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Pasó casi un año desde las primeras detenciones y el caso conocido como Operación Océano está lejos de terminar. Después de lograr la formalización de una treintena de hombres —varios de ellos influyentes o de alto poder adquisitivo— por el presunto delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad a cambio de sexo, la Fiscalía enfrenta una batalla cada vez más difícil. Cada traspié del equipo de fiscales y policías que llevan la investigación es aprovechado por los abogados defensores para intentar desacreditar las pruebas o para cuestionar la legalidad del proceso. Esa estrategia se desplegó con contundencia la última semana, cuando los abogados presentaron al menos cinco escritos pidiendo la nulidad de las investigaciones.
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Desinteligencias entre la Policía y la Fiscalía, que se han señalado mutuamente como responsables por las demoras en las pericias a los celulares incautados y por la entrega de información incompleta a los abogados, han abierto flancos para las defensas, que argumentan que se han vulnerado las garantías del debido proceso.
Uno de los escritos, que abarca a un grupo de 25 indagados y fue redactado por Pablo Donnángelo, Jorge Pereira Schurmann y Gastón Chaves, entre otros, pide que se anulen las formalizaciones y medidas cautelares bajo el argumento de que no hay “certeza alguna” sobre la evidencia que existe contra ellos. Los abogados no se refieren al contenido de los audios o chats que revelan las conversaciones de algunos de sus clientes con menores de edad a cambio de sexo. Se refieren a la preservación de esas evidencias, y afirman que la policía no las aseguró de forma adecuada.
Además, los abogados reiteran un reclamo que han planteado casi desde el inicio: la falta de acceso a la totalidad de las evidencias. La Fiscalía ha asegurado con insistencia que sí tienen en su poder toda la información recogida de los celulares incautados —tanto de los indagados como de las víctimas—, y que la finalidad del reclamo no es otra que demorar el proceso. Pero los abogados replican que en la última audiencia sobre el caso, en febrero, quedó demostrado que no recibieron la evidencia completa, ya que constataron que no tenían información sobre el contenido de un segundo celular que poseía una de las víctimas. A raíz de eso, la jueza Beatriz Larrieu ordenó suspender la instancia hasta que todos reciban las copias completas.
El miércoles 17 se venció el plazo para que los abogados presentaran sus reclamos, y ahora la Fiscalía tiene seis días para responder. Larrieu informó a Búsqueda que decretó que se formen expedientes distintos porque resolverá cada escrito por separado.
Mientras los abogados apuestan a conseguir la nulidad de las actuaciones, el equipo de fiscales liderado por Darviña Viera no se queda de brazos cruzados. Según dijeron a Búsqueda fuentes vinculadas a la investigación, solicitaron la declaración anticipada de cuatro víctimas más, que reforzarán las acusaciones contra algunos de los indagados.
La Fiscalía tiene identificadas a un total de 20 víctimas y planea que todas declaren en la Justicia. Hasta ahora está en trámite la declaración de cinco jóvenes, pero ninguna pudo concretarse por diferentes motivos. Las audiencias para que abogados y Fiscalía acuerden el interrogatorio se postergaron por reclamos sobre la falta de acceso a las evidencias, y otras instancias se suspendieron porque las víctimas no concurrieron.
Con cuatro víctimas más dispuestas a declarar, la Fiscalía aspira a que el proceso con ellas sea más ágil y sus testimonios puedan concretarse pronto, indicaron las fuentes.
El tiempo corre a favor de los indagados, ya que en mayo vence el plazo de un año que tiene la Fiscalía para investigar. De todos modos, la fiscal Viera tiene resuelto pedir una prórroga, pero para lograrla deberá demostrar que durante todo este tiempo avanzó en las investigaciones y que necesita más tiempo para completarlas.
La Fiscalía sabe que es poco probable que consiga que las 20 víctimas declaren antes de mayo, por lo que prevé que algunas lo hagan una vez que consiga la prórroga.
La jueza Larrieu, que tiene experiencia en casos de notoriedad porque ordenó el procesamiento del exvicepresidente Raúl Sendic, es considerada como una magistrada “imparcial” y “muy garantista”, que conoce bien el nuevo Código del Proceso Penal y será exigente con el cumplimiento de las garantías de los indagados, coincidieron abogados y policías vinculados al caso consultados por Búsqueda.
Las fuentes también coincidieron, por otra parte, en que la situación de los 36 indagados es muy variada: algunos están más comprometidos porque los chats revelan de forma clara que sabían que las involucradas eran menores, pero en otros casos, las conversaciones son más ambiguas e incluso hay quienes no concretaron los encuentros. “Las situaciones son bastante diferentes, algunos la pueden pelear más. Al final unos van a ser condenados y otros van a zafar”, sintetizó una fuente cercana a la investigación.
Darviña Viera, fiscal de la Operación Océano, en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez en Montevideo. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
“Nulidad insubsanable”
En el escrito presentado en nombre de 25 de los 36 indagados, los abogados sostienen que las formalizaciones se encuentran “viciadas de nulidad insubsanable por haberse vulnerado todas las garantías del imputado, en particular el derecho a la defensa técnica, así como el derecho al debido proceso”.
Las defensas sostienen que la cadena de custodia —que debe garantizar la preservación de las evidencias— fue vulnerada por la Policía. Según argumentan, además de la protección de las pruebas físicas —los celulares—, se debió asegurar la preservación de las pruebas “digitales”, es decir, el contenido de los teléfonos. Esta segunda parte no se cumplió de forma correcta, aseguran.
Las defensas piden a la jueza que cite al profesor de Seguridad Informática de la Universidad Católica Maximiliano Alonzo como testigo para que explique los procedimientos para preservar la cadena de custodia de la información digital.
“Los dispositivos celulares de nuestros defendidos estuvieron desde el momento mismo de su incautación y hasta el día de hoy, expuestos a cualquier tipo de alteraciones, manipulaciones, eliminaciones, daños, etcétera, lo que provoca que las defensas no tengan ni por asomo una mínima certeza de que la información que hoy día puedan contener dichos celulares, sea la que existía al instante previo a su incautación”, afirman.
Además, sostienen que “la omisión de la Fiscalía de entregar a las defensas todas las evidencias existentes en la carpeta de investigación”, les ha causado “un grave e irremediable perjuicio a las defensas ya que les han impedido durante estos diez meses ejercer adecuadamente el derecho de defensa”.
Las abogadas piden a la magistrada Larrieu que, si no hace lugar al pedido de declarar nulas las formalizaciones, disponga al menos “la exclusión del proceso de toda la información contenida en todos los celulares, computadores y dispositivos electrónicos secuestrados en esta causa, así como de toda la evidencia que de ellos se haya derivado”.
