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El país se desempeña “relativamente bien” en el desarrollo de las políticas e instrumentos para las pequeñas y medianas empresas (pymes) porque cuenta con una “amplia oferta” de servicios de apoyo así como de agencias especializadas para su gestión. Sin embargo, ello podría mejorar a medida que el Sistema de Transformación Productiva y Competitividad —Transforma Uruguay— “se consolide” y avance en el acceso al financiamiento.
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Esa evaluación surge de la primera edición del Índice de Políticas Públicas para pymes en América Latina y el Caribe (Ippalc), que abarca a siete economías (Chile, Colombia, México, Perú, Argentina, Ecuador y Uruguay) y será presentado hoy, jueves 2, en la nueva sede de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina en Montevideo. En este trabajo participaron el Ministerio de Industria y la Agencia Nacional de Desarrollo en el marco de Transforma Uruguay, una entidad gubernamental de impulso a la producción.
El informe final del Ippalc señala que las pymes representan el 60% del empleo productivo formal de la región y son responsables de una cuarta parte del valor total de producción. En el caso de las microempresas, aportan 3,2% del Producto Bruto Interno mientras en Europa contribuyen con seis veces más (20%) a pesar de que tienen niveles de participación de la mano de obra “bastante similares”.
Agrega que los países de la región dirigen “importantes esfuerzos” en las políticas para las pymes y el desarrollo del sector privado, pero advierte que deberán “redoblarlos” para “responder a los desafíos generalizados de la baja productividad y la alta informalidad” que caracteriza a las empresas de pequeña dimensión. Además, las prioridades de las políticas para pymes están “ampliamente alineadas” en los países analizados y enfocadas más recientemente en la transformación productiva.
Sin embargo, afirma que los procesos de monitoreo y evaluación “débiles o inexistentes” vuelve difícil que los responsables de políticas tomen mejores decisiones.
Uruguay y el índice
El estudio menciona que alrededor del 99,5% de las empresas uruguayas son pymes (contabilizando a las micro, con hasta cuatro empleados, que son ocho de cada diez emprendimientos) y representan dos tercios de los trabajadores formales del país. El 80% de los puestos en las firmas de estas dimensiones se generan en el sector de servicios.
Señala como algo positivo que Argentina y Uruguay son los únicos países cuya definición de pyme tiene una cláusula que expresamente excluye de este universo a las empresas de pequeña escala controladas por grupos grandes. Eso porque dichas cláusulas deberían “prevenir que las empresas grandes establezcan unidades de baja escala bajo su control para explotar el tratamiento preferencial que se da a las pymes”.
El Ippalc es una herramienta “analítica”, desarrollada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la CAF y el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) que mapea las políticas y programas públicos para las pymes, y evalúa su alineación con buenas prácticas a lo largo del tiempo.
Se basa en un proceso de consultas entre actores públicos, privados e internacionales, utilizando una metodología estándar. Este tipo de índice ha sido aplicado en países del Oriente Medio, África y Europa. Puntúa de uno a cinco (cuanto más alto, mayor avance de desarrollo e implementación de las políticas) en siete dimensiones: marco institucional, entorno operativo; acceso al financiamiento; servicios de desarrollo empresarial y compras públicas; innovación y tecnología; transformación productiva, y acceso al mercado e internacionalización.
En el caso de Uruguay, el período de la evaluación coincidió con el lanzamiento del primer Plan Nacional para la Transformación Productiva y la Competitividad coordinado por Transforma Uruguay, que ahora está “en proceso” de vincular sus programas con el apoyo a las pymes, aclara el informe.
El índice de Uruguay no alcanza el mayor puntaje entre los países analizados en ninguna de las diferentes dimensiones, “lo que demuestra que existe margen para aprender” de economías similares. Sin embargo, obtiene el segundo puesto en dos áreas: los servicios de desarrollo empresarial y compras públicas para las pymes (4,39 puntos), así como el acceso al mercado e internacionalización (4,36).
En las restantes dimensiones se “podría esperar” que los puntajes mejoren a medida que Transforma Uruguay “se consolide” y refuerce mediante la incorporación de “objetivos cuantitativos y cualitativos explícitos” así como “mecanismos eficaces” de monitoreo y evaluación. El país se ubica tercero en el entorno operativo (aunque con solo 2,92 puntos), que refiere a la simplificación de procedimientos, registro de empresas, facilidad para declarar impuestos, etcétera, y también está entre los tres mejores en innovación y tecnología (3,79).
En la evaluación del marco institucional, Uruguay está cuarto entre los países estudiados (3,74) y sexto en materia de transformación productiva (3,62), donde se evalúan las estrategias para mejorar la productividad e integración a cadenas de valor regionales.
Finalmente, ocupa la última posición en acceso al financiamiento, puntuando 3,30, cuando el promedio de las siete economías es 4,13. Las peores notas en esta dimensión refieren a la educación financiera (1,91), crowdfunding o financiamiento colectivo (1,67) y en procedimientos eficaces para el tratamiento de la quiebra empresarial (2,86).
En esa dirección surgen las principales sugerencias para el gobierno uruguayo. Entre las prioridades a atender, el estudio plantea, por ejemplo, “unificar, actualizar y modernizar” el acceso a los registros de bienes muebles e inmuebles (Dirección Nacional de Catastro), así como “desarrollar un marco legal para los mecanismos de financiamiento colectivo y los fondos de inversión privados”, ya que si bien su participación en el mercado uruguayo es incipiente, una “regulación prudencial” podría producir una mayor penetración. También se propone “potenciar” la oferta de educación financiera para incluir programas destinados a las pymes y “simplificar los procedimientos de insolvencia”, que según se señala tardan un año y medio.
