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En la tercera reunión de las autoridades de los tres organismos responsables de llevar adelante la reforma penal, el clima fue más distendido. Aunque mantienen discrepancias sobre la evaluación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), los titulares del Ministerio del Interior, la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General lograron ponerse de acuerdo en un asunto clave: limitar las polémicas libertades vigiladas, que habilitan a los delincuentes a cumplir parte de la pena fuera de la cárcel.
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El lunes 13 el ministro Eduardo Bonomi, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, y el ministro de la Corte, Jorge Chediak, se reunieron para continuar las conversaciones sobre el CPP. Habían tenido una primera reunión en febrero y una segunda en abril. El objetivo de los encuentros es ajustar problemas de funcionamiento en la implementación de la reforma y, además, elaborar una propuesta conjunta con modificaciones al código para enviar al Parlamento. De todos modos, aún no está claro si las tres partes lograrán ponerse de acuerdo y es posible que la fiscalía y el ministerio presenten proyectos separados, según dijeron a Búsqueda varias fuentes al tanto de las conversaciones.
Pero sí hubo un avance concreto en esta tercera instancia, en relación con uno de los aspectos que más inquietaba a Bonomi. Durante el encuentro en febrero, el ministro había planteado su preocupación por un uso que entendía excesivo de las libertades vigiladas.
Las libertades vigiladas “quedarían excluidas de los delitos graves, no podrían ser objeto de acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa, y solamente las podría disponer el juez de Ejecución”, precisó el ministro Chediak.
El nuevo CPP habilita a los fiscales a firmar acuerdos con los delincuentes que confiesen, a cambio de una condena más leve. Pero además, en muchos casos los fiscales negocian que una parte de la condena se cumpla en la cárcel y otra en libertad vigilada, en aplicación de un instituto incorporado por la Ley Nº 19.446. Para Bonomi, las llamadas “penas mixtas” son problemáticas, porque superponen dos beneficios.
Según estimaciones del ministerio, durante 2019 unos 4.000 presos pasarían a cumplir la pena en libertad vigilada debido a los acuerdos realizados. El ministerio teme que un porcentaje de los liberados reincida, y que eso repercuta en un aumento de los delitos (Búsqueda Nº 2.011).
La Fiscalía no comparte las proyecciones del ministerio, y alega que no hace más que aplicar una ley que fue impulsada por el propio Bonomi. En una entrevista con Búsqueda, Díaz afirmó que “se ha intentado asociar la libertad vigilada con el CPP, pero no tiene nada que ver, porque es una ley anterior”. Y añadió que el uso del beneficio que hacían los fiscales no era “ilegal”. “Si no se quiere que se utilice ese instituto, que se modifique”, concluyó (Nº 2.012).
Luego de un profuso debate mediático sobre el tema, las autoridades alcanzaron el lunes un acuerdo y propondrán que se limiten las libertades vigiladas. Según indicaron las fuentes, la idea —que deberá aprobar el Parlamento— es que ese instituto no pueda usarse en procesos abreviados. Cuando los fiscales acuerden una pena con la defensa, esta deberá cumplirse en su totalidad en la cárcel.
“Hay principio de acuerdo para modificar la libertad vigilada”, confirmó Díaz a Búsqueda.
Las libertades vigiladas “quedarían excluidas de los delitos graves, no podrían ser objeto de acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa, y solamente las podría disponer el juez de Ejecución”, precisó el ministro Chediak.
Los juzgados de Ejecución son los que monitorean el cumplimiento de las sentencias. Una vez que el condenado está en la cárcel, un juez de Ejecución puede evaluar que su conducta u otras circunstancias ameriten que cambie a un régimen de libertad vigilada. Pero, si la modificación legal prospera, no será algo que pueda acordarse previamente por el fiscal.
Cambios
Aún están en discusión otras modificaciones al código impulsadas por el Ministerio del Interior. Bonomi presentó durante la reunión del lunes un anteproyecto de ley que reúne varios cambios que entiende necesarios. A su vez, la Fiscalía dijo que tenía una propuesta propia, la cual, según las fuentes, plantea ajustes menos drásticos.
La iniciativa del Ministerio del Interior propone acotar el rango de delitos que pueden tramitarse mediante proceso abreviado (sin ir a juicio), indicaron los informantes. En ese sentido, sugiere sustituir el criterio actual —que toma en cuenta la tipificación del delito— por uno que tenga en cuenta la pena solicitada por el fiscal, que no podrá ser superior a los cinco años.
Otro cambio propuesto es que los jueces, que hoy se limitan a controlar que los acuerdos entre fiscales y defensores respeten los requisitos formales, puedan declararlos inadmisibles si entienden que no hay suficientes pruebas contra el imputado o que la pena acordada es inadecuada para la gravedad del caso.
El proyecto también establece límites más estrictos para las rebajas de pena que pueden ofrecer los fiscales (en algunos delitos graves no podrá ser menor a la mínima prevista en el Código Penal).
Consultado por Búsqueda, Díaz dijo que por el momento “no hay acuerdo para modificar el CPP”, y aseguró que se habló del tema “en forma muy genérica y sin ingresar al estudio de un proyecto” concreto.
“Solo hay preacuerdo sobre la limitación de la libertad vigilada. El resto está en etapa de análisis”, agregó Chediak.
Bonomi, Díaz y Chediak —que sustituyó a la ministra Bernadette Minvielle como representante de la Corte en las reuniones— acordaron volver a encontrarse el 11 de junio para continuar las conversaciones.
