El altísimo porcentaje de delitos que se resuelven a través de acuerdos entre los fiscales y los abogados defensores preocupa a legisladores, académicos y operadores del sistema de Justicia. Tras la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), solo el 3% de los casos llega a juicio oral, y el resto se tramita mediante vías alternativas, como los procesos abreviados, en los que los fiscales negocian penas más leves a cambio de una confesión.
Una de las razones que se esgrimen para explicar el bajo porcentaje de juicios orales es que son demasiado engorrosos y que es difícil que las víctimas y los testigos estén dispuestos a declarar ante un juez, menos aun meses después del hecho. Por otra parte, desde la Fiscalía advierten que es necesario que el grueso de los casos se resuelva por vías alternativas, ya que no hay recursos suficientes para aumentar la cantidad de juicios, que implican un gasto considerablemente mayor de tiempo y funcionarios.
Una de las razones que se esgrimen para explicar el bajo porcentaje de juicios orales es que son demasiado engorrosos y que es difícil que las víctimas y los testigos estén dispuestos a declarar ante un juez, menos aun meses después del hecho.
Ante esta situación, en ámbitos judiciales y legislativos se discute la posibilidad de incorporar otra alternativa para juzgar los delitos: un “juicio simplificado” que conste de menos etapas y que deba resolverse en un plazo breve. Así, determinados crímenes considerados demasiado graves como para resolverse en una negociación entre las partes, podrán contar con la intervención de un juez sin necesidad de llegar a la instancia del juicio ordinario que prevé la legislación actual.
Según dijeron a Búsqueda varias fuentes consultadas, la propuesta cuenta con el beneplácito de legisladores, académicos y representantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Sin embargo, no convence a todos los operadores, ya que hay fiscales y jueces que la ven como una “vuelta” al sistema anterior, donde los procesos se resolvían con la intervención del juez, en plazos breves y sin garantías suficientes.
La propuesta estará sobre la mesa en la reunión que tendrán, el próximo 2 de abril, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi; el fiscal de Corte, Jorge Díaz; y la ministra de la SCJ Bernadette Minvielle, dijeron a Búsqueda fuentes judiciales. Uno de los temas centrales del encuentro, que sigue a una reunión de principios de marzo, será analizar qué cambios legislativos deberán hacerse al CPP. En particular, en relación con un uso que las autoridades del ministerio y de la Corte perciben como “excesivo” de los procesos abreviados y de las libertades vigiladas (Búsqueda Nº 2.011).
Idea discutible
Un anteproyecto de ley que cuenta con el respaldo de académicos de la Facultad de Derecho estatal y que ha circulado estas semanas entre legisladores y miembros del Poder Ejecutivo propone un modelo para incorporar al código los juicios simplificados. Según dijeron a Búsqueda fuentes que analizaron la propuesta, el proyecto también plantea limitar los delitos que pueden tramitarse por proceso abreviado y que el juez pueda evaluar la “razonabilidad” de los acuerdos alcanzados.
Es que en el sistema actual, los jueces quedaron en un rol muy secundario, ya que en general se limitan a verificar si los acuerdos entre fiscales y defensores cumplen los requisitos formales. El proyecto plantea dar al magistrado la posibilidad de “controlar” y evaluar si lo que fiscalía y defensa proponen es “razonable”, haciéndose así “coresponsable” de la solución alcanzada.
Por otro lado, propone un juicio oral muy breve, en el cual se simplifican las actuaciones y se eliminan algunas audiencias, como la de control de acusación.
Consultado sobre la iniciativa, el director del Instituto de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho estatal, Alejandro Abal Oliú, dijo a Búsqueda que está de acuerdo con ese tipo de soluciones. “No es razonable que el juicio oral sea solo para el 3% de los casos”, comentó.
El docente de Derecho Procesal Gabriel Valentín coincidió. “El juicio oral es la garantía óptima, es la forma de juzgar ideal, pero obviamente supone un costo en recursos humanos, materiales y tiempo”, señaló. “Por eso surgen las vías alternativas para resolver conflictos”.
El juicio abreviado tiene una “amplitud muy grande que hace que entren casi todos los delitos del Código Penal”. Además, dijo, “puede ser cuestionable que baste el acuerdo de las partes, y que el juez no haga ningún control de la calidad de la información con la que se logró ese acuerdo”.
Debido a eso, “parecería razonable pensar en una fórmula intermedia, con un proceso simplificado”, afirmó. “Es algo que se usa en los códigos modernos, y hay ejemplos en países como Chile e Italia”, añadió. “Permite a los operadores valorar si en algún caso no es mejor ir a ese ‘minijuicio’ que a un abreviado. Hay que ver cómo delimitás cuándo juega uno y cuándo el otro, pero creo que sería una fórmula interesante, porque habría más casos que llegarían a juez”.
El fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco ya había planteado una opción similar en un trabajo académico publicado en la web de la facultad estatal en febrero. Allí, tras criticar duramente el actual sistema penal, propuso instaurar una vía procesal “simplificada” que consista en “una estructura práctica y ágil que evite la dicotomía proceso abreviado o juicio oral como las dos únicas alternativas de condena”.
En el sistema actual los jueces quedaron en un rol muy secundario, ya que en general se limitan a verificar si los acuerdos entre fiscales y defensores cumplen los requisitos formales.
La ministra Minvielle dijo a Búsqueda que ve con buenos ojos analizar ese tipo de soluciones. Un juicio simplificado es en su opinión “mucho mejor que un proceso abreviado”. Añadió que encuentra “excesivo” el uso de los acuerdos. “Es uno de los temas a estudiar”, concluyó.
Al ministro de apelaciones en lo penal y presidente de la Asociación de Magistrados, Alberto Reyes, la idea de sumar otras vías de resolución “simplificadas” no le parece buena. “No lo veo ni necesario ni conveniente”.
“El abreviado se desprestigió por la libertad vigilada, pero sin eso no habría tanto cuestionamiento sobre la supuesta benignidad de las penas”, afirmó.
“Agregar un ‘minijuicio’ va a desestimular el abreviado y me parece que es un error, porque es una herramienta absolutamente necesaria”, opinó. Reyes criticó que sería como “volver” al sistema anterior, con casos que se resolvían en “48 horas”.
“Si lo que se quiere es dar más intervención al juez, hay que explicitar (en la legislación), que el juez puede y debe intervenir con determinada razonabilidad. No es necesario crear otra estructura”, afirmó.
La jueza de Crimen Organizado Beatriz Larrieu coincidió con esa crítica. “No estoy de acuerdo” con un juicio simplificado, dijo. “Es volver a como lo hacíamos antes, todo a las apuradas en 24 o 48 horas”, agregó.
El fiscal de Corte, por su parte, declaró a Búsqueda que no se “niega a estudiar ninguna propuesta”, pero advirtió que “hay que tener mucho cuidado de que no implique una vuelta disfrazada al sistema anterior”.
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