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“Ante la emergencia sanitaria, para cuidar la salud de todos solicitamos especialmente desde el Ministerio del Interior evitar aglomeraciones que puedan aumentar el riesgo de propagación de la enfermedad”. Palabras más, palabras menos, ese es el exhorto que desde fines de marzo la Policía Nacional repite cada vez que arriba a un espacio público donde hay gente denunciada por incumplir los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. El ministerio informó que el fin de semana realizó más de 350 operativos de ese tipo y solamente en uno no se hizo caso al pedido. El hecho culminó con tres policías heridos, once detenidos, denuncias de abuso y un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que generó una dura respuesta oficial de la Cancillería.
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El domingo 1º, cerca de las 23:00, la Policía se enfrentó a un grupo de personas reunidas en la Plaza Seregni. Los involucrados aseguran que, sin diálogo ni razón de por medio, la Policía inició arrestos y disparos de goma durante un encuentro dominical que transcurría en calma. El Ministerio del Interior afirmó que los oficiales fueron enviados ante denuncias de vecinos al 911 por aglomeración y ruidos molestos. Al llegar leyeron el exhorto; como no hubo ánimo de dispersión, bajaron de los patrulleros y fueron insultados y agredidos, lo que los obligó a disparar armas no letales para controlar el problema.
“No hubo ningún tipo de abuso policial. Defendemos el trabajo policial porque fue profesional ante una concentración de gente que incumplía las normas”, explicó en conferencia de prensa Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.
El episodio se sumó a otras acusaciones de abuso policial que desde el inicio de gobierno se han hecho ante la Justicia y de manera informal en redes sociales. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, ha aceptado responsabilidad y argumentos en dos casos concretos ocurridos en Montevideo: un policía que en junio mató al perro de una persona en situación de calle y otro que en julio usó una picana eléctrica al detener a un delincuente. Larrañaga entiende que el resto de los reclamos obedecen a un relato de la oposición para fogonear un enfrentamiento entre la Policía y la ciudadanía, relato que considera debilitado por denuncias respaldadas por dirigentes de izquierda que luego quedaron sin fundamento, entre ellas la de un funcionario municipal y un malabarista falsamente golpeados durante dos operativos policiales en la capital.
“Es irresponsable utilizar el accionar policial cuando busca ejercer control, para provocar, artificialmente, la sensación de desborde y abuso. Seguirán buscando y seguirán sin encontrar un gobierno que promueva abusos. En la Plaza Liber Seregni no hubo nadie ni herido ni lesionado salvo tres policías actuantes”, escribió el ministro el martes 3 en su cuenta de Facebook.
Desde el Frente Amplio consideran que, pese a las denuncias archivadas, existe de fondo una política “represiva” de la Policía apalancada por las autoridades del ministerio y dirigida especialmente “a jóvenes, minorías y colectivos culturales”, según un comunicado difundido esta semana. Por eso interpelará a Larrañaga, una posibilidad que estaba en debate y finalmente terminó por decidirse luego de lo ocurrido en la Plaza Seregni, aunque no fue mencionada por los senadores de izquierda entre los argumentos esgrimidos para la interpelación.
Más allá del intercambio entre la posición política del Frente Amplio y la estrategia de seguridad del gobierno, la Policía analiza el rol que organizaciones radicales puedan tener ante acciones policiales de rutina y en específico en acontecimientos como el del fin de semana. Fuentes del gobierno indicaron a Búsqueda que se trabaja en el tema porque se intuye que algunos buscan generar una “chilenización” de la protestal social”. En julio Álvaro Garcé, director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, dijo a Búsqueda que, con el cuidado legal de no intervenir en la vida interna de los partidos políticos y los movimientos sociales, el Poder Ejecutivo hace un monitoreo de diversos colectivos. “Nosotros, a priori, no dejamos de analizar ningún elemento de información. Por definición esa es la esencia de la inteligencia”.
La Dirección General de Información e Inteligencia Policial estudió imágenes de cámaras de seguridad del domingo 1º en la Plaza Seregni para confrontarlas con su base de datos y ver los movimientos de los involucrados. Al día siguiente diversas organizaciones sociales se congregaron en el lugar para protestar por el operativo policial y el “recorte de libertades” que impulsa el gobierno. Entre los asistentes se destacó Irma Leites, referente de Plenaria, Memoria y Justicia, pero también había integrantes de un colectivo anarquista que se reúne a pocas cuadras de la plaza. Se trata del grupo conocido como La Solidaria, desalojado en 2017 de una casa ubicada en Daniel Fernández Crespo y Cerro Largo en donde se reunían y ofrecían talleres.
En el pasado período de gobierno la Policía detectó la infilitración de organizaciones radicales en desmanes y agresiones ocurridos durante festejos deportivos, marchas estudiantiles y manifestaciones ambientales.