La Intendencia de Montevideo (IM) promulgó el año pasado un decreto que establece nuevas reglas para los locales nocturnos, desde bares y restaurantes hasta discotecas, salones de fiestas, cines, teatros y circos. Uno de los principales objetivos de la comuna es controlar los horarios de actividad para mitigar los ruidos molestos, que generan choques con los vecinos. Pero ese no es el único fin.
La nueva normativa hace también énfasis en el acceso a los boliches y busca prevenir la discriminación de los potenciales clientes, que a veces quedan sujetos a una “selección” en la puerta de entrada.
Según dijo a Búsqueda el prosecretario de la IM, Christian Di Candia, la administración recibe en forma frecuente denuncias de personas a las que se les negó el ingreso a un local nocturno. En ese aspecto, afirmó, Montevideo parece más problemática que otras ciudades del mundo donde “tienen una disposición a la diversidad mucho mayor”.
Para tener un mejor control sobre estas prácticas, la regulación del decreto —que está en proceso de elaboración— exigirá, entre otras medidas, que se coloquen cámaras de video en las entradas de los diferentes establecimientos, de forma de contar con pruebas ante eventuales denuncias por discriminación.
“Siempre está la versión del que se siente discriminado porque no lo dejaron entrar al boliche, y la versión del local que te dice, por ejemplo, que ya estaba lleno. Esta situación es muy difícil de comprobar y lamentablemente sucede mucho”, afirmó Di Candia.
La comuna aún tiene pendiente definir qué tipo de cámara se colocará, cuánto tiempo deberá grabar, quién accederá a esa filmación y cómo se protegerán los datos personales, entre otros aspectos técnicos.
Según el decreto, las cámaras de videovigilancia deberán instalarse en todos los accesos “a efectos de auxiliar en materia de fiscalización del cumplimiento de las disposiciones”. Al mismo tiempo, todos los negocios que opten por establecer criterios específicos que limiten el acceso del público deberán informarlos de forma visible en un cartel ubicado en el lugar de ingreso.
“No se admitirán” criterios discriminatorios, dice el decreto, como cualquier distinción “por motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, etnia-raza, color de piel, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza”.
De comprobarse un incumplimiento, se sancionará al local con una multa de 20 unidades reajustables. Y en caso de reincidencia, se determinará la clausura por siete días corridos, llegando incluso al cierre definitivo.
Falta de garantías
En la actualidad no existe un registro de la cantidad de denuncias presentadas por casos de discriminación en la puerta de locales nocturnos, ya que no hay una institución que centralice esa información. Igualmente, numerosos casos de racismo, xenofobia o discriminación sexual han tenido difusión pública en los últimos años.
La semana pasada llegó a través del Buzón Ciudadano de la IM la denuncia de una mujer trans a la que se le prohibió la entrada a un baile dirigido a la comunidad LGBTI, el 8 de marzo, tras las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer. Al parecer, los guardias se refirieron a su condición como un impedimento, alegando que era una fiesta privada aunque se le había dado difusión masiva.
“La mayoría de las denuncias se hacen a través de las redes sociales y no llegan a formalizarse. Solo se presentan alrededor de un 30%, pero un 70% queda por fuera, por más que uno sepa que efectivamente algo sucedió”, dijo a Búsqueda Andrés Scagliola, director de la Secretaría de la Diversidad de la IM.
Según el jerarca, hoy hay un cierto descreimiento sobre el resultado que se logra al denunciar este tipo de casos. Si bien con la creación de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación se buscaba que existiera un lugar que centralizara estos reclamos, el no contar con un equipo técnico, ni tener atribuciones ni competencias sancionatorias, “fue menguando la credibilidad del mecanismo”, opinó Scagliola.
La Defensoría del Vecino tampoco instaló ningún instrumento de denuncia que dé una respuesta rápida, agregó, y la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), por otro lado, tampoco puede aplicar sanciones.
“Falta en Uruguay una institución autónoma que tenga equipos técnicos suficientes, y capacidad de accionar” ante casos de discriminación, afirmó. “Hay múltiples espacios con escasa competencias y eso es como un pez que se muerde la cola: si denuncio, hago pública una situación con todo lo que eso implica y luego no pasa nada. Eso desalienta al resto”, sostuvo.
Derecho de admisión
Hoy la mayor parte de las denuncias se hacen en la INDDHH, pero tras una seguidilla de casos sucedida hace dos años, no se registraron cifras significativas al respecto, dijo a Búsqueda el director del organismo, Juan Faroppa. Sin embargo, el jerarca aseguró que hoy trabajan en coordinación con la Junta Departamental de Montevideo y la Defensoría del Vecino en una propuesta para regular el llamado derecho de admisión en los boliches de la capital. “La idea es analizar la posible regulación de este tema mediante un decreto de ley, para incorporarlo en el digesto municipal”, explicó.
La asesora jurídica de la Defensoría, Adelaida Entenza, dijo a Búsqueda que uno de los aspectos que se tuvo en cuenta para trabajar la regulación, es que el derecho de admisión no existe como tal. “Hay motivos por los cuales se prohíbe el ingreso a las personas, que están en contra de los marcos normativos que nos rigen. Eso no es un derecho de admisión, ahí se está hablando de discriminación”, afirmó.
El fin fue trabajar una normativa que establezca criterios concretos acerca de lo que los propietarios pueden hacer, evitando el ámbito de la discriminación y de la vulneración del derecho a la igualdad. Ya existen algunos borradores, pero el decreto aún se encuentra bajo consideración, confirmaron a Búsqueda desde la Junta.
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