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En Uruguay, los funcionarios públicos en general cargan con una imagen negativa entre la ciudadanía. También en las altas esferas de gobierno su desempeño ha sido mal visto y cuestionado: “Ellos hacen como que trabajan y yo hago como que les pago”, afirmó Luis Alberto Lacalle, el expresidente blanco, mientras que el frenteamplista José Mujica les dijo holgazanes y los acusó de faltar mucho sin justificación.
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Hoy existen más de 300.000 vínculos laborales con el Estado —en calidad de empleados u otras modalidades de contratación—, una cifra que cada tanto se pone en debate. El actual gobierno de la coalición multicolor prometió reducir la plantilla y una medida concreta en esa dirección fue restringir a uno de cada tres las vacantes que surgieran, aunque esa restricción se ha ido flexibilizando en algunas áreas.
Más allá de la cantidad, la administración de Luis Lacalle Pou tiene planteada una reforma —que se dilató para el 2023— en el servicio civil que entre otras cosas implica implementar una única escala salarial basada en la complejidad y el valor agregado asignado a cada ocupación dentro del Estado. También apunta a facilitar la movilidad dentro de la burocracia estatal.
Un insumo para esas transformaciones, lideradas desde la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), fue una encuesta, elaborada junto con el Banco Mundial, entre los funcionarios para conocer sus motivaciones. Los resultados fueron publicados hace un año, pero una novedad de estos días —notificada por la ONSC— es su comparabilidad con otros 31 países de distintos continentes en los que se aplicó el mismo cuestionario. Utilizando esa herramienta, Búsqueda analizó que los empleados uruguayos ranquean en la parte baja o media en varios de los indicadores relevados relacionados, por ejemplo, con la satisfacción laboral, el salario o las posibilidades de hacer carrera.
Comparativo
En Rumania, Colombia y Nigeria, en torno a nueve de cada 10 funcionarios públicos declararon estar satisfechos con su trabajo, una proporción que ronda los siete (74%) entre los uruguayos. Entre los brasileños hay más disconformes: la mitad no está a gusto.
Los rumanos y lituanos están entre los que se sienten más reconocidos en su actividad laboral; el 93% y 85%, respectivamente, aseguró que es valorado en ese ámbito. En Uruguay, los que dijeron eso fueron cuatro de cada 10.
Los funcionarios públicos uruguayos están casi a la par que los liberianos y chilenos en cuanto a la confianza en sus compañeros de trabajo (en torno a 65%), pero lejos de los rumanos e incluso los etíopes (96% y 90%, respectivamente).
Las remuneraciones son otro motivo de desazón para una amplia proporción de los empleados estatales en Uruguay. Solo el 14% cree que gana lo mismo que quienes realizan tareas similares en otros organismos. Eso se compara con el 27% de los servidores públicos británicos que piensan eso, 36% de los chilenos, algo más del 40% en Colombia, Brasil, Croacia y Eslovaquia y más de 50% en Kosovo o Estonia. Esa percepción de injusticia es menor en Albania, Lituania y Rumania (68%, 75% y 86%, respectivamente).
A su vez, casi un tercio de los funcionarios uruguayos considera que sus salarios no son competitivos con los pagados en el sector privado. Esa proporción es similar a la de Eslovaquia, Estonia, Chile y Brasil.
¿Qué tan confiado está de que podrá tener un ascenso en el futuro si hace bien su trabajo?, preguntó la encuesta. Uruguay volvió a quedar en los últimos lugares en el comparativo internacional, con 21%. En Guatemala, el 39% se visualiza con chance de tener una promoción, en Estados Unidos, el 48%, en Croacia y Eslovaquia son el 73% y en Estonia, Indonesia y Liberia, el 89%.
La estabilidad laboral en el Estado ha sido un aspecto históricamente valorado en Uruguay, asociado al controversial concepto de inamovilidad. Casi seis de cada 10 encuestados (59%) piensa que en su ámbito de trabajo es difícil que haya despidos; mientras, eso dijeron el 70% de los brasileños y el 63% de los rumanos. En contrapartida, en torno a un tercio de los guatemaltecos, albaneses y chilenos se siente seguro en su puesto.
La ONSC, a través de su Laboratorio de Innovación y Observatorio de la Función Pública, lanzó en setiembre una nueva encuesta entre empleados de la administración central para conocer sus necesidades de capacitación.
