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Como legislador en la Cámara de Representantes de Texas, el actual embajador de Estados Unidos en Uruguay, Kenneth George, conoció de primera mano los inicios de la reforma del sistema penal de ese estado. Meses después de finalizar su período, el gobierno estatal comenzó a aprobar distintos paquetes regulatorios que establecieron medidas alternativas a la prisión, se focalizaron en el tratamiento de drogas, generaron diagnósticos individualizados, disminuyeron la construcción de cárceles y diseñaron programas para que delincuentes primarios tuvieran lugares y métodos distintos al de los reincidentes.
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Los cambios parecen haber dado resultado, con una contundente disminución en la tasa de delitos y ahorro de fondos públicos que estaban previamente asignados a infraestructura carcelaria. Además de intentar ser emulada en otros estados de Estados Unidos, la reforma texana despertó el interés de Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario en Uruguay, quien hace un año se puso en contacto con la Embajada de Estados Unidos. Del otro lado encontró en el embajador George a un interlocutor dispuesto, y tras conversaciones entre distintos organismos, el jueves 10 iniciaron el paso inicial para un trabajo conjunto.
“Es un día muy especial y estoy especialmente agradecido de que pueda ayudar a armar y a reunir a los equipos exitosos que han trabajado la reforma penal en Estados Unidos”, valoró George al abrir un evento organizado por el comisionado en ocasión del Día de los Derechos Humanos. “Es realmente una coincidencia maravillosa que yo sea el embajador en este momento en que el nuevo gobierno ha dado un impulso para lograr cambios materiales y mejoras en el sistema de justicia penal y en el sistema penitenciario en el país”, agregó en referencia a su rol público en el pasado durante la reforma penal de Texas.
En el evento participaron la vicepresidenta Beatriz Argimón, legisladores y un equipo de empresarios y técnicos estadounidenses que trabajó en Texas y promociona cambios similares en otras partes de Estados Unidos y del mundo. Su cara visible fue Doug Deason, un millonario nacido en Texas, vecino del expresidente George W. Bush, miembro del Partido Republicano, seguidor de Donald Trump y generoso donante en su exitosa campaña presidencial de 2016. Deason es presidente de Deason Capital Services, LLC, una compañía de inversiones impulsada por la venta de una empresa de computación que en 2010 su padre hizo a Xerox. Además de acciones en Xerox, el grupo invierte en bonos públicos, fondos de deuda y las industrias inmobiliaria, del entretenimiento, el petróleo y el gas, entre otros negocios.
Apalancado en su fortuna, Deason se ha convertido en un abierto defensor de la reforma penal en Texas y uno de los principales responsables de que el gobierno estatal continúe aprobando legislación en la materia, interesado especialmente en que los cambios se trasladen a nivel nacional.
La vía de este activismo es Right on Crime, un proyecto creado en 2007 “que respalda soluciones conservadoras para reducir la delincuencia, restaurar a las víctimas, reformar a los infractores y reducir los costos para los contribuyentes”, según define su sitio web. Es parte de un proyecto aún más abarcador llamado Texas Public Policy Foundation, un think tank de ideología conservadora que tiene como meta la libertad, la responsabilidad personal y la libre empresa.
“Trabajamos en 32 estados y en siete países ahora, incluyendo a Uruguay”, destacó Deason en la charla por Zoom del jueves 10, al hablar de Right on Crime. “Es un honor que ustedes nos pidan que nos involucremos. Agradezco especialmente a la vicepresidenta y a los senadores, y espero que aprendamos muchas cosas juntos. De ninguna manera quiero que piensen que sabemos todo y tenemos todo ya resuelto, pero hemos progresado y es notable la semejanza de la situación de Texas a la de ustedes en cuanto a las prisiones”, valoró.
Texas Tough
El evento organizado por el comisionado parlamentario penitenciario tuvo el objetivo de presentar a tomadores de decisión de ambas partes. La intención de Petit es crear “una línea de trabajo parlamentaria” a través de un convenio o programa de intercambio. “La idea es trabajar mucho con esto. En cuanto puedan viajar a Uruguay, los especialistas de Texas van a venir. Los legisladores uruguayos están recibiendo material y regulaciones hechas en Texas. No es que el de Texas sea un modelo a copiar enteramente, pero tiene un conjunto de herramientas muy interesantes y hay que ver y estudiar cuáles se pueden usar y traducir a Uruguay. Ya lo hablamos con legisladores y también con el Poder Judicial, o sea que de a poquito se busca armar un conjunto de gente para ver qué herramientas se pueden tomar para el sistema uruguayo”, explicó Petit a Búsqueda.
En el evento, Petit calificó como “impactante” y “fenomenal” la reforma penitenciaria de Texas por lograr bajar la población penitenciaria y las cifras de delito. Agradeció especialmente al embajador George por ser “el puente” para los diálogos entre ambas partes. A nivel del gobierno norteamericano, las reuniones fueron encabezadas por Eric Green, consejero de Asuntos Políticos y Económicos de la embajada en Montevideo. Además de con Petit, la embajada mantuvo encuentros con integrantes de la Comisión Especial de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores y con autoridades del Ministerio del Interior, que a través del Instituto Nacional de Rehabilitación está a cargo de gestionar todo el sistema penitenciario. El ministerio comunicó que por ahora iba a limitarse a estudiar la experiencia texana.
La reforma penal de Texas logró que los porcentajes del presupuesto destinados a la construcción y operación de las prisiones del estado se reencauzaran a reforzar la libertad condicional y otras alternativas al encarcelamiento, ya que infractores no violentos de bajo riesgo eran generalmente enviados a prisión por falta de alternativas efectivas. Se aprobaron además distintos presupuestos que expandieron los programas para tratamiento por abuso de sustancias. Un cambio abrupto de un sistema históricamente diseñado para el castigo y cuyas bases son repasadas en un libro de 2010 titulado Texas Tough, del historiador Robert Perkinson. “Hoy justamente lo que les interesa es comunicar y enseñar una imagen diferente: que ese estado recio, implacable de Texas, conocido por la pena de muerte, por las unidades de supermáxima seguridad, por el aislamiento, pudo incursionar con éxito en temas de derechos humanos”, concluyó Petit.
