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Las armas menos que letales disparan proyectiles que, por su composición, están destinados a neutralizar o incapacitar a una persona, no a matarla ni herirla de gravedad. En la Policía Nacional la única arma menos que letal disponible es la escopeta calibre 12/70 con munición de goma. Es la que se utilizó en el polémico episodio de la plaza Seregni y el sábado 7 en la plaza Artigas de Castillos (Rocha), donde un grupo de personas se enfrentó con la Policía.
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Su uso provocó críticas en dirigentes de la oposición por lo que consideran parte de un accionar policial abusivo sobre la población; el hecho de Castillos culminó con un pedido de informes sobre lo sucedido al Ministerio del Interior por parte del diputado frenteamplista Gabriel Tinaglini, quien además pidió una audiencia con el ministro Jorge Larrañaga.
Sin embargo, fuentes policiales afirmaron a Búsqueda que el tipo de arma, el protocolo para su uso y el personal que está autorizado a usarla son idénticos a los establecidos previo al 1º de marzo. Por lo tanto, argumentan que no hubo cambios de un gobierno a otro respecto a la manera de actuar de la Policía. La única diferencia, explicitada públicamente por el ministro Jorge Larrañaga, es que la pandemia obligó a hacer intervenciones en casos de aglomeraciones públicas, situación que hasta la aparición del Covid-19 no estaba entre las responsabilidades de la Policía y que en algunos casos culminó con agresiones, disparos y detenciones.
Desde 2013 la escopeta calibre 12/70 con uso de cartucho menos que letal rige para efectivos policiales de todo el país que forman parte del Grupo de Respuesta Táctica (GRT) —unidad capacitada en diferentes especialidades como el control de masas— únicamente cuando la llevan en automóviles y no en motos. Esta semana en Montevideo un efectivo del GRT hirió con un arma de fuego a una persona que intentó agredirlo con un machete, justamente porque al estar movilizándose en una moto policial no tenía la escopeta para disparar.
Según un instructivo de uso, manejo y transporte de escopetas con munición de goma, elaborado en 2018 por la Guardia Republicana, cada automóvil policial transportará una escopeta colocada de manera tal que no entorpezca el descenso y ascenso de los efectivos y que esté fuera del alcance de los detenidos. El documento al que accedió Búsqueda prohíbe usar el arma en persecuciones policiales y exige emplearla “contemplando la racionalidad, proporcionalidad y progresividad del uso de la fuerza” en caso de que una o varias personas se encuentren en conductas visiblemente hostiles y violentas hacia el personal policial que puedan poner riesgo su integridad física o la de terceros.
En caso de efectivamente realizar disparos, se deberá tener en cuenta una distancia mínima de 10 metros “como así también los efectos físicos ante el inminente impacto sobre el cuerpo humano a efectos de evitar lesiones graves”. Incluso el policía tiene que disparar “mediante rebote” hacia el piso antes de hacerlo sobre el agresor.
Fue justamente por la distancia que el uso de las escopetas de goma fue interrumpido luego de un clásico de 2004, cuando un integrante de la ya desaparecida Guardia de Coraceros dejó ciego a un hincha de Nacional tras dispararle de manera demasiado próxima a su cara.
Más cerca en el tiempo las autoridades también suspendieron provisoriamente su uso. En 2013, al asumir como jefe de Policía de Montevideo, Mario Layera retiró todo el armamento y la munición menos que letal en la capital para elaborar un registro de su cantidad y calidad y para autorizar su empleo solamente a los miembros del GRT en Montevideo que fueran capacitados y certificados por la Guardia Republicana. En 2016, ya como director nacional de Policía, Layera emitió la misma orden de capacitación y certificación a nivel nacional.
Prioridades
Aunque no lo decidió específicamente a raíz de los incidentes ocurridos en la plaza Seregni ni en Castillos, la semana pasada el Frente Amplio anunció la interpelación a Larrañaga por un “cúmulo de políticas que van en el rumbo equivocado”, según informó el senador Charles Carrera. Entre esas políticas el Frente Amplio incluye los excesos policiales cometidos en operativos, a los que en una declaración oficial calificó como represiones “selectivas dirigidas a jóvenes, minorías y colectivos culturales”, resultado “de ejercer la autoridad con impericia y marcos de actuación poco claros” que habilitan el enfrentamiento con la ciudadanía.
Larrañaga argumenta que el accionar de la Policía en estos operativos está bajo investigación de la Justicia y que en todos los casos denunciados se propició luego de agresiones cometidas por personas a las que se les solicitó disuadir una aglomeración. “En la plaza de Castillos ni bien terminamos la exhortación irradiada por los megáfonos del vehículo policial, recibimos pedreas. No estamos tratando de reprimir. ¿Alguien puede creer que un efectivo policial tiene el interés, el deseo de reprimir?”, cuestionó el lunes 9 entrevistado en Teledoce.
A nivel policial, la polémica y la sensibilidad pública por el uso de escopetas de goma son tratadas con mucho celo. Consultado por Búsqueda, el director nacional de Policía, Diego Fernández, se negó a explicar cuáles son las normas básicas que rigen para su uso.
Mientras, se analiza a futuro qué nuevo equipamiento se puede comprar para mejorar el desempeño policial, una vez superado el escenario económico que ocasionó la pandemia y la restricción de gastos impuesta por el presidente Luis Lacalle Pou desde el comienzo del gobierno. Además de armas de fuego, se evalúa incorporar otro armamento menos que letal; entre las posibilidades está la Taser, una pistola de electrochoque fabricada por la empresa estadounidense Axon, que en la Policía “tiene hinchas”, según señalaron las fuentes.
Las pistolas Taser ya fueron discutidas en la administración anterior como una alternativa a la escopeta con munición de goma, complicada por su tamaño y por la precisión que exige en el manejo de la distancia, detalle particularmente complicado cuando se utiliza en manifestaciones masivas o para repeler agresiones en donde puede haber niños involucrados.
Sin embargo, durante la gestión de Eduardo Bonomi la Policía concluyó que la Taser es eficiente para repeler una agresión individual y no tanto una grupal, y es particularmente peligrosa porque al disparar descargas eléctricas puede ocasionar la muerte en personas con afecciones cardíacas. Tras un estudio de mercado se decidió entonces adquirir armas OSA PB-4SP, fabricadas por la armamentista estatal rusa Tecmash; una pistola liviana, pequeña y multipropósito, con menor daño letal y cuatro municiones diferentes: gas, goma, estruendo y pintura.
Al asumir su cargo, Larrañaga canceló la compra directa por su costo aproximado de US$ 1,1 millones y porque nuevos informes de la Policía sostenían que un arma de ese tipo no era parte de las prioridades de equipamiento.
