Informes alertan riesgo jurídico “muy elevado” y pérdidas millonarias para el BHU si se reestructuran créditos en UR

Ese impacto fiscal, explicó, deriva de que la cartera de préstamos en UR cuya recuperación gestiona la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) duplica a la del BHU y está estructurada en una decena de fideicomisos cuyo beneficiario es el MEF.

“Al BHU no lo funden pero lo postran por dos años o más”, indicó uno de los consultados sobre este asunto, que es visto con preocupación en varios ámbitos del Poder Ejecutivo. Alertó que al banco estatal podría costarle en un ejercicio y “en el mejor de los casos, no menos de lo que fue la última capitalización”, en 2007, por US$ 250 millones. Junto con ese refuerzo de capital, la Ley 18.125 también incluyó una restricción de los roles del BHU y una reestructura que implicó el cierre de sucursales, la creación de la ANV y el pasaje a esa entidad de parte de sus carteras (aquellos créditos con mayor dificultad de recuperación, en forma de fideicomisos) y dos tercios de funcionarios del banco.

“Si alguno de estos proyectos tuviera éxito, el Hipotecario, por dos años, no podría prestar plata”, dijo en rueda de prensa a mediados de julio su presidenta, Casilda Echevarría. Días antes la jerarca había rechazado públicamente las tres iniciativas legislativas a estudio de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado porque el costo para el banco sería “gigante” (Búsqueda Nº 2.176).

Si bien la comisión parlamentaria resolvió unificar las iniciativas, las propuestas a amalgamar van desde declarar nulo los “colgamentos” y recalcular las deudas a mayo del 2007 y aplicar una quita del 40% sobre el saldo (como indica el proyecto  del colorado Germán Coutinho) hasta permitir por única vez transformar el saldo pendiente de pago a unidades indexadas a la inflación, recalcular el monto ya abonado, tasar el inmueble y en caso de que la deuda supere el valor de mercado condonar mora, intereses y los “colgamentos”. Ese último enfoque es el propuesto por los cabildantes Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano. Por su lado, los blancos Carlos Camy y Sergio Botana plantean que los deudores en UR con más de 170 cuotas pagas puedan pedir que se les convierta y congele en pesos el monto de lo que resta para cancelar por todo concepto.

Contingencias futuras.

A junio el BHU tenía un patrimonio de US$ 960 millones y acumuló ganancias por US$ 38 millones en el primer semestre del año, surge de datos publicados por el Banco Central.

Una de las fuentes indicó que si bien el nivel patrimonial del BHU es sólido, el costo de los proyectos de refinanciación de los deudores en UR (que como mínimo se estima en US$ 250 millones) representa “perder casi un tercio de su patrimonio de un saque”. Ello, advirtió, comprometería la posibilidad de prestar, porque más allá de la complejidad que desde el punto de vista operativo significaría reestructurar las deudas, se debería prever una serie de “contingencias futuras”. Explicó: “El primer año habría que hacer la plancha y no prestar, porque estos proyectos, si bien afectarían la liquidez en el largo plazo —no en el corto—, el banco debería estar líquido como resguardo de eventuales corridas”, evaluó. Esa advertencia está incluida en el análisis que manejan las autoridades, dijo el informante.

Entre las contingencias también se mencionan las “previsiones muy grandes” que el BHU debería hacer ante eventuales juicios de los clientes en UR que cancelaron sus deudas en los últimos 10 años. “El volumen de juicios que podría aparecer sería de varios miles”, apuntó la fuente. Desde la reforma del BHU de comienzos de este siglo unos 4.000 deudores en UR cancelaron la deuda.

“Atender cientos o miles de juicios también postraría al banco, además de hacer las reservas de capital por las eventuales pérdidas”, señaló.

Por eso, si este gobierno o el próximo quiere que el BHU vuelva al mercado de préstamos si se aprueba alguno de los proyectos a estudio del Parlamento, “probablemente” el banco “necesite una capitalización similar, o de una parte de las pérdidas” que le costara atender a los deudores en UR, señaló. Esa eventual capitalización también debería prever las acciones judiciales futuras pero de los deudores en UI —que actualmente representan dos terceras partes de la cartera del BHU—, que podrían llegar a reclamar por el incremento que esa unidad registra en los últimos dos años y medio y argumentar en la línea de lo que sostienen los actuales deudores en UR.

Según la fuente, para las autoridades el “nivel de riesgo jurídico” para el banco y la ANV sería “muy elevado”.

La preocupación del MEF sobre el impacto que puedan tener las soluciones que se manejan para los deudores en UR “ganó peso” cuando a mitad de julio el Parlamento tuvo que votar un proyecto de ley urgente para evitar que un par de artículos de la Ley de Urgente Consideración provocara pérdidas al Estado por la prescripción de unas 5.000 deudas hipotecarias que administra la ANV. Es que hay un flujo que recibe Rentas Generales por la recuperación que la ANV hace —menos la comisión que cobra por esa gestión— de la cartera problemática que recibió del BHU. Cuando se “destapó” ese problema, se hizo más evidente que la “contingencia fiscal es enorme”, comentó un informante.