Interior y Fiscalía atraviesan un pico de tensión, con críticas recurrentes de policías ante una “mayor exigencia de resultados”

“La sociedad debe saber que el trabajo la Policía lo realiza y que a veces pasan estas cosas. Lo tuvimos que agarrar dos veces. La Policía hace todo el trabajo y a veces la persona queda en libertad”, dijo en Telemundo.

La tensión entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía se da en un contexto de aumento de los homicidios: fueron 95 en el trimestre julio-setiembre y el acumulado del año supera los 300.

También coincide con la investigación sobre la adulteración de pasaportes que involucra a Alejandro Astesiano, exjefe de la custodia presidencial del presidente Luis Lacalle Pou. Hasta el momento hay cinco personas imputadas, entre ellas, dos jerarcas del Ministerio del Interior.

Para el fiscal de Corte, Juan Gómez, las “disconformidades” que quedaron de manifiesto en las últimas semanas no son una sorpresa. Las entiende como una “consecuencia de la actividad humana”. Sí le preocupa la periodicidad con la que se dieron en el último tiempo, algo que cree que debería superarse y no repetirse. En su opinión, la única solución es dialogar y coordinar, como lo requiere el sistema vigente.

El Código del Proceso Penal determina que la Policía y la Prefectura son “auxiliares” del Ministerio Público en las tareas de investigación. Los fiscales son quienes dirigen las investigaciones y los funcionarios del Ministerio del Interior deben seguir sus órdenes y las de los jueces. En la práctica muchas veces sucede que los policías creen tener las pruebas suficientes para aclarar un caso, mientras los fiscales entienden que la evidencia no alcanza para convencer a un juez. Por esa razón, deben continuar la investigación o liberar al acusado.

Para el fiscal de Corte subrogante, se requiere un tiempo de adaptación de los operadores al Código del Proceso Penal y luego uno de aceptación de los funcionarios que intervienen en el proceso. “Estamos hablando de un código que está en el jardín todavía. Cumplió cinco años. En algún momento saldremos del jardín y pasaremos a primaria, y seguiremos evolucionando en procura de la adecuada aplicación de las herramientas legales establecidas por el legislador”, afirmó Gómez.

El subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, aseguró a Búsqueda que los cuestionamientos al trabajo fiscal se deben a una “mayor exigencia de resultados” desde la cartera, para que “baje el índice delictivo”. Señaló que les trasladaron ese pedido a los jefes de policías de los distintos departamentos para que lo transmitan a los funcionarios. En ese sentido, todos los meses reciben datos actualizados del Observatorio de Violencia y Criminalidad y analizan la evolución en cada departamento. En caso de detectar un aumento sustantivo, solicitan una explicación a las autoridades.

Según su análisis, es en ese marco que se registraron “quejas” de policías por el trabajo de los fiscales en varios departamentos donde “los números no están dando bien”. Los policías sienten que el hecho de que queden en libertad presuntos delincuentes que capturaron hace que vuelvan a cometer delitos que engrosan las cifras. Maciel expresó particularmente la preocupación del Ministerio del Interior por un aumento de emplazamientos sin fecha que se registró en varios departamentos.

El “ruido atronador” y el sucesor.

Los fiscales conocen el “estándar de evidencia” que se necesita para obtener una imputación o trasladar los casos a juicio oral y evitar que los pedidos sean rechazados por un juez, opinó consultado por Búsqueda Willian Rosa. El presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, en la misma línea de Gómez, llamó a dirimir cuestionamientos en las reuniones interinstitucionales, que se realizan cada semana entre las autoridades.

Rosa cree que las críticas formuladas por policías o autoridades de gobierno a través de los medios de comunicación “generan un daño” al prestigio de la Fiscalía e instalan un “ruido atronador” que transmite que “algo funciona mal y hay que hacer algo”. Así, prosiguió el razonamiento, se “abona el terreno” para propuestas como la instalación de un triunvirato al frente de la Fiscalía General de la Nación, con cuotas políticas, iniciativa del diputado del Partido Colorado Gustavo Zubía, apoyada por Cabildo Abierto y el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti.

La Fiscalía tiene a la cabeza desde hace un año a Gómez, que ocupa los dos roles de mayor jerarquía: es fiscal de Corte subrogante y también fiscal adjunto de Corte, tras la renuncia de Jorge Díaz. El jerarca manifestó tanto en el Parlamento como en la prensa que no se encuentra en un buen estado de salud, se refirió a su eventual muerte y reclamó por un sucesor definitivo.

Nombrar un sucesor requiere de una mayoría especial en la Cámara de Senadores que no se alcanzó. “Si actualmente es difícil mantener una fluidez de diálogo y un entendimiento con la autoridad policial, imagínese que haya tres personas”, cuestionó Gómez, quien considera que la Fiscalía debe estar ajena al partidismo político.

También rechaza la propuesta de triunvirato el senador del Frente Amplio, integrante de la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia, Charles Carrera, quien manifestó que ve con “mucha preocupación” que se lleve la política a la Fiscalía. El exdirector de Secretaría del Ministerio del Interior cuestionó las afirmaciones de senadores oficialistas contra la Fiscalía.

Tanto el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, como los senadores del Partido Nacional Graciela Bianchi y Jorge Gandini se han manifestado en ese sentido. “Son ataques institucionales al sistema de Justicia, a la Fiscalía y a la independencia de poderes. Son presiones que se buscan ejercer desde el oficialismo que son indebidas”, afirmó.

Los cruces entre fiscales y autoridades del Ministerio del Interior también se dieron en las administraciones frenteamplistas. Durante la gestión de Eduardo Bonomi al frente del Ministerio del Interior, por ejemplo, el ministro criticó que los fiscales llegaran a acuerdos abreviados con los delincuentes que reducían las penas. A mediados de 2018, un grupo de 80 fiscales llegó a emitir un comunicado en el que expresaron su “enfático y absoluto rechazo hacia la creciente tendencia de ciertos jerarcas públicos” de adjudicarles “responsabilidades directas ante la aparente imposibilidad de resolver hechos con apariencia delictiva”.

Para Gómez, más allá del actual momento de alta tensión, la función de los fiscales “por regla general no deja a mucha gente contenta”. “Somos la parte en la que es mucho más fácil tener a la opinión pública en contra, pero es una tarea necesaria para la vida en sociedad”, concluyó.