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Un jefe de Policía debió renunciar por contrabando y funcionarios policiales fueron imputados por el mismo delito. Un titular de una jefatura fue destituido por omisión de una denuncia de corrupción interna. Un jerarca fue condenado por faena clandestina, revelación de secretos, abuso de funciones, tráfico interno de armas y falsificación. Una policía entregaba rapiñas y otro efectivo fue imputado por tráfico de armas. Todas son situaciones que se dieron desde 2021. El año anterior la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito había advertido sobre la evidente corrupción policial provocada por narcotraficantes en línea con el aumento del tránsito de cocaína por Uruguay.
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Desde el Ministerio del Interior dijeron a Búsqueda que 24 policías fueron formalizados el año pasado por la Fiscalía, con auxilio de la Dirección de Asuntos Internos, por casos de corrupción o abuso de funciones.
Actualmente, la Fiscalía investiga una denuncia de maquillaje de cifras de hurtos y rapiñas, al mismo tiempo que también indaga en los chats que surgieron a partir de la investigación a Alejandro Astesiano, exjefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou, por la falsificación de documentos para que ciudadanos rusos obtengan el pasaporte uruguayo, que terminó salpicando a efectivos policiales y jerarcas del Ministerio del Interior. En conversaciones que mantenían con Astesiano intercambiaban favores, por lo que la fiscal de Flagrancia de 12º turno, Gabriela Fossati, resolvió abrir una investigación paralela con esa línea.
El “caso Astesiano” volvió a instalar la discusión sobre la creación de una policía judicial, que se había presentado en el marco del debate por la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, en vigencia desde 2017, y que transformó el sistema en acusatorio, oral y público. Esa legislación aportó mayor protagonismo a los fiscales, quienes desde ese momento están al frente de las investigaciones penales y también son los encargados de acusar a los delincuentes, mientras que los jueces son los que deben resolver a partir de las pruebas presentadas. En ese trabajo de detener y recolectar evidencia los funcionarios del Ministerio Público son quienes dirigen la actuación de policías, que actúan como auxiliares.
Varios fiscales consultados por Búsqueda señalaron las dificultades que eso implica para las investigaciones sobre corrupción que involucran a funcionarios policiales, jefes o incluso jerarcas, porque son otros policías o subordinados de los involucrados los que deben colaborar con los magistrados. En ese sentido, el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo había propuesto en 2020 la creación de una Fiscalía Policial para tratar casos de corrupción interna con mayores garantías, y en 2021 enfatizaron en que había filtraciones de las denuncias que realizaban efectivos, que además sufrían consecuencias laborales.
Para evitar ese tipo de situaciones, varios fiscales plantean la necesidad de que se cree una policía judicial que trabaje bajo las órdenes de los fiscales, que sea independiente del Ministerio del Interior, para llevar adelante indagatorias de delitos cometidos por los funcionarios de la cartera.
“Actualmente el gran problema es quién investiga al investigador”, afirmó el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, para quien “puede haber una conjunción de intereses” al ser policías quienes auxilian a los fiscales en las investigaciones. Ese docente grado 4 del Instituto de Derecho Penal de la Universidad de la República considera que deberían ser investigados por “un equipo de afuera orgánicamente” para “asegurar la máxima objetividad posible” y por tanto las garantías de la investigación.
De ser así, la policía judicial debería depender de otro poder del Estado, que no sea el Ejecutivo, con el objetivo de que haya un contralor de uno sobre otro e independencia para investigar. En Uruguay, la Fiscalía General de la Nación es un servicio descentralizado, pero se encuentra bajo la tutela del Ministerio de Educación y Cultura.
“Habría que reorganizar el organigrama estatal para ver cómo se ubica en un esquema acusatorio, donde es el fiscal el que investiga”, afirmó el fiscal de Delitos Económicos y Complejos.
Entre los que coincidieron con Rodríguez está la fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero, que considera que sería “importante y provechoso” que se pudiera instaurar una policía judicial, dadas las investigaciones complejas que se han llevado adelante. Ferrero relató que realizó cursos en Colombia y Chile, dos países que cuentan con un equipo de este tipo “capacitado y preparado”, y destacó su funcionamiento y por tanto la relevancia de que también exista en Uruguay.
Pero no hay unanimidad al respecto. Por otro lado, el fiscal de Homicidios Carlos Negro considera que la creación de una policía judicial “no garantiza la profesionalización” de los efectivos y tampoco que el órgano trabajará mejor que la policía que está bajo el control del Ministerio del Interior. “Es un mito decir que por ponerla a cargo del Ministerio Público cambiaría el resultado”, dijo.
El fiscal aseguró que “hay policías muy bien formados en corrupción”, con quienes ha trabajado, y que “las reglas del juego” determinan la posibilidad de que deban colaborar en investigaciones contra policías o jerarcas, por lo que “tienen que tener coraje” para hacerlo.
“No hay un sistema o diseño institucional que dé garantías de resultados contra la corrupción para que otros países lo copien. Y con los recursos de Latinoamérica, menos”, afirmó Negro, para quien las “garantías suficientes” están con un organismo profesionalizado dentro de la Policía Nacional o la Dirección de Asuntos Internos.
Este órgano, que depende directamente del Ministerio del Interior, tiene como principales funciones controlar que el servicio policial se cumpla de manera eficiente, prevenir actos de corrupción en el servicio, investigar hechos y actos de apariencia delictiva cometidos por funcionarios de la cartera, sin importar su jerarquía, y asesorar.
Sin embargo, el hecho de que pertenezca al Poder Ejecutivo para el fiscal Rodríguez produce “especulación” y “clima de sospecha” porque tiene “cierta autonomía en la ejecución” de sus tareas, pero Asuntos Internos es una dirección que cuenta con un orden jerárquico y forma parte del Ministerio del Interior. “A los efectos de la transparencia, la abstracción o la búsqueda de la objetividad, no los asegura”, señaló.
El fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, que con la reforma procesal quedó con las causas anteriores a su entrada en vigencia, aseguró que muchos sistemas acusatorios comienzan a funcionar junto con una policía judicial, algo que interpretó como un “criterio teórico lógico o ideal” para una reforma como la que se realizó en Uruguay. A pesar de eso, indicó que su experiencia en grandes casos, como Pluna y Ancap, en los cuales se requirió el auxilio de funcionarios del Ministerio del Interior, muestra que trabajaron “muy bien”, al igual que en investigaciones sobre corrupción policial en las cuales requirió el apoyo de Asuntos Internos. “El hecho de que pertenezca a la misma estructura genera suspicacia, pero por experiencia he tenido muchos casos con policías involucrados en los que Asuntos Internos actuó en forma independiente, profesional, no de forma corporativa”, afirmó Pacheco.
