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En un año electoral, el aumento de los delitos es una noticia especialmente mala. Más cuando la seguridad se ubica entre las principales preocupaciones de la población, y pasa a ser un tema clave en el discurso de los candidatos que buscan conseguir la victoria en las elecciones de octubre.
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La tendencia no es auspiciosa para el Frente Amplio. El gobierno anunciará en los próximos días los datos de criminalidad del 2018, que reflejarán un nuevo aumento de los delitos violentos. Telenoche adelantó el martes 5 que el año pasado hubo más de 400 homicidios y 22.000 rapiñas.
Y el Ministerio del Interior teme que en 2019 las cifras empeoren.
Es que durante este año varios de los condenados con prisión el año pasado —en el marco del nuevo Código del Proceso Penal— saldrán de la cárcel en régimen de “libertad vigilada”. El ministerio prevé que serán miles, dijeron fuentes del gobierno a Búsqueda. Estima una cifra que ronda los 4.000.
El ministro Eduardo Bonomi planteó su preocupación por el tema en la reunión que mantuvo junto al director Nacional de Policía, Mario Layera, con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, y la ministra de la Suprema Corte de Justicia Bernadette Minvielle, el 22 de febrero, según relataron a Búsqueda personas al tanto de las conversaciones.
Durante este año varios de los condenados con prisión el año pasado —en el marco del nuevo Código del Proceso Penal— saldrán de la cárcel en régimen de “libertad vigilada”. El ministerio prevé que serán miles, dijeron fuentes del gobierno a Búsqueda. Estima una cifra que ronda los 4.000.
El ministro expresó su disconformidad con que los fiscales estén acordando “penas mixtas” con los delincuentes. Es decir, que tras acordar un tiempo de condena, se establece que se cumplirá una parte en la cárcel y otra bajo el régimen de “libertad vigilada”.
El ministerio opina que eso implica sumar dos beneficios. Por un lado, el delincuente admite su responsabilidad, hace un acuerdo con la Fiscalía —mediante lo que se conoce como proceso abreviado—, y consigue una pena más reducida. Por otro lado, obtiene el beneficio de cumplir parte de la pena en libertad.
Según comentaron las fuentes a Búsqueda, la representante de la Suprema Corte también manifestó su preocupación por un posible uso excesivo del beneficio de la libertad vigilada.
Debido a esos acuerdos, el tiempo que los condenados tienen que cumplir en la cárcel es breve y este año miles podrán recuperar la libertad. El ministerio teme que un porcentaje de los liberados reincida, y que eso repercuta en un aumento de los delitos, en un año particularmente sensible.
La Fiscalía no comparte las proyecciones del ministerio, y prefirió tratar el tema en una próxima reunión —agendada para principios de abril— con un estudio detallado sobre las penas impuestas en 2018.
De todos modos, las fuentes indicaron que desde la Fiscalía entienden que no hacen más que aplicar una ley que está vigente y que fue impulsada por el propio Ministerio del Interior. Se trata de la Ley Nº 19.446, que instauró un régimen de “penas sustitutivas a la prisión”, y que fue aprobada antes de la reforma al CPP.
El ministro Bonomi expresó su disconformidad con que los fiscales estén acordando “penas mixtas” con los delincuentes.
En una reunión que tuvo el objetivo de “poner sobre la mesa” las preocupaciones de los diferentes actores respecto a la implementación del CPP, las críticas no fueron solo en una dirección. Tanto desde la Fiscalía como desde la Corte se señaló como un problema la falta de recursos de la Oficina se Supervisión de Libertad Asistida (OSLA), que funciona en la órbita del ministerio.
Esa oficina es la encargada de vigilar a las personas que se encuentran en libertad vigilada, en prisión domiciliaria o que realizan tareas comunitarias, pero la falta de recursos hace que tenga un alcance muy reducido y que el monitoreo no sea eficaz. En algunos departamentos del país la OSLA no tiene oficina, señalaron las fuentes, lo que impide que se pueda aplicar la Ley 19.446. Las autoridades de la Corte y de la Fiscalía tendrán en los próximos días una reunión con la directora de la OSLA para tratar estas inquietudes.
En la reunión de febrero también estuvo sobre la mesa el uso “excesivo” de los procesos abreviados y el reducido número de casos que llegan a juicio —en el entorno del 3%—. Las autoridades del Poder Judicial y del ministerio son críticos con esa situación y entienden que la cantidad de juicios debe aumentar. Opinan que se debe acotar el margen de acción de los fiscales, y que deben ser menos los delitos que pueden tramitarse por proceso abreviado.
