Hoy “nadie sabe” qué hace un funcionario y gran parte del Estado es un “territorio clientelar” con altos jerarcas designados “a dedo”

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Nº 2088 - 9 al 15 de Setiembre de 2020

escribe Ismael Grau

Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), cree que ahora no solo es política e institucionalmente factible empezar a cambiar la forma en que se gestiona dentro del Estado, sino que también es oportuno. “Cuando el dinero venía fácilmente era posible no tener una productividad muy alta, incorporando más gente, más funciones. En general esto pasó en los períodos del Frente Amplio, quizás no de igual manera en todos los ámbitos. Hoy, lamentablemente, no se está en la misma situación y es necesario maximizar la gestión y el buen uso de los dineros públicos. No nos podemos dar el lujo de no ser eficientes y productivos”, declaró a Búsqueda.

Algunos de los cambios que el gobierno de la coalición pentapartidaria quiere ejecutar están propuestos bajo el título Funcionarios —los artículos del 8 al 34— en el proyecto de ley de Presupuesto enviado al Parlamento la semana pasada. Entre otras cosas, fija plazo (18 meses) para que los ministerios y otras reparticiones propongan reestructuras internas —organizativas y de puestos de trabajo— y crea un régimen para prescindir o redistribuir funcionarios o contratados; seguirán cobrando el sueldo sin trabajar, pero si en un año no son reabsorbidos por otro organismo que los precise pasarán a retiro o tendrán que capacitarse para trabajar donde se le indique. Además, entre otras cosas, hace menos benévolo —e injusto con los trabajadores cumplidores— el régimen de certificación médica.

Es una reforma en el Estado planteada de manera discreta, porque gobiernos anteriores se quedaron en promesas. Y porque el anuncio de cambios, naturalmente, pone a los gremios en las cuchillas, explicó a Búsqueda un jerarca ministerial. En esa sintonía, Ramos la describe como “una transformación importante pero gradual” que, de hecho, incorpora algunas ideas que quiso y no pudo concretar cuando fue subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), entre 2007 y 2010, y el entonces presidente Tabaré Vázquez decía que se haría la “madre de todas las reformas”.

Sobre la “oportunidad política” actual para promover este tipo de cambios, el jerarca sostiene que hoy existe una “fuerte coordinación” entre la ONSC, la OPP y el Ministerio de Economía, además de un presidente “joven”, “presente”, con “fuerte liderazgo” y “permeable e interesado por estos temas”.

“No es nuevo mi diagnóstico sobre el Estado uruguayo: se han hecho transformaciones importantes, áreas que se han fortalecido institucionalmente. No se tiene un complejo refundacional en esto”, reconoce. Lo que, según Ramos, hay que hacer —y en parte está planteado en el Presupuesto— son las reestructuras, junto con “una planificación estratégica, un rediseño de procesos, definición de perfiles de los cargos públicos y de los funcionarios que los ocupan muy alineados con las tareas estratégicas de cada inciso. Que los incisos no se distraigan en querer hacer todo y no cumplir con su cometido central. Es fortalecer capacidades estatales que hoy no están del todo ordenadas. Hay que tener un ojo muy puesto en el costo-beneficio y en el impacto de las acciones, porque enfrentamos una restricción fiscal muy importante”.

Son cambios en dos niveles, complementarios. Primero se definirán los perfiles de los funcionarios y la cantidad de puestos necesarios, y luego se creará una carrera administrativa “de nuevo cuño” basada en esas ocupaciones. “¿Hoy dónde estamos? En un sistema donde nadie sabe qué hace un funcionario; que está clasificado con un escalafón equis porque tiene un título que lo avala; dentro de una función pública que no permite concursar de un lugar para otro; y donde a los cargos jerárquicos no se accede por concurso”, describe el jerarca.

Ocupaciones

Con el apoyo de un experto contratado a partir de una cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo, se están capacitando equipos en la ONSC para “salir a los ministerios y, junto con los funcionarios, identificar qué hacen” y “a qué ocupación corresponde” cada tarea. Serán unas 300 “familias de ocupaciones” en la administración central, que contendrán otras asociadas a las especificidades de los puestos. Con esto se cambia el “concepto del escalafón” previsto en la Constitución de la República: “Si digo escalafón Profesional no se sabe lo que hace hoy el funcionario. Para determinada ocupación, podrán convivir profesionales y no profesionales si tienen el expertise” para la tarea, explica Ramos, un politólogo especializado en gestión pública. Por ahora se está avanzando a modo de “piloto” en el Ministerio de Industria, y se seguirá en Desarrollo Social y en la novel cartera de Ambiente.

Después se pasará a la etapa de asignarle un valor a las ocupaciones según determinados parámetros de complejidad de la tarea, responsabilidad, escasez en el mercado, etcétera, para finalmente asignarles un salario. “Hoy no estoy explicando por qué un administrativo en un ministerio cobra $ 100.000, en otro $ 70.000 y en otro $ 50.000. Nadie entiende por qué pasa eso. Pasa porque hoy hay un sistema irracional de compensaciones que se ha ido acumulando de manera aluvional, haciendo que el salario de una persona no depende de lo que hace sino del lugar donde trabaja y las compensaciones corporativas que fue logrando en ese lugar, sean justas o injustas. Esto rompe completamente con el concepto de a igual función, igual remuneración, y hace que las respectivas jurídicas de los organismos digan: ‘Se prohíbe el pasaje de un funcionario de un organismo a otro, salvo que lo pidan en comisión de algún lado’”.

El ritual de evaluar

Según dice, sin que estén claras qué tareas hacen exactamente los funcionarios públicos, hoy las evaluaciones “son rituales”.

“Cuando yo no tengo definidos adecuadamente mis productos, mis procesos de trabajo, los perfiles de las personas, sus competencias y tareas ¿cómo hago para evaluar? La gestión por resultados tiene que estar cruzada con la evaluación de competencias más soft: si es buen jefe de equipo, si tiene proactividad. Esto medido con el resultado de su propia unidad. Si no se trabaja en las dos cosas en paralelo, es muy difícil evaluar competencias. Esta línea es un poco el Santo Grial. Tampoco hay que hacer promesas en el aire; será un proceso gradual”.

En torno a planificación estratégica, con la OPP se buscará fijarles a los distintos organismos “muy pocas metas y resultados intermedios medibles” que se asocien a esos objetivos.

Para el jerarca, hoy las evaluaciones tampoco son un eventual trampolín que motive a los funcionarios. “No hay carrera administrativa. Salvo en la DGI, prácticamente no hay cargos jerárquicos a los que concursar, ya que en la administración central son todos designados a dedo. Además, hice un relevamiento en las gerencias de las empresas públicas y arriba del 60% no son concursadas; en algunos lugares no se concursa en el 80%. Y en los servicios descentralizados otro tanto. ASSE no tiene un sistema de puestos de trabajo y de cargos, por lo que no hay carrera, exceptuando aquel incipiente concurso de directores de hospital. ASSE es un territorio clientelar, sin estructura de carrera por concurso”, pero, según dijo, con su presidente, Leonardo Cipriani, están alineados en la intención de cambiar eso.

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2020-09-09T18:00:00