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    sábado 08 de junio de 2024

    Interpol emitió notificaciones azules para identificar a un grupo de rusos que obtuvieron el pasaporte uruguayo de forma irregular

    Cuando recibió a sus cómplices en Torre Ejecutiva, Astesiano hizo “toda una puesta en escena”, ubicando fotos en las que aparece con Lacalle Pou y con un presidente anterior para dejar “en claro el poder que tenía”, según la fiscal

    La Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol publicó una serie de alertas a escala internacional para obtener datos sobre determinados ciudadanos rusos que recibieron pasaportes uruguayos con partidas de nacimiento adulteradas. La acción se tomó a solicitud de la Fiscalía Penal de Montevideo de Flagrancia de 12° turno, a cargo de Gabriela Fossati, dijeron a Búsqueda fuentes policiales.

    Se trata de notificaciones azules, una de las ocho categorías que tiene Interpol y cuyo objetivo es conseguir más información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal. La orden ya fue transmitida a todas las Policías de los países miembros de Interpol.

    Las notificaciones azules están dos escalones por debajo de las rojas, la máxima categoría y la que en un principio de su investigación Fossati intentó activar, aunque no logró hacerlo porque precisaba de una orden judicial y la misma fue denegada por la jueza Patricia Rodríguez. La roja sí es una alerta dirigida a fuerzas de seguridad de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega, o de una acción judicial similar. Vía alertas rojas, la Fiscalía pretendía interrogar a ciertos ciudadanos rusos por entender que podían estar involucrados en actividades ilícitas como el crimen organizado. En total, desde 2013 se entregaron irregularmente 195 pasaportes uruguayos a rusos, 55 en el actual período de gobierno.

    El viernes 21 el juez Alejandro Asteggiante prorrogó hasta el 15 de marzo la medida de prisión preventiva para tres de los cuatro imputados por el caso: Alejandro Astesiano, exjefe de la custodia personal del presidente Luis Lacalle Pou; el escribano uruguayo Alberto Fernández y el ciudadano ruso Alexey Slivaev. Los tres están detenidos por la presunta comisión de un delito continuado de suposición de estado civil en calidad de coautores en reiteración real con un delito de asociación para delinquir. Patricia Medina, pareja de Fernández, es la cuarta imputada y por los mismos delitos.

    Fossati argumentó la necesidad de prorrogar la prisión por entender que si se otorga arresto domiciliario es “absolutamente indiscutible” que van a “entorpecer” la investigación, según el audio de la audiencia. Sobre Astesiano dijo, por ejemplo, que “tiene contactos con todo el mundo y tiene llamadas con todo el mundo y tiene acceso a todo el mundo”. La fiscal incluso describió la “capacidad de presentación” del custodio cuando recibía en su oficina del piso 4 de la Torre Ejecutiva a Fernández y a Slivaev: “Toda una puesta en escena” para “ubicar su posición” y dejar “en claro el poder que tenía”, al colocar estratégicamente fotos de él abrazado a Lacalle Pou y a un presidente anterior.

    La extensión de la prisión preventiva comenzó a generar algunas grietas entres los abogados defensores, según supo Búsqueda. Alberto Rojas, quien representa a Slivaev, manifestó que “sin ninguna duda, si no estuviera Astesiano, esto se hubiera arreglado en 2019 con una libertad vigilada”, ya que su defendido únicamente tramitaba documentos rusos para compatriotas suyos que buscaban un pasaporte legal uruguayo “para poder viajar por el mundo sin que los escaneen en cada aeropuerto”. Incluso comparó esta situación con los uruguayos que, antes del Sucive, empadronaban sus automóviles en Colonia, pese a no vivir allí, para pagar menos patente que en su departamento de residencia. “Es exactamente el mismo delito”, sostuvo, y apuntó que en aquella situación no se procesó a los 300.000 uruguayos que no vivían en Colonia.

    El abogado de Fernández, Edison González, alegó por su parte que, al ordenar el mismo plazo de prisión para todos los involucrados, la Fiscalía no respetó “el principio de proporcionalidad”, porque no tuvo en cuenta “el grado de colaboración distinto que ha habido entre las partes”. En audiencias anteriores, la fiscal afirmó que parte de la información obtenida en la investigación fue proporcionada por Fernández.

    l Respaldo ministerial. La audiencia del viernes 21 también puso el foco en el presunto rol de funcionarios de la Policía Nacional. La Fiscalía indicó que dos jerarcas habían sido citados como indagados por vinculaciones con Astesiano. El domingo 23, El Observador informó que uno de ellos era el subdirector de la Policía, Héctor Ferreira. MVD Noticias y radio Sarandí añadieron luego que el otro era el director de la Dirección de Investigaciones, Nelson Albernaz, y que ambos se negaron a declarar porque no accedieron a la carpeta de la investigación. Al día siguiente Albernaz escribió a los periodistas Gabriel Pereyra, Eduardo Preve y Sergio Silvestri para aclarar que nunca fue indagado por Fiscalía ni estaba relacionado con la investigación sobre los pasaportes; pidió que se rectificaran ya que había sido afectado familiar y profesionalmente. La diaria informó ayer miércoles que el otro indagado, además de Ferreira, es el director de la Dirección General de Fiscalización de Empresas, Henry de León.

    En un comunicado de prensa emitido el martes 25, también el Ministerio del Interior criticó “la falta de rigurosidad al momento de manejar públicamente nombres de autoridades policiales, lo que lesiona la integridad y el honor de los funcionarios, exponiéndolos como culpables ante la opinión pública en clara contravención al principio de inocencia”. El ministerio dispuso una investigación administrativa sobre los indagados, pero aclaró que “cuentan con el respaldo ministerial salvo que se demuestre lo contrario”.

    Información Nacional
    2022-10-27T00:28:00