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Aunque era lo esperable, la confirmación de la nota “BBB—” y la perspectiva “negativa” de la deuda pública uruguaya por parte de FitchRatings dio cierto alivio en el gobierno: se ganó tiempo para que la economía se reactive en los próximos meses —si se logra controlar el problema sanitario por el Covid— y para ir mostrando avances en algunas reformas estructurales, dos aspectos de las que están vigilantes esa y otras calificadoras de riesgo, según las fuentes consultadas por Búsqueda.
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De hecho, en el comunicado divulgado el martes 8, Fitch puso el acento en esas cuestiones: “Las autoridades esperan impulsar el crecimiento después de años de estancamiento, pero aún está por verse cuánto pueden avanzar en las reformas para mejorar los problemas clave de competitividad”.
En declaraciones a Búsqueda, la directora de Política Económica del Ministerio de Economía, Marcela Bensión, evaluó “muy importante considerar el complejo momento” que pasa el país y “el mundo todo” por la pandemia, al analizar la decisión de la agencia.
“Por un lado, hay que valorar como positivo que Fitch haya ratificado el grado inversor al país en este contexto. Basta ver que, de los 19 países latinoamericanos y del Caribe que califica, 17 sufrieron deterioro de la calificación y/o perspectiva desde el comienzo de la pandemia, mientras que Uruguay, junto con Paraguay, son los únicos que mantuvieron ambos aspectos de la calificación”, dijo.
Agregó que de los 118 países que Fitch califica en el mundo, 18 —entre los que se encuentra Uruguay— venían con perspectiva negativa antes de la pandemia. De ese grupo, Uruguay fue el único cuya calificación soberana no bajó. Según Bensión, esto sugiere que la agencia “estaría reconociendo los avances de la nueva administración en materia de políticas públicas”.
Reconoció que Fitch también “marca los desafíos que tiene Uruguay por delante, lo que se refleja en la perspectiva negativa que el país mantiene: la reactivación de la economía pospandemia, altos niveles de inflación entre los países con grado inversor, la consolidación estructural de las finanzas públicas y una deuda soberana que es elevada y mantiene relativamente altos niveles de dolarización. Desde el gobierno se está trabajando en esas cuatro áreas de gran importancia —así como en otras igualmente importantes— y las mismas estarán presentes en la Rendición de Cuentas que se presentará a fin de mes”.
“Entendemos fundamental que Uruguay pueda, no sólo mantener esa diferenciación crediticia a nivel global, sino mejorar su perspectiva y, eventualmente, su calificación crediticia lo antes posible. Eso redundaría en un mejor acceso al financiamiento del gobierno, las empresas y los individuos, así como en la atracción de mayor inversión tanto nacional como extranjera, siempre con el fin último de generar más y mejor empleo para los uruguayos”, sostuvo la jerarca ministerial.
Crecimiento y reformas
“La resiliencia de los ingresos y el estricto control del gasto han dado lugar a un deterioro fiscal relativamente pequeño durante la pandemia, pero desde un punto de partida débil”, y la “rápida consolidación fiscal” posterior a la crisis por el Covid-19 “esperada por las autoridades podría ser difícil de lograr en medio de una lenta recuperación económica proyectada”, analizó. A eso se suman los “desafíos en realizar recortes profundos en el gasto discrecional ya bajo y compensar las presiones” de aumentar los recursos presupuestales, agregó.
La agencia proyecta que el Producto Bruto Interno (PBI) de Uruguay crezca 2,5% este año y 2,7% el próximo, más lento que la mediana de los países calificados como “BBB”. Señaló que hubo recientemente un aumento de casos y muertes por coronavirus, “pero las restricciones de movilidad limitadas y un esfuerzo de vacunación rápido (aunque tardío) deberían limitar el daño económico”. Y en este contexto, además, la demanda interna se ve “obstaculizada por la disminución de los salarios reales, la pérdida de empleos y la austeridad fiscal”, aunque en sentido opuesto incide la construcción de la segunda planta de UPM, si bien su “contribución al crecimiento debería disminuir en 2021 y volverse negativa en 2022”, cuando finalice la obra. Por el lado externo, la “fuerte demanda” está “apoyando a los sectores exportadores, con la excepción del turismo”, resume el informe de la calificadora. En materia de precios internacionales observa que el de las materias primas está permitiendo “aliviar los estrechos márgenes” del sector agrícola y fomenta nuevas inversiones, pero el petróleo más caro “representa un obstáculo para compensar el viento en contra y un desafío político”: el Poder Ejecutivo puso en vigor el martes 8 un ajuste de las tarifas de los combustibles de 12% —en promedio—, “lo que disminuirá, pero no eliminará, la consiguiente carga financiera sobre Ancap”.
Fiscal. Fitch espera que el déficit fiscal anual caiga al 5,1% del PBI al cierre de 2021 y a 4,6% en 2022. “El rápido ritmo de consolidación fiscal posterior a la pandemia que se espera en el presupuesto quinquenal podría ser más difícil de cumplir dado un panorama de recuperación económica más débil de lo proyectado”, si bien el “continuo desempeño superior en la recaudación de impuestos es una ventaja importante”. Por otro lado, señaló que las autoridades apuestan a “recortes profundos en el gasto” estructural en 2021, pero “estos pueden ser difíciles de lograr”, a la vez que las transferencias a la seguridad social y los pagos por los proyectos público-privados “podrían seguir siendo una fuente de presión” fiscal. En ese punto, Fitch afirmó que la reforma del régimen de seguridad social que está a estudio “será importante para la credibilidad fiscal y la solvencia a largo plazo”, mientras que la nueva institucionalidad creada en torno al gasto y el endeudamiento público “enfrentan una prueba importante” en 2021.
