Interpol emitió notificaciones azules para identificar a un grupo de rusos que obtuvieron el pasaporte uruguayo de forma irregular

Las notificaciones azules están dos escalones por debajo de las rojas, la máxima categoría y la que en un principio de su investigación Fossati intentó activar, aunque no logró hacerlo porque precisaba de una orden judicial y la misma fue denegada por la jueza Patricia Rodríguez. La roja sí es una alerta dirigida a fuerzas de seguridad de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega, o de una acción judicial similar. Vía alertas rojas, la Fiscalía pretendía interrogar a ciertos ciudadanos rusos por entender que podían estar involucrados en actividades ilícitas como el crimen organizado. En total, desde 2013 se entregaron irregularmente 195 pasaportes uruguayos a rusos, 55 en el actual período de gobierno.

La extensión de la prisión preventiva comenzó a generar algunas grietas entres los abogados defensores, según supo Búsqueda. Alberto Rojas, quien representa a Slivaev, manifestó que “sin ninguna duda, si no estuviera Astesiano, esto se hubiera arreglado en 2019 con una libertad vigilada”, ya que su defendido únicamente tramitaba documentos rusos para compatriotas suyos que buscaban un pasaporte legal uruguayo “para poder viajar por el mundo sin que los escaneen en cada aeropuerto”. Incluso comparó esta situación con los uruguayos que, antes del Sucive, empadronaban sus automóviles en Colonia, pese a no vivir allí, para pagar menos patente que en su departamento de residencia. “Es exactamente el mismo delito”, sostuvo, y apuntó que en aquella situación no se procesó a los 300.000 uruguayos que no vivían en Colonia.

El abogado de Fernández, Edison González, alegó por su parte que, al ordenar el mismo plazo de prisión para todos los involucrados, la Fiscalía no respetó “el principio de proporcionalidad”, porque no tuvo en cuenta “el grado de colaboración distinto que ha habido entre las partes”. En audiencias anteriores, la fiscal afirmó que parte de la información obtenida en la investigación fue proporcionada por Fernández.

l Respaldo ministerial. La audiencia del viernes 21 también puso el foco en el presunto rol de funcionarios de la Policía Nacional. La Fiscalía indicó que dos jerarcas habían sido citados como indagados por vinculaciones con Astesiano. El domingo 23, El Observador informó que uno de ellos era el subdirector de la Policía, Héctor Ferreira. MVD Noticias y radio Sarandí añadieron luego que el otro era el director de la Dirección de Investigaciones, Nelson Albernaz, y que ambos se negaron a declarar porque no accedieron a la carpeta de la investigación. Al día siguiente Albernaz escribió a los periodistas Gabriel Pereyra, Eduardo Preve y Sergio Silvestri para aclarar que nunca fue indagado por Fiscalía ni estaba relacionado con la investigación sobre los pasaportes; pidió que se rectificaran ya que había sido afectado familiar y profesionalmente. La diaria informó ayer miércoles que el otro indagado, además de Ferreira, es el director de la Dirección General de Fiscalización de Empresas, Henry de León.

En un comunicado de prensa emitido el martes 25, también el Ministerio del Interior criticó “la falta de rigurosidad al momento de manejar públicamente nombres de autoridades policiales, lo que lesiona la integridad y el honor de los funcionarios, exponiéndolos como culpables ante la opinión pública en clara contravención al principio de inocencia”. El ministerio dispuso una investigación administrativa sobre los indagados, pero aclaró que “cuentan con el respaldo ministerial salvo que se demuestre lo contrario”.