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    Inefop priorizará a trabajadores activos y de sectores en “crisis”

    Con nuevos jerarcas, la entidad gubernamental de capacitación laboral salió del trancazo en su conducción

    Antes se discutía hasta para poner una bombita de luz en el pasillo y nunca se terminaban de tratar los temas del orden del día en las reuniones del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), debido a la falta de acuerdo. Ese “trancazo” ya no es tal en esa entidad, que empieza a procesar algunos cambios en sus programas.

    Ahora, a la interna de la organización se “está trabajando bien” y se logró dar otro “ímpetu” a la institución, porque en los últimos años se volcó “excesivamente” a lo administrativo y no a la generación de políticas de capacitación, afirmó a Búsqueda Julio Perdigón, director del Inefop nombrado por el PIT-CNT. El otro representante de los trabajadores en el instituto, Ismael Fuentes, compartió esa visión.

    El Consejo Directivo del Inefop renovó su integración tras el cambio de gobierno y acaba de aprobar los lineamientos estratégicos para 2015-2020: priorizar la capacitación a los trabajadores en actividad; dar una rápida respuesta a los que atraviesan una “crisis” de empleo; implementar la ley de empleo juvenil; impulsar la certificación de saberes, y coordinar las acciones en el interior del país con los distintos actores departamentales, para no superponer esfuerzos. De la resolución, votada el 18 de junio, también surgen como directivas para el quinquenio la creación de una “ventanilla única de atención a demandas y usuarios, interactuando” con la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo; la implementación de un sistema informático “integral e integrado”; y el “rediseño” de las modalidades de orientación y supervisión. Además, el Inefop se propone avanzar en el “registro y certificación” de las entidades de capacitación que prestan servicios para el instituto y profundizar el “apoyo a emprendimientos mediante la utilización de herramientas existentes, tales como garantías de créditos bancarios, desarrollo de financiamiento y fondos concursables”.

    Defensa del tripartismo

    Actualmente, el Consejo Directivo del organismo está compuesto por tres delegados del Poder Ejecutivo (Oficina de Planeamiento, y los ministerios de Educación y de Trabajo), dos representantes de los trabajadores y otros dos de los empleadores. También hay un director nombrado por la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas.

    El proyecto de ley a estudio del Parlamento crea un “sistema nacional de competitividad” y propone reducir la participación de los actores sociales a un delegado por cada representación y de esa forma asegurarle la mayoría al Ejecutivo. “No lo compartimos porque es quitarle (participación) al tripartismo. Aunque cueste un poco más llegar a decisiones, el consenso tiene mejores resultados. Además, también se ha utilizado la votación”, afirmó Perdigón.

    “El Inefop es propiedad de los actores sociales en conjunto con el Estado. No es parte del Ministerio de Trabajo como alguno cree, o del de Educación. Es tripartito”, añadió.

    Esa posición ya le fue transmitida a la bancada del Frente Amplio, al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y al presidente Tabaré Vázquez.

    Desde el PIT-CNT se concibe al Inefop como un “instrumento continuador de la negociación colectiva”. Si el Poder Ejecutivo aspira a imponer su decisión en materia de políticas de empleo y capacitación, sería como si pretendiera ser mayoría en los Consejos de Salarios, y que los trabajadores no tuvieran “ningún papel” para cumplir, sostuvo Perdigón.

    “Ventanilla única”

    En cuanto a los trabajadores en actividad, el Inefop puso en marcha varios consejos sectoriales y otros están a punto de hacerlo. En estos ámbitos —conformados por empleadores, trabajadores y técnicos del instituto— se discute la situación de cada rubro, la productividad, la evaluación de tareas y el fortalecimiento de los puestos de trabajo a través de la formación de habilidades y conocimientos.

    Están en funcionamiento en los sectores del transporte, vestimenta, construcción y medicamentos y en pocos días quedarán instalados los de salud y química.

    Fuentes afirmó que se aspira a que se repliquen los consejos para el comercio y los servicios, que emplean a casi un quinto de los trabajadores. Como ejemplo, dijo que sería básico para algunos empleados de los centros comerciales aprender inglés y portugués, así como fortalecerlos en atención al cliente.

    A su vez, los programas que hasta ahora tiene el Inefop se “licúan”, ilustró. Por ello, se conformarán varias ventanillas de entrada: trabajadores en actividad, seguro de desempleo, emprendedores, acuerdos que surjan de los consejos sectoriales, certificación de saberes.

    Aclaró que no se dejará de atender a las poblaciones vulnerables o particulares comprendidas en los programas en curso (jóvenes, mujeres, discapacitados, emprendedores, etc.) sino que se organizarán los cursos de otra forma.

    Otra idea es “acercar a la gente” y “vincular más” la herramienta de capacitación con los sectores productivos, para que “la conozcan y sepan utilizarla”, aseguró Perdigón. En esa línea, en la próxima ronda de Consejos de Salarios entregarán en todos los grupos de negociación una “cartilla” con información del instituto.

    “Sería irresponsable no generar capacitación en forma importante, teniendo la estructura y los fondos” con los que cuenta el instituto, señaló. Pero Fuentes apuntó que “decir que el Inefop no hizo nada es una barbaridad”.

    Fondos.

    El Inefop es una persona pública no estatal que sustituyó en 2009 a la Junta Nacional de Empleo y administra el Fondo de Reconversión Laboral para financiar planes de capacitación, entre otros cometidos. Actualmente, dicho fondo —al que aportan por partes iguales trabajadores y empresarios del sector privado— acumula unos U$S 90 millones.

    El Estado también debe contribuir de acuerdo al cumplimiento de las metas de gestión de la entidad, pero actualmente Rentas Generales tiene “retenidas” las partidas de 2012, 2013 y 2014, que suman unos U$S 40 millones, informó Fuentes. Este “incumplimiento” es “reconocido” por el Ministerio de Economía y se procurará acordar “la forma en que realizará el pago”, aseguró.

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