El acuerdo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) firmó con el presidente de Buquebus, Juan Carlos López Mena, para que el empresario se hiciera cargo del pago del aval bancario de más de U$S 13,6 millones a cambio de no iniciarle acciones judiciales, difundido por el diario “El Observador” el lunes 14, tiene alcance en la órbita civil, pero no afecta la investigación penal en curso, dijeron a Búsqueda fuentes vinculadas al juzgado de crimen organizado que tramita la causa.
De hecho, a pedido del fiscal Juan Gómez, la jueza Adriana de los Santos ya envió un exhorto a Hernán Antonio Calvo Sánchez, conocido como el “caballero de la derecha”, para que declare ante la Justicia uruguaya como indagado. Si Calvo Sánchez —quien ya declaró como testigo— no viene al Uruguay, la intención de la sede es que al menos responda un cuestionario por exhorto.
López Mena también declaró como testigo en esta causa, pero “no se descarta” que pueda declarar como indagado en un futuro, señalaron las fuentes.
El acuerdo será incorporado a la causa judicial por el fiscal y la jueza como uno más de los documentos a tener en cuenta, informó ayer miércoles “El Observador”.
Tanto Calvo Sánchez como López Mena quedaron en una situación comprometida luego de la publicación en “El País” de una serie de correos electrónicos entre Calvo y el propietario de la aerolínea española Cosmo SL, Antonio Álvarez, en el que se pone de manifiesto, entre otras cuestiones, que la intención fue presentarse al remate de los aviones de la ex Pluna, no para adquirirlos sino para alquilárselos luego al Estado. En esos correos Calvo se refiere a López Mena como “mi presi” y pretende presentar a Cosmo como una empresa más sólida de lo que realmente es.
Debido a la divulgación de esos correos electrónicos, el presidente de Buquebus denunció en los juzgados de crimen organizado a Álvarez por una presunta extorsión.
Las fuentes recordaron que el ex gerente general de Pluna SA, Matías Campiani, firmó una cláusula similar a la que obtuvo López Mena con el Estado y que ello le valió la posibilidad de evitar demandas civiles, pero no de ser procesado por la Justicia penal. Campiani, junto a Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez Demalde fueron procesados con prisión en diciembre de 2013 por reiterados delitos de estafa. Hasta el momento el único de ellos que recuperó la libertad ambulatoria fue Álvarez Demalde.
En el caso de Campiani, el “memorándum de entendimiento” establecía que “el Estado y Pluna, Ente Autónomo declaran que nada tienen que reclamar a Ledgate, a sus accionistas directos o indirectos, ni a los directores (...) y se obligan a no promover contra ellos reclamación de ninguna especie, ni directamente ni a través de Pluna”.
“Doña Tota”.
En el caso de López Mena, la resolución ministerial emitida el 19 de marzo de 2013 y firmada por el ex ministro Fernando Lorenzo —procesado sin prisión por “abuso de funciones” en el otorgamiento del aval bancario junto al ex presidente del Banco República Fernando Calloia— impide que la cartera demande a López Mena, al “caballero de la derecha” y a la compañía de seguros Boston.
En el resultando VII de la resolución se da cuenta que López Mena se hace cargo del aval a cambio de que no se le inicie acción legal alguna. “El BROU consulta al MEF en relación a si estaría dispuesto a acceder al requerimiento del Sr. Juan Carlos López Mena respecto a que, por requerimiento de las empresas afectadas se exonere de toda responsabilidad —respecto a sí mismo— y renuncie a promover cualquier tipo de acción contra el mencionado, cualquiera de sus empresas, Boston Compañía de Seguros, Cosmo y toda otra persona jurídica vinculada directa o indirectamente con las mismas por cuestiones de clase que fueren vinculadas con la subasta extrajudicial de aeronaves realizadas el primero de octubre”, señala.
En base a ello, finalmente el MEF resuelve: “Una vez efectivizado el pago por parte del BROU correspondiente al aval (...) expídase carta de pago a favor del BROU en donde se expresará que esta secretaría de Estado manifiesta no tener más que reclamar al BROU, ni a ninguna otra persona física o jurídica, por ningún concepto, directa o indirectamente vinculado con el otorgamiento del título referido ni de la subasta extrajudicial”.
En las últimas horas, jerarcas del MEF han tratado de quitar trascendencia al compromiso asumido de no demandar a López Mena. El asesor y ex director general de Secretaría del MEF, Pedro Apezteguía, declaró a Montevideo Portal que la cartera no informó en su momento de este hecho porque se trató de un “acuerdo entre privados” que no interesa a la ciudadanía. “No es algo que le interese a doña Tota”, aseguró.
El jerarca, que también fue director de Pluna, agregó a “El Observador” que se trata de un acuerdo “normal” en situaciones de estas características.
“Simplemente lo que se hace es, en el momento del cobro, se emite un recibo que dice ‘por este tema, por el cobro de eso, no tengo nada más que reclamar a ninguna de las personas involucradas’”, señaló.
“Es de una normalidad absoluta. No tiene nada raro, no hay nada oculto. Las resoluciones ministeriales no se publican en el Diario Oficial ni en la Presidencia, forman parte de expedientes y actuaciones administrativas”, concluyó.
El actual ministro de Economía, Mario Bergara, también defendió la firma de ese acuerdo y negó que se haya tratado de ocultarlo.
“Hablar de que hay algún grado de ocultamiento en algo es absolutamente mentiroso. Se habla de una resolución ministerial hecha a mitad de 2013 y se pone énfasis en que eso no estaba colgado en la página de Presidencia. En la página de Presidencia solo se cuelgan las resoluciones del Poder Ejecutivo, no las resoluciones ministeriales”, aseveró
“Además, el periodista que obtuvo esa información, ¿sabe cómo la obtuvo? Solicitándola al MEF, quien se la otorgó en el marco de la ley de acceso a la información pública. Por lo tanto, poner el énfasis en cuestiones de ocultamiento de esa manera, mintiendo de esa manera, nos resulta realmente desagradable”, agregó.
“Lo que hay ahí es simplemente una cosa lógica: es decir, si vos cumplís con tus obligaciones, yo no voy a demandar ni litigar, cosa que me parece razonable en cualquier contrato. La verdad es que no veo ningún tratamiento diferencial a ningún agente porque esa lógica de contratación ocurre prácticamente en todos los contratos, o está implícita al menos en todos los contratos que realiza no solo el Estado, sino también el sector privado”, concluyó.
