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    Impuesto mínimo global: Uruguay debe dejar de usar incentivos como “muletas” para atraer inversión

    Uruguay ha hecho “abuso” de los estímulos fiscales, opina un especialista

    En camino hacia “un nuevo orden fiscal mundial” a partir, entre otras cosas, de la implantación de un impuesto mínimo global a las corporaciones multinacionales, Uruguay y su gobierno se encuentran en estado “catatónico”, lo que no necesariamente es, hoy, una mala opción, opina el especialista tributario Félix Abadi. Según él, este asunto puede ser crucial para la economía uruguaya al poner bajo amenaza la herramienta de los incentivos impositivos para atraer inversión extranjera.

    El panel sobre las Tendencias tributarias mundiales: impacto del Impuesto Mínimo Global en Uruguay fue uno de los que abrió, el lunes 4, el XI Congreso de Graduados en Ciencias Económicas y Seminario interamericano de contabilidad que se realizó hasta ayer, miércoles 6, en Montevideo. Promovidos por las economías avanzadas a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), más de 130 países han adherido a un acuerdo para adoptar un gravamen de al menos 15% a las multinacionales que facturen unos 750 millones de euros al año, con vigencia en principio desde 2024.

    Para Abadi —un catedrático de impuestos de la Universidad ORT y socio del estudio Rueda, Abadi, Pereira que habló a título personal—, ese gravamen mínimo es, en el caso de Uruguay, “un problema de la economía nacional”, ya que puede tener como “efecto adverso” reducir el atractivo que tiene para la captación de capitales foráneos. Planteó que, al igual que otros países de la región, ha hecho “uso y abuso de la exoneración como fomento de la inversión” y los cambios en la tributación global los ponen “frente a una cruda realidad”.

    El régimen de promoción de inversiones canalizado a través de la Comap —su comisión de aplicación— “es un renglón aparte”, afirmó el especialista, y coincidiendo con otro de los panelistas, Álvaro Romano —quien fue subdirector de la Dirección General Impositiva entre 2010 y 2020—, dijo que podría ser “barrido”. Agregó: “Pudiera serlo. Todos tenemos claro que no es una exoneración, es un verdadero subsidio a la inversión” por la vía de un crédito sobre el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas.

    Hasta mayo —el último dato informado por el Ministerio de Economía (MEF)—, la Comap recomendó al Poder Ejecutivo dar ventajas impositivas a proyectos que involucran inversiones por casi US$ 400 millones.

    Rejas francas.

    Cada país que adhiere a estas innovaciones en la tributación transfronteriza debe determinar cómo las implementa. Romano repasó que Europa ya tiene una directiva aprobada que se empezaría a aplicar desde el año que viene, alcanzando también a las multinacionales con presencia en Uruguay. Por su lado, Japón y otros países asiáticos tomaron definiciones, dijo, por lo que “gran parte de la economía mundial ya está prácticamente adentro”, si bien la “gran duda” es qué postura adoptará Estados Unidos. Mientras, en la región, solo Colombia tomó posición al aprobar un impuesto calificado doméstico.

    Abadi consideró que es un momento “muy difícil para dar pasos estratégicos” en este asunto. Planteó: “¿Cómo vamos a salir en esto? Falta esperar un poco, las aguas están muy turbulentas, ningún país en vía de desarrollo quiere dar grandes pasos que los pudiera perjudicar. El timing (…) es muy delicado. Es uno de los mayores desafíos en política tributaria que pueden haber tenido estos países, en particular Uruguay”.

    Con ese panorama, dijo que le consta que el MEF “está trabajando”, aunque según él adoptó la “opción catatónica”, más allá de “reuniones con grupos multilaterales”. El consultor tributario insistió en que la postura actual de Uruguay es “no hacer nada”, de “estado catatónico y esperar”, lo que “a veces no es malo”. Alegó: “Puede ser muy complejo salir a dar medidas rápidas, de las cuales me pueda arrepentir rápidamente”.

    Comentó que Uruguay también podría “empezar a hacer cosas, algunas o varias combinadas”, relacionadas con los impuestos. Otra alternativa, sobre la que —señaló— “no se escucha mucho hablar”, es encarar una agenda de reformas estructurales que ataquen la burocracia y el “costo país”. En ese sentido, para Abadi, estos cambios en la fiscalidad debieron interpretarse como “un llamado” de que “llegó la hora” de sacarse “las muletas”. En ese sentido, indicó: “Siempre vi la exoneración (impositiva) como un reflejo de la impotencia de captar inversión genuinamente. Cuantas más exoneraciones doy, más impotente soy” de captar capitales extranjeros. “Esto de tener un país atrás de la reja que no paga nada y otro que tiene una altísima presión tributaria no es algo sano”, sostuvo, refiriéndose al régimen de zonas francas.

    “Te quitan la muleta cuando no aprendiste a caminar, está complicadísimo”, insistió, aludiendo a esa agenda de reformas pendiente.

    En el gobierno asumen que la nueva fiscalidad internacional es un asunto removedor para Uruguay. Al disertar en marzo del año pasado en un seminario organizado por la UCU Business School, la directora de la Asesoría Tributaria del MEF, Pía Biestro, dijo que Uruguay tiene el “enorme desafío” de no solo dar cumplimiento a “esto que se viene”, sino también de “reforzar algunas cuestiones atractivas” para la inversión extranjera directa. Opinó que existe la “oportunidad” de “hacer otro tipo de reforma” en materia de infraestructura, logística o en “procesos plásticos” para ofrecer un “plus” a los inversores y “no solamente determinados incentivos tributarios”.