la Guardia Nacional de Somoza el 16 de julio, tres días antes de la toma de Managua por los sandinistas. Poco después se incorporaron otros cinco combatientes del partido: Washington Castillo, Gastón Ibarburu, Juan José Montano, Pablo Barroso y Sergio Melo.
“La única mujer integrante de este contingente fue Cecilia Fernández, militante de la UJC-Sector Universitario, estudiante de la Facultad de Derecho, quien cumplió tareas administrativas dentro del ejército sandinista”, aunque luego se sumaron, en tareas civiles, Isabel Rubo, que llegó con su esposo Hugo Licandro y la historiadora Ana Buriano, compañera de Iván Altesor.
Luis Alpuin, que había arribado desde Cuba en 1983, como mecánico, murió al volcar el jeep en que viajaba, en Matagalpa, cuando estaban recuperando equipos de guerra; mientras Marcos Conteris, llegado de Venezuela con el aval del MLN-T, cayó luchando frente a la contra, en agosto de 1985.
Adaptación a la clandestinidad
La investigación dirigida por Rico hace también un detallado recuento de las actividades llevadas a cabo por los comunistas entre 1973 y 1985, tanto dentro del país como en el exterior y analiza las dificultades que tuvo un partido con vida legal durante más de 50 años para adaptarse a la clandestinidad.
“Todo indica que la dirección nacional del PCU no preveía una reacción represiva conducida por los militares tan masiva, coordinada y violenta como la desatada desde octubre de 1975, por lo que el ‘factor sorpresa’ debió jugar un papel relevante, a pesar de la información que el Comité Central del Partido obtenía del interior del Ejército por la llamada ‘cuarta dirección’ (hacia las Fuerzas Armadas y policiales)”, sostiene la investigación a partir de entrevistas y archivos consultados, que fueron militares, policiales y partidarios.
Un ejemplo de esta dificultad fue la propia caída de Arismendi, luego expulsado del país por gestiones de la embajada soviética.
El relato del exdirigente Jaime Pérez da cuenta de la “ingenuidad” que dominaba en 1974: “El que está esperando en una esquina determinada, nota que hay un despliegue. Lo agarran, van primero al laboratorio de este compañero, y luego van a su casa. Ahí se encuentran con Arismendi, que era lo que menos pensaban, montan una ratonera. Van llegando luego otros contactos, que entran sin tener en cuenta las reglas esenciales de la conspiración, las más elementales. (…) Cae una magnífica compañera, van a la casa y el marido de ella está (…) sentado cómodamente con el fichero del partido, trabajando como si estuviera en la legalidad más absoluta. La verdad sea dicha: estar manejando el fichero en esa situación era una cosa increíble, cuando habíamos ordenado que se enterrara”.
José Pacella, un dirigente de la Unión de la Juventud Comunista (UJC) que luego quedó a cargo de todo el partido cuando fueron cayendo los demás, declaró al entrevistador: “Nosotros sí pensábamos que venía dura, pero no imaginábamos los niveles de la dureza…”.
La investigación llegó a la conclusión de que recién cuando asumió la dirección León Lev, en 1976, fueron aplicadas estrictas normas de compartimentación y seguridad que permitieron al partido sobrevivir, a veces de forma muy débil, a las redadas militares y policiales.
Hasta ese momento había una apreciación demasiado optimista. “Se entendía (…) —sostienen los autores— que los elementos más reaccionarios del régimen (o abiertamente fascistas) no constituían aún la fuerza decisiva en la orientación del gobierno de facto; por tanto, se trataba de una lucha o puja interna no resuelta todavía”.
El libro analiza muchos documentos internos producidos por las agencias estatales. Uno de ellos sostiene que “el P.C. continúa su accionar en procura de la conquista del Poder, lógicamente no es posible pensar que los medios que utilizará para ello, en un plazo más o menos inmediato, sea el uso de las armas u otros medios violentos de esta naturaleza (…) (su) Revolución no debe medirse en años sino en intensidad y que cuentan principalmente con la profunda convicción ideológica de sus integrantes, quienes no se consideran derrotados ni aún en los lugares de reclusión, donde continúan su militancia, transmitiendo información y hasta organizándose pese a las medidas de seguridad física adoptadas”.
Al finalizar la dictadura, según esta investigación, “la vía armada como ‘la más probable’ dejaba su lugar al objetivo inmediato de reconquistar, consolidar y avanzar en democracia” y, según Arismendi, “desde el punto de vista revolucionario, retrocedimos”, pero “nos hace ver la importancia de la lucha por la democracia, por las libertades, (…) la perspectiva concreta de la revolución democrática, antiimperialista, radical con su proceso hacia el socialismo; lo que no quiere decir que deje de ser una perspectiva histórica”.
Pichón, con la moto siempre presta
