Lejos de moderarse, como esperaban desde el gobierno, la inflación de precios se volvió durante 2015 más difícil de controlar que antes: fue la mayor en 11 años y a su vez se aceleró en el comienzo de 2016. Sin embargo, como contracara de ese problema, el Estado percibió más recursos derivados de la suba de precios.
En 2015 el llamado “impuesto inflacionario” fue por un monto equivalente a 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI), unos U$S 180 millones, según cálculos de Búsqueda.
Eso se explica porque la emisión de dinero que realiza el Estado le reporta una “ganancia” sobre el resto de los agentes a medida que la inflación hace menos valiosos los billetes y monedas que tienen en su poder.
El impuesto inflacionario no tiene ninguna base legal como tributo, sino que se genera a partir del monopolio que tiene el Banco Central (BCU) como emisor de moneda. Su “recaudación” surge en realidad del hecho de que cuando se imprime, el billete vale más que un tiempo después, cuando la inflación le hace perder parte de su poder de compra.
De ese modo, pese a que el gobierno fracasó nuevamente en su objetivo de que los precios subieran entre 3% y 7% anual, los registros más elevados de inflación sirvieron para financiar las cuentas públicas a través del impuesto inflacionario.
En todo 2015 el Índice de Precios del Consumo (IPC) que releva el Instituto Nacional de Estadística (INE) tuvo un aumento de 9,44%, y a partir de ese incremento de precios se alcanzó el mayor monto de financiamiento por inflación desde el 2003, cuando superó el 0,5% del PBI con una suba del IPC de más de 10%.
En las últimas semanas el debate sobre la necesidad del gobierno de realizar un ajuste fiscal estuvo sobre la mesa, principalmente a raíz de las subas de tarifas de varios de los principales servicios públicos, que fueron vistas como una medida para recomponer las cuentas del Estado.
El dato más reciente del IPC divulgado por el INE muestra el impacto de esa decisión en los precios: en enero se dio una suba de 9,68% respecto a un año atrás.
Varios analistas sostienen que es necesario un cambio en los ingresos y gastos del gobierno para disminuir el déficit de las cuentas públicas, que al cierre de diciembre alcanzó los U$S 1.846 millones, o 3,5% respecto al PBI.
Algunos expertos, como el economista Javier de Haedo, han señalado que una inflación elevada puede ser útil para el gobierno en el objetivo de mejorar sus finanzas, a pesar de que el aporte que pueden hacer esos ingresos derivados de la inflación es relativamente menor.
Impuesto.
El impuesto inflacionario es en realidad un tributo “virtual”, ya que no lo cobra ningún organismo en particular y actúa sobre todo el dinero que está en circulación. El Estado, como emisor termina siendo el “recaudador” del impuesto, ya que se apropia de la diferencia de valor que se genera desde que los billetes y monedas fueron impresos.
La inflación puede ser un instrumento para financiar el fisco de distintas formas. Por un lado, el gobierno puede “empapelar” la economía respondiendo a sus gastos a partir de una mayor emisión de dinero, cubriendo sus obligaciones aunque luego genere una mayor inflación.
Por otro, la suba de precios actúa “licuando” el gasto público en términos reales, cuando las erogaciones del Estado tienen un aumento nominal por debajo de la inflación, dando lugar a una baja real.
En décadas pasadas se le llamó “finanzas inflacionarias” a ese tipo de prácticas que usaban frecuentemente los gobiernos latinoamericanos para cubrir sus números en rojo.
Evolución.
Desde la segunda mitad de la década de los 90, los ingresos por ese “tributo” comenzaron a reducirse de la mano de políticas para bajar la inflación que la mantuvieron casi todos los años por debajo de los dos dígitos.
En 2015 se dio el mayor aumento de los precios al consumo desde 2003 y ello se condijo con un monto del impuesto inflacionario de unos $ 4.700 millones, lo que equivale a U$S 180 millones y respecto al PBI poco más de 0,3%.
El año anterior, con una inflación anual de 8,3%, el monto fue similar medido en dólares y respecto al Producto, aunque la recaudación fue menor expresada en moneda nacional ($ 4.063 millones).
El incremento real (por encima del IPC) del total del impuesto fue de 5,9% durante 2015.
En 2013 fueron unos U$S 170 millones los recaudados a partir de una inflación de 8,5% y en 2012 alcanzó los U$S 130 millones (con un aumento de precios de 7,5%).
Búsqueda realizó las estimaciones considerando la cantidad primaria de dinero, es decir la base monetaria que se encuentra en circulación, como el “monto imponible” del impuesto. Esa base comprende la emisión de dinero fuera del BCU más los depósitos a la vista de los bancos privados en la autoridad monetaria. A esta base se le descontó el monto de la caja del Banco República para no computar la parte del impuesto que el Estado recauda de otra dependencia estatal.
A su vez, la “tasa” del impuesto es la inflación, que mide el costo que soportan los agentes económicos por mantener dinero en su poder.
Los valores “recaudados” a partir de la inflación de los últimos años, en el entorno del 0,3% del PBI como máximo, son bajos si se tiene en cuenta la magnitud de ese tributo en las últimas décadas del siglo XX.
El financiamiento a través de la inflación llegó a representar cerca de 3,5% del Producto, por ejemplo en 1975, 1980 y 1985. Luego comenzó a disminuir hacia 1990, cuando fue algo más de 2%, y desde 1995 descendió a poco menos del 1% del PBI.
Algunos países de la región con elevados registros de inflación atraviesan una situación similar a la de Uruguay en ese momento. En Argentina la inflación ronda el 30% anual y algunos analistas estiman el impuesto inflacionario en el entorno de 2% del PBI.
Venezuela no informa sus registros sobre los precios al consumidor desde setiembre de 2015, cuando el aumento rondaba el 140% anual. Algunas estimaciones calculaban el impuesto inflacionario de ese país en cerca de 2,2% del Producto en 2012, mientras la suba de precios era algo mayor a 20%.
