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    lunes 10 de junio de 2024

    Intendencia de Artigas sigue contratando a empresa cuestionada por la “junta anticorrupción”

    Según datos del Registro Único de Proveedores del Estado, desde 2013 la firma fue elegida 33 veces por la comuna, 29 bajo la administración de Caram

    Cuatro años después de que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) emitiera un dictamen observando al intendente de Artigas, Pablo Caram, por las reiteradas contrataciones a una serie de empresas, el gobierno departamental que el nacionalista dirige continúa eligiendo de forma reiterada a al menos a una de ellas. Algunas de las resoluciones que dan cuenta de estas contrataciones, a su vez, han sido observadas por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR).

    La empresa Jiménez Felice Rodrigo, una unipersonal de Rodrigo Jiménez, había sido mencionada en numerosas oportunidades en el informe que la Jutep realizó en enero de 2020, debido a la gran cantidad de contrataciones que había tenido ya en aquel momento con la comuna. Además, se mencionaba que el apoderado de la firma, según datos del Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, era Emiliano Soravilla Pinato, actual secretario general del gobierno departamental.

    Soravilla ingresó a la intendencia por designación directa y ocupó varios cargos de confianza allí: desde asesor en secretaría, pasando por secretario personal del intendente Caram, a su actual cargo de secretario general, que asumió en febrero de 2023. En el informe de la Jutep se marcaba que desde que había ingresado en febrero de 2020, su salario se había multiplicado por 4,32. El documento también señalaba que en total Jiménez Felice Rodrigo había obtenido 23 licitaciones, ocho con ampliaciones, por un total de $ 120.150.995. La Jutep constató fraccionamiento de las compras en algunas licitaciones abreviadas de 2016 y 2017.

    En esa línea, según datos del Registro Único de Proveedores del Estado a los que accedió Búsqueda, Jiménez Felice Rodrigo fue contratada por diversos organismos del Estado 38 veces entre 2013 y la fecha actual, de las cuales 33 fue con la Intendencia de Artigas, y 29 bajo la administración de Caram.

    El informe que emitió la Jutep en 2020 concluyó que Soravilla violentó los principios de “probidad”, “legalidad” y “transparencia”; además de un “incumplimiento de la obligación de efectuar la declaración jurada de implicancias”, por ser apoderado de Jiménez Felice Rodrigo y Prenorte SRL, sin haber advertido formalmente a la Intendencia de Artigas de su vinculación.

    Por estas y otras contrataciones, el entonces edil colorado Francisco Bandera realizó una denuncia penal en su momento, que quedó en principio a cargo del fiscal Raúl Iglesias. La causa luego fue tomada por otro fiscal, Federico Rodríguez, que es quien también investiga las presuntas irregularidades denunciadas por el pago de horas extras en la misma comuna.

    La denuncia de Bandera involucraba también al entonces contador de la Unidad de Proyectos de la intendencia, Omar Bicera, hermano de Martín Bicera, uno de los representantes, junto con Jiménez, de Pedrera del Norte SRL, otra de las empresas cuestionada por la Jutep.

    El informe de la Jutep señalaba que si bien Omar Bicera se había negado a participar en las licitaciones en las que fue elegida la empresa de su hermano, esto en realidad tampoco se “ajusta a la normativa vigente” porque esas situaciones no deben quedar “a criterio de los implicados”, sino que se exige la “explicitación formal de los vínculos e implicancias existentes”.

    Tanto Caram como Soravilla dijeron en una nota publicada por El Observador en 2020 que hubo “intencionalidad política” en el informe elaborado por la Jutep. El secretario general incluso explicó a Búsqueda que él fue “apoderado de esa empresa para hacer un trámite específico” (como es la inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado) cuando era estudiante y trabajaba como gestor. Sin embargo, aseguró que después de eso no tuvo “ninguna vinculación” con la firma “en nada”.

    “Fue solo para ese trámite. Lo decía el poder. Cuando queda hecha la inscripción en el registro se agota el trámite y no tengo más que hacer. Como el trámite solo se hacía en Montevideo me otorgaron ese poder en calidad de gestor. Tuve varios poderes de otras empresas para lo mismo”, aseguró. El secretario general sostuvo además que si bien el poder queda registrado en el sistema, él no dispone de facultad alguna para representar a la firma más que en ese trámite, “que se agotó al momento de quedar hecha la inscripción muchos años antes de ocupar cargo público”.

    Observaciones

    Según indica una resolución del TCR formulada el 10 de enero, a la que accedió Búsqueda, en setiembre de 2023 el intendente de Artigas decidió ampliar un contrato celebrado con la empresa Jiménez Felice Rodrigo para realizar obras de infraestructura vial y pluvial en el barrio Tropezón, ubicado en Bella Unión, por un monto de $ 53.034.169. El 85% de las obras serían financiadas por el Fondo de Desarrollo del Interior, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el 15% restante por la comuna. Un mes después, el TCR resolvió observar el gasto vinculado a la ampliación por “derivar de un procedimiento observado por razones de legalidad insubsanables y por falta de disponibilidad”.

    Pese a eso, Caram dispuso reiterar el gasto observado para la ampliación de la licitación en un 64%, al argumentar “la necesidad y la urgencia manifiesta” por la intendencia para concretar el proyecto. Pero el TCR entendió que los argumentos expresados por la comuna no referían a las causales de legalidad que dieron lugar a la observación del gasto, por lo que resolvió mantener su postura.

    La resolución en cuestión del TCR del 25 de octubre de 2023, a la que también accedió Búsqueda, señalaba que al momento de autorizar el llamado a licitación en 2022 —que luego fue adjudicada a Jiménez Felice Rodrigo por un monto de $ 84.634.138— el intendente había aprobado una “adenda” a las bases, “modificando algunas especificaciones técnicas y el plazo total” de terminación de las obras. Además, se había observado el gasto “por apartarse el pliego del plazo de dos días hábiles” previsto en el Tocaf, “por establecer un criterio subjetivo de adjudicación” y por “no adjuntar información contable”. De todas maneras, el intendente decidió reiterar el gasto y solicitar posteriormente la ampliación de la licitación, observada por el organismo, además, por falta de disponibilidad presupuestal.

    Información Nacional
    2024-05-01T21:51:00