INAU estudia descargos de Carpei a informe que sugería rescindir su contrato y evalúa eventuales reubicaciones de adolescentes

Desde el INAU entienden que la empresa está construyendo la tesis de que hay una “conspiración pública” en su contra, para concretar una futura demanda comercial o por daños y perjuicios, debido a las consecuencias económicas.

En ese momento, se citaban 18 denuncias recibidas sobre vulneraciones ocurridas en Carpei, que luego ascendieron a 24.

Al respecto, Trelles indicó que “todas fueron investigadas” por ellos o la Justicia y “fueron archivadas sistemáticamente”. El director del centro de salud mental para menores reconoció la veracidad de una denuncia, contra lo que consideró una “infeliz maniobra” de contención física de una enfermera que terminó con la fractura de un hombro de una adolescente. El psiquiatra aseguró que fue “la única que se comprobó” y que la trabajadora fue suspendida durante 10 días. Sobre el resto de los planteos, dijo estar “seguro” de que hubo “denuncias falsas” realizadas a través de la Línea Azul del INAU, que las recibe de forma anónima.

“Si esto hubiese sido como lo describe la Inddhh, yo tendría que estar preso”, afirmó.

Con base en el informe de la Inddhh, se pronunció Jurídica del INAU el 16 de febrero, según informó TV Ciudad y confirmó a Búsqueda la directora del INAU en representación del Frente Amplio, Natalia Argenzio.

El informe tiene cuatro pilares que sustentan que INAU debería rescindir el contrato con Carpei. Uno de ellos refiere a que se haya autorizado el cambio de la planta edilicia, es decir, el local donde se iba a concretar el centro, luego de la apertura de las ofertas de la licitación y antes de la firma del contrato.

Luego, cuestiona la coexistencia en un mismo proyecto de dos dispositivos distintos, porque se atendían adolescentes con trastornos mentales compensados y también los episodios agudos. Esta posibilidad, según señalan desde el Departamento de Jurídica, no estaba establecida en el pliego donde se definieron las bases de las licitaciones en 2019, por lo que el organismo no debió haber adjudicado y firmado el contrato en esas condiciones.

Por otro lado, en relación con los recursos humanos de Carpei, se cuestiona que en un inicio hubo incumplimientos en la conformación de los equipos técnicos porque no se incorporaron las personas con los perfiles indicados y tampoco se realizaron las capacitaciones correspondientes.

Respecto a las denuncias de vulneración de los derechos de los usuarios del centro realizadas por la Inddhh, si bien desde el INAU consideraron que el informe no se detiene a analizarlas, Jurídica plantea que Carpei “naturaliza” algunas situaciones y que la mayoría fueron archivadas, salvo una causa judicial.

En las conclusiones se establece que dos situaciones pueden justificar la finalización del contrato por parte de la administración: en caso de que el adjudicatario incurra en tres incumplimientos sucesivos o en uno de suma gravedad. En ese sentido, el informe de Jurídica del INAU plantea que la reiteración de faltas habilitaría a terminarlo.

Según indicó Trelles, la respuesta de Carpei establece que el informe de Jurídica tiene “gruesos errores conceptuales” y que la “única falta grave” que cometieron la pagaron con una multa y la sanción de la funcionaria. “El Programa de Intervenciones Especializadas del INAU consideró que no corría riesgo la integridad psíquica y física de la adolescente, que permaneció varios meses y se fue”, dijo.

Luego de analizar el documento, Jurídica emitirá un informe que será estudiado por el Directorio del INAU. Consultado por Búsqueda, el presidente del organismo, Pablo Abdala, aseguró que analizarán “con total objetividad y con todos los elementos arriba de la mesa” el nuevo informe de Jurídica, que tiene un “peso fundamental”, para tomar una definición al respecto. Agregó que el escenario de la rescisión del contrato tiene una “probabilidad importante”, pero todavía no está definido. En tanto, aseguró que mientras tanto hay una supervisión y un monitoreo continuo de la situación.

“Vamos a darnos el tiempo necesario, porque hoy no hay una situación de riesgo inminente o de emergencia en términos de una violación sistemática de los derechos humanos en Carpei”, afirmó Abdala, que destacó “adecuaciones” de la empresa a los cambios solicitados. No obstante, dijo que el último informe introdujo fundamentos jurídicos para pedir que se termine con el contrato, que es lo que se analizará.

Al respecto, Argenzio cuestionó la negativa del directorio a su propuesta de aplicar una medida cautelar urgente para los 24 menores que continúan viviendo en el centro. En un escrito que presentó el jueves 9 de marzo en el directorio solicitó que fueran trasladados.

La directora del INAU cuestionó la “dilación” de los “tiempos administrativos” y que “preocupe” más a la mayoría del directorio el contrato con la empresa que “el bien jurídico de proteger a los niños frente a esta situación gravísima”.

Abdala indicó que desde el organismo analizan la eventual reubicación de los adolescentes y de los trabajadores, que se podría dar frente a una rescisión del contrato con Carpei.

Según relató el director del Carpei, el miércoles 15 se reunieron más de 35 personas —entre trabajadores y técnicos del centro— y definieron de forma unánime consultar en las próximas horas al abogado para analizar la posibilidad de denunciar por difamación e injurias a Argenzio y a la senadora frenteamplista Silvia Nane, quienes han encabezado los reclamos de rescisión de contrato con Carpei desde el Directorio del INAU y el Parlamento, respectivamente.