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La falta de una regulación uniforme y coherente que establezca controles sanitarios y de calidad “más eficientes” es un problema “estructural” que se arrastra hace muchos años en la importación de alimentos. Pero ahora, en un momento en que los precios internacionales de los commodities están en alza y eso deja menos espacio para absorber demoras, la duplicación de procedimientos y altos costos en la estructura operativa de las empresas, la vieja problemática resurge. Y, con ello, otras alternativas para resolverla.
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“Los controles que se aplican sobre los alimentos importados agregan costos en la cadena de valor y en los precios” de los productos, dijo a Búsqueda el vocero de la Asociación de Importadores y Mayoristas de Almacén (AIMA), Martín Montoro, un abogado que integra el estudio Jiménez de Aréchaga. Aseguró que el “aspecto más complicado” del actual sistema de control es la ausencia de una “debida regulación”.
“Debería pensarse en tener algún tipo de agencia reguladora de los alimentos que realice los controles y garantice imparcialidad e independencia”, señaló. Esa es una alternativa que se ha comentado entre los socios de la AIMA, aunque no se propuso explícitamente a las autoridades del actual gobierno.
Según Montoro, una agencia reguladora como la que promueven podría contribuir a “aggiornar el esquema de controles” y “garantizaría que no haya duplicación de procedimientos, que se coordine entre los distintos organismos que tienen competencia en las distintas materias, que vele por que los costos sean razonables a la luz de los servicios que se realizan”.
El rol del Latu
La AIMA cuestiona la competencia que tiene actualmente el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu) en la inspección sanitaria (de inocuidad alimentaria o no aptitud para el consumo) de los alimentos importados. Eso, sostiene la gremial, porque en la administración del Latu no participa ningún delegado del Ministerio de Salud Pública, sino que su directiva está integrada por un delegado del Ministerio de Industria, otro del Banco República y otro de la Cámara de Industrias. Esa integración, además, no ofrece “plena independencia” por la presencia de un representante del sector industrial, que compite con los importadores, afirmó Montoro. “Independientemente de los criterios técnicos que luego pueda aplicar el Latu y sus funciones, quizás no se da la debida garantía de imparcialidad del sistema” de control, alegó el abogado.
La gremial también plantea que se elimine el gravamen que cobra el Latu por la inspección de las partidas de productos alimenticios (de 1,5% sobre el valor CIF), en el entendido de que es un costo que solo recae sobre los productos importados, ya que “no existe una inspección sanitaria similar” para los alimentos de elaboración nacional.
Montoro explicó que tras la inspección el Latu emite un certificado de comercialización para cada alimento importado, aunque no todos hayan sido efectivamente analizados. Además, el organismo no entrega el resultado de los análisis, por lo que no es posible verificar que el servicio por el que cobra se haya cumplido fehacientemente.
Asimismo, el procedimiento causa problemas “operativos” porque las empresas tienen que tramitar la inspección para todos los productos lo cual genera demoras, según el vocero de la AIMA.
Otros problemas
Montoro también aludió a otra serie de problemas “estructurales” que los importadores enfrentan, que cargan sobre los costos de sus empresas y se trasladan al precio final de los productos. Entre ellos, mencionó los registros bromatológicos que se realizan ante las intendencias cuya aprobación, aseguró, demora entre cuatro y ocho meses.
Aludió al costo —según él— desproporcionado por el tipo de control que se realiza, que es documental. En el caso de las intendencias es de cinco unidades reajustables ($ 6.675) y en el Ministerio de Salud Pública de 20 ($ 22.700), por el registro de cada producto. Ese registro es válido por cinco años y luego de ese plazo se debe abonar y tramitar nuevamente.
Luego del registro, la mercadería se importa, y es cuando el Latu realiza la inspección y emite la habilitación de comercialización. Ese trámite demora unos 12 días.
Una vez en la góndola o el punto de venta, las intendencias vuelven a inspeccionar el producto.
Montoro dijo que varios socios de la AIMA señalaron que en pandemia estos procedimientos se enlentecieron, lo que generó “distorsión” en las empresas.
Otro costo que pesa sobre el precio de los alimentos importados se relaciona con los recargos a la importación de origen argentino. Como ejemplo, explicó que actualmente los aceites de girasol y de maíz están sujetos a aranceles de 16% y de 10% en el caso de las mayonesas, para compensar la competencia desleal con la industria nacional, según un régimen establecido en 2006 por el gobierno uruguayo. Para la AIMA estos aranceles compensatorios deberían ser revisados o eliminados, porque no hay una investigación a fondo sobre si las retenciones aplicadas a las exportaciones de esos productos en Argentina son un subsidio específico.
Montoro también dijo que debería eliminarse la “tasa consular” o al menos avanzar en un plan de reducción, puesto que su incremento lleva cuatro años de vigencia. Actualmente grava con 3% las importaciones provenientes de los países socios del Mercosur y con 5% aquellas que llegan desde extrazona. Según el abogado, esa tasa constituye un “arancel encubierto” que contraviene compromisos internacionales a los que el país adhirió.
