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“Agentes”. Con ese término, los servicios de inteligencia denominaban a los informantes. Recibían pagos por pasar datos sobre personas seleccionadas, antes del golpe de Estado de 1973, durante la dictadura militar y también después. Sus registros quedaban por escrito en informes bajo seudónimos que al día de hoy podrían ser rastreados.
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Así lo relataron el ex preso político Jorge Tiscornia y María del Carmen Martínez, integrante de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, ante la Comisión Investigadora sobre Espionaje en Democracia de la Cámara de Representantes. Ambos fueron contratados en 2007 por la entonces ministra de Defensa, Azucena Berrutti, para digitalizar la información que la jerarca había confiscado en el Centro de Instrucción de Oficiales de Reserva.
El 8 de mayo, Tiscornia y Martínez asistieron a la Comisión y repasaron su trabajo en el Ministerio. La información que digitalizaron es inabarcable: equivale a 12.000 libros de 250 páginas cada uno que, según relataron, a un promedio de un libro por día, les llevaría 20 años procesarla. Sin embargo, con lo que pudieron relevar les dio la certeza de que “la inteligencia militar seguía actuando” en democracia sobre los partidos políticos y sobre las personas, dijeron a Búsqueda diputados presentes en la sesión.
La Comisión Investigadora se creó por iniciativa del Partido por la Victoria del Pueblo y el Partido Comunista luego de que el semanario “Brecha” publicara en setiembre fragmentos de informes elaborados por los peritos Isabel Wschebor y Álvaro Rico a partir del análisis del archivo requisado el 2 de octubre de 2015 en la casa del ex jefe de la División I de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie), Elmar Castiglioni, que confirmó la existencia de una red de espionaje en democracia.
En ese marco, la ex ministra Berrutti asistió a la Comisión y allí contó detalles sobre otra gran cantidad de expedientes con información de Inteligencia que ella incautó en 2007 de un local del Ejército. Para digitalizar ese material fueron contratados Tiscornia y Martínez.
A Tiscornia le llamaron la atención 10 rollos envueltos en papel de embalaje, sellados y con cinta adhesiva. Encontró informes de “agentes”, así como otros documentos donde quedaba constancia del pago por sus servicios y vio cómo se los identificaba a través de seudónimos. No aparecen nombres, salvo en algunos casos donde las referencias permiten dar fácilmente con las personas. El ex preso político lo atribuye a “errores” de los informantes.
Ambos dieron algunos ejemplos de lo que hallaron y les llamó la atención. Hay registros, según dijeron los diputados, de intentos de contactos, por ejemplo con el integrante del Movimiento de Liberación Nacional (MLN–Tupamaros) Julio Marenales, para volverse un allegado a él. También agentes que realizaban guardia en locales del MLN–T, otros que informaban desde adentro del Partido Nacional y otros que aportaban datos de algunas personas seleccionadas.
Los objetivos variaban de acuerdo con el momento. Destacan la cantidad de documentos para obtener información sobre hechos en fechas que coinciden con la discusión del referéndum celebrado en 1989 para derogar la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, una amnistía para militares y policías, que finalmente fracasó.
Otro ejemplo que pusieron sobre la mesa fue un documento firmado por el coronel Ramón Trabal en 1971, donde informa que la esposa de un general era frenteamplista, como prueba del tipo de seguimiento, y cómo también Inteligencia llevaba un control al interior de las Fuerzas Armadas y los vínculos de sus integrantes.
Ambos resaltaron que “hay informaciones que exceden bastante” a 1985, cuando finalizó el período de facto. Martínez, según los legisladores, fue contundente al describir los mecanismos de los servicios de inteligencia. Ya en democracia, dijo que “se seguía haciendo inteligencia sobre políticos, sobre militares” y en las manifestaciones. “Se ve a ‘fulanito’, a ‘menganito’ y se arma una ficha de esas personas”, explicó la integrante de la organización civil. Y relató que “se puede decir que existen fichas” hasta el año 2000.
Los legisladores informaron que Tiscornia y Martínez aseguraron haber visto informes de “agentes” sobre un militante de un grupo político, de una seccional del Partido Comunista, del Partido Colorado y que esas personas “por equis razón seguían dando información en democracia a su manipulador”. Unos 20 rollos de más de 2.000 fotos cada uno tratan sobre este tipo de informes.
La experiencia personal de los ex asesores sumada al análisis —superficial por lo inabarcable— de los documentos que les pidió digitalizar Berrutti les dejó una sencilla y contundente conclusión. Así se lo transmitieron a los legisladores: “El control de las Fuerzas Armadas sobre la sociedad civil existió, existe y seguirá existiendo”.
