“No es como ir a una boutique a comprar ropa hecha en serie, sino ir al sastre a que haga ropa a medida. La misma situación en dos estudiantes nunca es la misma situación”, explicó Leonardo Martinelli, referente de Atención Integral del Estudiante del Centro de Formación en Educación, que forma parte de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). El docente disertó durante el I Congreso Internacional sobre Educación Inclusiva, Somos, organizado en octubre por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en el que participaron instituciones de educación superior que dieron cuenta de las líneas de trabajo y los desafíos que tienen por delante en esa materia.
La educación inclusiva trasciende las situaciones de discapacidad, es un concepto más amplio, que incluye problemas de aprendizaje, de salud mental y otras características particulares de la vida de las personas: estudiantes trans, estudiantes que transitan la maternidad o la paternidad, otros que vienen del interior profundo a nuevos espacios. Garantizar la continuidad educativa y la inclusión es un desafío que requiere abordajes muy diversos, según los expertos consultados por Búsqueda.
“Hay que acompañar la trayectoria y personalizar el acompañamiento; implica generar condiciones, pero eso no garantiza el ‘pase, pase’”, aclaró Martinelli.
La inclusión educativa “es uno de los temas más novedosos para la educación superior” y, por ahora, está dominado por “esfuerzos individuales que han hecho las instituciones”, planteó Carlos Romero, responsable del Área de Educación Superior de la Dirección de la Educación del MEC.
Hay buenas y malas noticias, según dijo. El reciente protocolo de actuación para garantizar el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad (decreto 350/2022) “es un avance” para “alinear el rumbo de las instituciones”. De todos modos, los pendientes son significativos. Hay “ausencia de normativa armonizada en educación superior entre el sector público y el privado”, y esta “desconexión” también está presente en temas como la inclusión educativa, agregó Romero.
Desde la Universidad de la República (Udelar) la información que se registra en los censos ha cambiado para relevar situaciones de discapacidad, por ejemplo. Sin embargo, pese a los avances y la robustez metodológica, aún falta abordar las preguntas desde una perspectiva de inclusión educativa para poder recibir mayores insumos que permitan trazar planes de acción, comentó durante el evento Lía Fernández, profesora titular de la Udelar y consultora para el Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias.
El director de Educación de la Universidad Tecnológica (Utec), Amadeo Sosa, coincidió. En su intervención sostuvo que hay parte de la llamada “inclusión educativa” que necesita de cambios físicos en los edificios, pero hay otras cuestiones que no se ven.
“No todos aprendemos igual. Podemos ver cuando una persona está en silla de ruedas, pero ¿sabemos cómo aprenden nuestros estudiantes? (Porque) todos aprendemos de manera diferente”, planteó.
La necesidad de contar con más información sobre los estudiantes es un tema que llevó a realizar cambios recientemente en la Utec. El 1º de noviembre esta universidad abrió un nuevo período de preinscripciones para las carreras que inician en marzo de 2024 y estrena un nuevo formulario de inscripción —que se aplicó primero como un piloto en 2021 y ahora se extiende a toda la institución— que incluye conceptos vinculados a discapacidad y perspectiva de género y da a conocer otras particularidades de las personas.
“Cuando hablamos de inclusión nos referimos a la posibilidad de que esa persona continúe sus estudios a nivel universitario. Y como la educación es un derecho humano, todos tienen derecho a continuar con sus estudios. Esto nos permite trabajar desde el comienzo atendiendo las situaciones particulares. Ese es el abordaje integral”, indicó Sosa.
El formulario permitirá “anticipar trayectorias de aprendizaje”, destacó, y señaló que apunta a los “aprendizajes personalizados”. Definió esto como “una herramienta muy potente” que implica entre otros aspectos el acompañamiento de las coordinaciones psicopedagógicas y de todo el cuerpo docente, así como superar barreras edilicias, culturales o geográficas.
El director destacó que contar con esta información brinda la posibilidad de anticiparse. “Desde allí podemos apoyar los aprendizajes de cada una de las personas, una vez que estas manifiesten distintos tipos de necesidades, ya sean visuales, de sonido o de la logística interna de los salones, por ejemplo”, indicó.
Otro escenario donde se puede adaptar el entorno de aprendizaje son las clases con concepto de “aula invertida”, donde se subtitulan todos los materiales. Para Sosa el desafío está en lograr aprendizajes personalizados: “La clave está en cómo trabajar con cada uno de los estudiantes, porque eso es lo que te asegura la calidad educativa”.
“Ajustes razonables”
El Centro de Formación en Educación cuenta con un protocolo de actuación que se aprobó en 2020 y tiene orientaciones generales para actuar, pero estas deben ser ajustadas a las problemáticas concretas. Martinelli las denomina “ajustes razonables”.
“No son adecuaciones curriculares porque la idea es que exista un razonable equilibrio entre lo que tienen que hacer los docentes y las instituciones para generar las mejores condiciones normativas de acuerdo con cada situación”, comentó. Dentro del centro hay cuatro dispositivos de trabajo que abordan estos objetivos. La Udelar también cuenta con trabajo en este sentido. De cualquier modo, todos coinciden en que es necesario seguir profundizando la tarea.
“Los docentes reclaman formación. Se sienten solos. No tienen herramientas para trabajar con la inclusión educativa y tienen que improvisar. Esto recae en la calidad educativa”, comentó Lía Fernández con base en las investigaciones que lideró dentro de Udelar en la temática. Contó que existen “muchos emprendimientos” en marcha y que algunos centros de la Udelar en el interior “se han convertido en grandes innovadores de la inclusión educativa” con adecuación curricular y formación docente, pero se trata de experiencias “aisladas”. Mientras, “los gestores y hacedores de políticas manifiestan que la inclusión educativa es un gran agujero negro que tiene la universidad”, resumió.
Fernández ha investigado en la temática para conocer la realidad dentro de la Udelar. “Es un desafío para toda institución de educación superior investigar en estos temas. Si no lo hacemos, podemos hacer muchísimos emprendimientos sin conocer la realidad de la situación”, opinó.
Esto implica ir a los centros para “convivir y acompañar a los universitarios en situación de exclusión” y también tomar en cuenta a aquellos jóvenes que han intentado acercarse a la educación superior y han quedado afuera. “Ahí es cuando empezamos a conocer la situación de exclusión de las personas, para avizorar después la inclusión. Si no lo hacemos así, seguimos repitiendo un discurso histórico de inclusión educativa”, indicó Fernández, y subrayó que conocer la realidad implica conocer las barreras al detalle para luego actuar en consecuencia.
Una de las primeras conclusiones que extrajo de sus investigaciones es que no existe una base común sobre educación inclusiva. “Cuando hicimos las primeras investigaciones ya vimos que dentro de esta macrouniversidad hablamos en idiomas diferentes cuando hablamos de educación inclusiva. Gestores, docentes y estudiantes tienen grandes diferencias en los marcos conceptuales”, destacó. Además, fueron los estudiantes quienes manifestaron que tienen los marcos conceptuales más actualizados.
En cuanto a accesibilidad, el Centro de Formación en Educación tiene 32 institutos y un plan de adecuación edilicia que poco a poco se propone poner a punto las diferentes locaciones.
La Utec incorporó psicopedagogos, cuenta con programas de tutorías entre pares y también seguimiento del estudiante y una comisión de diversidad para apoyar en la continuidad educativa. Esta institución cuenta con 11 sedes en el interior del país en las que se imparten clases. Muchas de ellas tenían originalmente otras funciones, como la sede de Fray Bentos, que se encuentra dentro de lo que era el Frigorífico Anglo, o la de Durazno, que antes era un hospital. Todo esto implica un desafío para el equipo de infraestructura y arquitectura en el propósito de convertirlos en accesibles. Actualmente todos los edificios fueron adaptados y cumplen con la normativa con presencia de rampas, ascensores, entre otros.
