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    Interior quiere evitar que criminales extranjeros puedan ser considerados como refugiados políticos para quedarse en el país

    Uruguay analiza dar refugio al narco croata Anastazije Martincic

    El caso es recordado porque demostró el incipiente rol del país como ruta de tráfico internacional de droga: en 2009 el croata Anastazije Martincic fue procesado con prisión tras encontrarse 2.174 kilos de cocaína en un yate amarrado en el río Santa Lucía. El barco estaba a su nombre, adquirido recientemente como parte del entramado de una organización balcánica que enviaba droga a Europa desde Sudamérica. Martincic estuvo 10 años en el Penal de Libertad, símbolo de la influencia extranjera en el negocio de la cocaína en Uruguay. Quedó libre en la primavera de 2019.

    A comienzos de mes, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consulado de la República de Croacia en Montevideo recibieron un oficio de la Justicia penal, fechado el 11 de agosto, donde se comunica la orden de expulsar del país a Martincic. Al indagar más sobre su situación, en el Ministerio del Interior se conoció que desde la cárcel había solicitado formalmente refugio a la Comisión de Refugiados, que funciona en el ámbito de la Cancillería bajo la Ley Nº 18.076.

    Fuentes oficiales dijeron a Búsqueda que, al examinar la solicitud semanas atrás, la Comisión de Refugiados votó por mayoría entrevistar a Martincic para conocer mayores argumentos sobre su pedido, dando seguimiento a las actuaciones para tomar una resolución definitiva. A la decisión se opusieron los representantes de Cancillería e Interior, en un órgano donde también hay representantes de la Universidad de la República, el Poder Legislativo y de organizaciones no gubernamentales designados por Naciones Unidas y por la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo.

    De acuerdo a las fuentes, en el Ministerio del Interior causó “sorpresa” que la Comisión de Refugiados haya aceptado continuar con el proceso debido a los “contundentes antecedentes por narcotráfico” del implicado. La Ley 18.076 de 2007 establece que será reconocida como refugiada toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de pertenencia a determinado grupo étnico o social, género, raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no quiera acogerse a la protección de tal país; también a quien ha huido de su país porque su vida, seguridad o libertad resultan amenazadas por la violencia generalizada, la agresión u ocupación extranjera, el terrorismo, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos o cualquier otra circunstancia que haya perturbado gravemente el orden público.

    En el Ministerio del Interior se estudia qué cambios legislativos es necesario impulsar para que no se repita “esta circunstancia tan grave”. A fines de agosto, antes de conocer el caso de Martincic, Heber había planteado en rueda de prensa la posibilidad de presentar al Parlamento modificaciones legales para expulsar a las personas migrantes que cometen delitos. “Nosotros queremos tener una ley mucho más eficaz, para que a aquellos que delinquen se los expulse del país”, sostuvo.

    Tras el oficio de la Justicia para la expulsión de Martincic, se desconoce ahora su paradero. El Ministerio del Interior es el encargado de hallarlo, pero en uno de los dos domicilios que declaró como residencia nunca vivió y en el otro sus vecinos dijeron que viajó a Brasil. En la Dirección Nacional de Migración no hay registros de su salida a ese país ni tampoco a ninguno del Caribe, en donde el propio Martincic comunicó que estaba en un mail enviado a una dependencia del ministerio.

    Mientras se intenta encontrar al croata, por otro carril corren las averiguaciones sobre tres de los delincuentes chilenos que en 2018 fueron condenados por explotar cajeros automáticos. Eran parte de una banda que trajo esa modalidad a Uruguay y se aplicó hasta 2019, cuando todos los cajeros adoptaron el sistema de entintado de billetes. Los chilenos fueron liberados el 24 y el 25 de agosto; tras su salida de la cárcel el Ministerio del Interior resolvió su expulsión administrativa, pero no han podido ser ubicados. El martes 21 la modalidad de explotar cajeros volvió a utilizarse y la Policía investiga si pueden estar involucrados.