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El Estado Mayor General de la Policía Nacional, la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, la Dirección Nacional de Migración y la Guardia Republicana, entre otras reparticiones, trabajaron durante una semana en una operación global que culminó en 32 países con la detención de 204 personas vinculadas a la inmigración ilegal y la trata de personas, la identificación de 95 víctimas de trata con fines de explotación y la detección de 3.526 migrantes irregulares.
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Del 27 de noviembre al 3 de diciembre, gobiernos de las Américas, Europa y Asia formaron parte de la Operación Turquesa II, coordinada por la red operativa de Interpol especializada en tráfico de migrantes (ISON) con el objetivo de luchar contra el crimen organizado en la inmigración ilegal y el tráfico de personas, principalmente, en rutas con origen o tránsito en América Latina.
Ese enfoque regional determinó la participación de la Policía Nacional de Uruguay, representada por la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol. Uruguay, que ya había formado parte un año atrás de la Operación Turquesa, tuvo esta vez un rol más activo con procedimientos en diferentes puntos del país.
Un documento de la Policía al que accedió Búsqueda afirma que la institución se comprometió con Interpol a organizar y ejecutar acciones contra el tráfico de seres humanos, como controles de rutas y en paso de fronteras, tanto secas como puentes y terminales aeroportuarias y de buses. La Policía también trabajó en el intercambio internacional de información policial y de inteligencia al momento de realizar los operativos.
Aunque no se proporcionaron datos específicos a escala local, en total fueron identificadas y rescatadas cerca de 100 posibles víctimas de trata en Uruguay, Brasil, Chile, El Salvador y República Dominicana. La Operación Turquesa II ocasionó además una nueva preocupación en la Policía, que detectó que personas con bajo riesgo de convertirse en víctimas de trata se volvieron ahora más vulnerables a este delito como resultado de la pandemia de Covid-19.
“Uruguay no solo trabaja con base en denuncias específicas, sino que lleva un control y realiza inteligencia sobre la migración irregular y las rutas desde Centroamérica hacia el país y viceversa hacia América del Norte, traza líneas de investigación en conjunto con países vecinos y, a través de Interpol, con países como España e Italia, que son destinos de las rutas sudamericanas, e investiga su vinculación con las redes de explotación sexual y laboral a la cual quedan vulnerables tales migrantes irregulares una vez que llegan a nuestro país”, afirma el documento de la Policía, que destaca los “éxitos” en el combate a estos delitos conseguidos durante 2020: siete formalizados por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, dos condenados por el mismo delito y tráfico de seres humanos y más de treinta formalizados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, que “se vinculan muy estrechamente” a la trata de personas según la Ley N° 19.643 de prevención y combate a este delito.
Extranjeras en Uruguay
El control del tráfico y la trata de personas en Uruguay ha causado discusiones de sus protagonistas. En la Fiscalía General de la Nación consideran que el bajo número de investigaciones sobre el tema se debe a las pocas denuncias y cuestionan a las ONG que apoyan a las víctimas por no llevar los casos a la Justicia, mientras que desde la sociedad civil aseguran que su prioridad es la protección de las mujeres y apuntan a la falta de acciones por parte de fiscales y de la Policía para detectar a los responsables.
Un informe presentado en junio por el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que el país no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no identificaron a las víctimas de manera proactiva y sistemática, y el gobierno no tuvo servicios adecuados para las víctimas ni proporcionó acceso constante a refugios”, afirma el reporte. Agrega que algunas víctimas se negaron a participar en juicios contra sus traficantes debido a las dudas sobre la capacidad del gobierno para garantizar su seguridad.
Uno de los principales focos del informe está puesto en las mujeres extranjeras que son explotadas en el país por organizaciones criminales radicadas en Brasil. En ese sentido pide a las autoridades uruguayas examinar a los trabajadores extranjeros para detectar indicadores de tráfico, incluso mediante inspecciones a bordo de embarcaciones con bandera extranjera atracadas en aguas uruguayas.
La Operación Turquesa II de Interpol tuvo justamente a Brasil como su país protagonista. Todas las acciones fueron coordinadas desde la sede de la Policía Federal de Brasil en Brasilia y se golpeó a los grupos criminales Sonho Americano, Lei do Retorno y CaiCai III, a los cuales los migrantes pagan alrededor de US$ 22.000 por persona para viajar a Estados Unidos. También se está investigando a varios políticos locales actuales y anteriores por su papel en este delito.
