Hay razones culturales que llevan a los uruguayos a manejarse con dinero en efectivo, sostienen en la cartera de Economía, que está impulsando la reforma del sistema de pagos alegando razones de seguridad, de eficiencia (altos costos) y de “democratización” del acceso a los servicios financieros.
El circuito del dinero
En el país son de uso habitual en las transacciones el peso uruguayo y también los dólares estadounidenses.
La moneda nacional se imprime o acuña a costo del BCU. Una de las últimas licitaciones se realizó en octubre del año pasado. Por la impresión de 15 millones de billetes de $ 500 —que debían tener marca secreta y otras características de seguridad— se acordó pagar a una imprenta del exterior poco más de un millón de dólares. Un costo similar tuvo la acuñación de monedas de $ 1 que en junio de 2012 le encargó a la empresa Monnaie de París.
A fin del año pasado —el último dato divulgado por el BCU— había 508 millones de monedas (de $ 1, $ 2, $ 5 y $ 10) y 130 millones de billetes de pesos uruguayos (en denominaciones de $ 20, $ 50, $ 100, $ 200, $ 500, $ 1.000 y $ 2.000). Esas cantidades vienen creciendo lenta pero sostenidamente desde 2011.
Los billetes de dólares llegan desde el exterior, una parte traídos por turistas. El BCU también actúa como distribuidor.
Cuando no están en la calle circulando en manos de las personas o las empresas, el efectivo se encuentra resguardado en bóvedas de los bancos u otras instituciones financieras del sistema. El dinero tiene una marcada estacionalidad durante el mes: hay una mayor demanda de pesos en los primeros días por el pago de sueldos y pasividades, que lleva a que deban abastecerse entidades bancarias, cajeros automáticos y dispensadores de efectivo. Luego, con el vencimiento de las facturas de servicios públicos o privados, los pesos vuelven lentamente a las bóvedas.
A fin de junio había 551 cajeros automáticos y 771 dispensadores de efectivo, informó el BCU el jueves 14. La cifra, como la de cantidad de billetes, viene aumentando. Abastecer esos aparatos requiere de una logística que está tercerizada en el caso de las entidades financieras privadas, pero el Banco República (BROU) lo hace con su propia flota y personal. “Mover dinero es caro”, resumió un ejecutivo de esa institución oficial. Por ello esa institución adoptará un “rol activo en la inclusión financiera”, y hará “promoción” y “campañas educativas” que alienten el pago con medios electrónicos.
El año pasado, cuando las Letras de Regulación Monetaria estaban pagando tasas de interés relativamente altas (cercanas a 15% anual), un banco de plaza evaluó qué le salía más caro: tener dinero inmovilizado en los cajeros o invertirlo en LRM. Las cuentas dieron que, incluso si invirtieran esos billetes al 15%, no daría para pagar el costo de los traslados. Así que decidieron dejar el efectivo en los cajeros.
Los usuarios deben pagar un arancel a partir de determinada cantidad de retiros de dinero en el mes o si el cajero pertenece a una red distinta a la de su banco.
Algunos ejecutivos son algo celosos de la información sobre el manejo del efectivo y sus costos, entre otras razones por seguridad. Fuentes del sector dijeron que cada viaje destinado a cargar un cajero cuesta $ 3.500 y cada aparato se recarga entre tres y cuatro veces por semana, aunque ello depende de su ubicación. Si el cajero acepta depósitos, el transporte se debe hacer todos los días, lo que puede implicar un costo de $ 37.000 al mes.
La ganancia que da cada aparato varía en función de la cantidad de transacciones que procesa y el costo de mover el efectivo que capta o dispensa.
Años atrás un banco mantenía un cajero que aceptaba depósitos al ingreso del balneario La Paloma. Los costos del traslado de dinero hicieron que se levantara esa operativa. Según una de las fuentes, un cajero “rentable” puede dar hasta U$S 8.000 al mes. En la plaza uruguaya es usual que las instituciones inviertan entre U$S 10.000 y U$S 15.000 para instalar uno de estos aparatos, un monto que incluye el espacio físico, los anclajes de seguridad y la instalación de acuerdo a la normativa.
Moviendo el dinero
El BROU es el único banco que tiene su propia transportadora de caudales. También realiza internamente la clasificación y procesamiento del efectivo, por una definición “estratégica” del negocio, explicaron.
El resto contrata el servicio. Transportar dinero desde la sede de un banco en Montevideo hasta una sucursal puede costar $ 7.000. Pero si se trata de sumas grandes, hay un recargo. Y en la plaza local no es inusual que se muevan cifras superiores a U$S 5 millones.
Transportar dinero hasta el interior le cuesta a una entidad bancaria entre $ 22.000 para los departamentos más cercanos, hasta $ 51.000 para los que quedan cerca y sobre el río Negro. Solo Salto, Paysandú y Maldonado tienen empresas que transportan caudales y también ofrecen el servicio de tesorería, para custodiar los valores.
“La misión”, como le llaman en la jerga interna del BROU a los viajes de los blindados, se “arma en función de las necesidades” de las sucursales y la red de cajeros propia del banco. En el interior los camiones salen desde alguna de la media docena de “bases” que tiene, generalmente integrada a una sucursal cuyo Tesoro —la bóveda— cuenta con una capacidad importante.
Las sucursales del banco están categorizadas según su capacidad para albergar efectivo en sus bóvedas. Pero el Tesoro principal del BROU está localizado en la casa matriz de la Ciudad Vieja y allí acceden muy pocas personas, dijeron las fuentes.
El transporte de caudales está regulado por el Registro Nacional de Empresas de Seguridad y Afines (Renaemse), dependiente del Ministerio del Interior. Entre otras cosas exige que el dinero vaya en un vehículo apropiado —usualmente blindado— y con GPS, acompañado por un coche de apoyo de porte mediano, de cuatro puertas y equipo de comunicación con el móvil principal y la casa central, en el que viaje personal armado. Existen protocolos sobre cómo proceder al bajar de las unidades llevando el dinero.
Fuentes del sector de transporte de caudales señalaron a Búsqueda que a los hipermercados, compañías marítimas, redes de cobranzas, cambios, sanatorios, supermercados, locales comerciales en general, joyerías y financieras que tienen como clientes, se les cobra por viaje. Hay costos diferenciales si se trata de un transporte de billetes o de monedas, porque “son un costo mayor de transporte si se trata de cantidades importantes por su peso, no por su valor”. Cada viaje ronda entre $ 2.500 y $ 3.000.
“El transporte de dinero se encarece porque el Renaemse cada vez agrega más requisitos”, indicaron desde el BROU. Y para dicha entidad financiera la logística del dinero es relativamente mayor que para Prosegur u otras transportadoras, porque estas “tienen los camiones andando las 24 horas”, contratados por las instituciones financieras privadas u otras empresas que precisan ese servicio, señalaron.
Prosegur cuenta con 135 clientes, ya sea en la logística de valores como en gestión de efectivo, informaron a Búsqueda. La empresa tiene 55 unidades blindadas y 60 vehículos livianos que por año realizan más de 200.000 viajes con guardias propios y policías contratados. Con la bancarización espera que se “genere un leve crecimiento” de su negocio, agregaron.
Los costos para este tipo de compañías podrían incrementarse si logra los votos una iniciativa que tiene a consideración la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados para limitar a 25 kilogramos el peso en sacos y cajones que podrá cargar el personal de las transportadoras de caudales públicas y privadas. El proyecto también exige que se les proporcionen fajas lumbares.
Pagos electrónicos
La ley de inclusión financiera, promulgada en abril pasado, reforma el sistema de pagos. “Es un proceso que llevará su tiempo y no se desmantelará la logística del dinero de un día para otro porque hay hábitos que costará cambiar. La gente quiere saber cuánto le queda en el bolsillo”, opinó un ejecutivo bancario.
La norma apunta a reducir el manejo de billetes y monedas con medidas de estímulo y también restrictivas, que se irán adoptando escalonadamente.
Para estimular el uso de tarjetas de débito u otros instrumentos electrónicos como alternativa a los billetes y monedas, desde este mes bajó en dos puntos porcentuales la tasa del IVA cuando los mismos se emplean en pagos por hasta cierto monto —unos $ 11.500—. Durante el primer año de vigencia se agregan otros dos puntos de alivio si se abona mediante débito y uno con tarjeta de crédito en un solo pago.
Para poder operar con esos “plásticos”, los comercios necesitan un equipo para el procesamiento electrónico de datos conocidos por la sigla POS (del inglés point of sale) que pueden adquirir o alquilar a empresas proveedoras.
RedPos, una de las operadoras locales del sistema, tiene 4.000 comercios adheridos, la mayoría en Montevideo. “Ha habido una mayor demanda del servicio, sobre todo en los últimos 15 días y especialmente de pequeños comerciantes”, informó a Búsqueda su director, Jorge Souza.
Hasta ahora RedPos maneja tarjetas nacionales (Creditel, Anda, PassCard) y no tiene convenios con los sellos Visa, Mastercard u OCA, que están en manos de Pos2000. Pero la ley de inclusión financiera hace obligatoria la interoperatividad entre redes, lo que supondrá cambios en el mercado. Búsqueda intentó comunicarse con Pos2000 pero no recibió respuesta.
“Hasta hoy los POS están relacionados con un grupo de tarjetas o sellos determinados. Esto termina limitando la competencia y hace que el comerciante deba elegir según el perfil de sus clientes o contratar al menos dos POS”, explicó Souza. “A partir de la ley de inclusión, los comercios solo tendrán que contratar un POS por punto de venta, ya que por allí pasarán todas las tarjetas. Y elegirán el proveedor de servicios que les sea más conveniente, por precio o por servicios de valor agregado en la atención, etc. Esto hará a una competencia más abierta y conveniente para todos”, agregó.
Fuentes financieras señalaron que una institución bancaria emite entre 3.000 y 4.000 tarjetas de crédito al mes y una cifra similar de débito. Para el usuario el costo anual de una u otra es de unos $ 1.000 y en torno a U$S 5 (aunque es usual que las empresas que pagan el sueldo por tarjeta de débito se hagan cargo de los costos de impresión).
La ley forzará otros cambios en el sistema de pagos que harán menos frecuente el manejo de efectivo. Establece que el pago de remuneraciones y toda otra partida de dinero que tengan derecho a percibir los trabajadores dependientes deberá efectuarse mediante acreditación en cuentas en instituciones de intermediación financiera o a través de medios electrónicos de pago, como las tarjetas de débito o crédito, transferencias o instrumentos análogos. Lo mismo dispone para las pasividades y otros beneficios sociales (asignaciones familiares, subsidios, indemnizaciones, etc.) de todos los institutos previsionales. Esto entrará en vigor luego que el BCU reglamente el funcionamiento de las entidades emisoras de dinero electrónico, lo que aún está pendiente.
Asimismo, un año después de la vigencia de la ley toda transacción económica que supere las 40.000 unidades indexadas (UI) a la inflación —unos U$S 4.995 actualmente— no podrá pagarse con dinero en efectivo. La misma restricción regirá desde igual fecha para las enajenaciones por 160.000 UI o más (cerca de U$S 19.980 hoy).
En el caso de las compraventas de inmuebles y vehículos motorizados que superen las 40.000 UI, además de medios electrónicos se permite abonar con cheques certificados cruzados no a la orden y diferidos cruzados no a la orden, o Letras de Cambio cruzadas emitidas por un banco.
