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Para la expresidenta de Ancap Marta Jara, la reforma que el Poder Ejecutivo plantea realizar en el mercado de los combustibles es “un punto de partida”, una “hoja de ruta”, aunque ve “poco probable” que todos los cambios se logren en este período de gobierno.
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Un documento entregado hace pocos días al Parlamento expuso las grandes líneas de orientación de los cambios propuestos por el Ejecutivo: una desregulación del mercado en cuatro etapas —que iniciarán en marzo con la fijación de un precio de paridad de importación (PPI) más un plus— ajustando normas, márgenes y costos para incrementar la competencia y eficiencia en toda la cadena que lleve a una “baja real” del precio de los combustibles hacia el 2024.
Consultada por Búsqueda, tras analizar ese informe, Jara dijo que hay cambios con “incidencias pequeñas, medianas y grandes en la formación del precio” de los combustibles. A su juicio, los de mayor relevancia tienen que ver con “impuestos y subsidios”, aunque el documento del Ejecutivo no profundiza en ello. “Por ejemplo, se introduce la idea de un impuesto a la emisión del CO2 (reemplazando al Imesi e IVA), pero sin avanzar en cómo sería su distribución sobre la cartera de productos ni en cómo funcionaría. También se proponen ajustes al fideicomiso del boleto, pero esencialmente se mantiene”, repasó.
En cuanto a los márgenes de la cadena de distribución y la mezcla de agrocombustibles, la ingeniera consideró que son temas de “mediana incidencia” en el precio. “En agrocombustibles no se ven grandes ahorros posibles a corto plazo ya que el etanol queda igual y el biodiesel está condicionado hasta 2027 por los contratos con Cousa”, indicó.
El gobierno planea eliminar la obligación de mezclar 5% de biodiesel de producción nacional en el gasoil, pero descarta cambios en cuanto al etanol producido en el norte del país.
Para Jara, el nuevo diseño de la cadena de distribución secundaria requerirá mucho trabajo de parte de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua. Opinó que “es bueno que se planteen cambios para racionalizar la red a través de la competencia, que se pueda innovar con productos, servicios y tecnología y que los grandes consumidores puedan desintermediar”. De allí es que pueden surgir los “efectos significativos en el mediano plazo”, dijo. Y advirtió que “habrá que ir pensando sobre el impacto social de estas medidas, desde garantizar la cobertura de todo el país hasta cómo apoyar la reconversión de trabajadores y empresarios”.
Sobre los “negocios deficitarios y las ineficiencias operativas” de Ancap, la exjerarca dijo que son los temas que quedan dentro del ámbito de control del ente y que tienen las “menores incidencias”. Agregó: “Son temas pendientes y que sin duda hay que enfrentar, pero que no generarán una reducción realmente significativa del precio” de los productos que provee la empresa pública.
“No hay grandes misterios” sobre con qué acciones se solucionarían los sobrecostos e ineficiencias de Ancap, solo que “hay que ver si está la voluntad política de salir de activos como Portland Paysandú o plantas de distribución del interior”, afirmó. Por otro lado, añadió, también “se precisa voluntad política para realizar las inversiones que el negocio medular requiere para ser eficiente y ajustarse a los estándares de la industria, por ejemplo mejorar la carga de La Tablada, invertir en cuantificar, mitigar y remediar pasivos ambientales, etcétera”.
Resaltó que el informe del Ejecutivo “confirma desde un punto de vista técnico que la refinación es una unidad de negocio rentable”. Para la extitular de Ancap, el impacto de la reforma propuesta es acotado: “¿Cuánto se puede esperar que bajen los combustibles a precios de petróleo de hoy y asumiendo que se debe mantener la salud financiera de Ancap? Unos pocos pesos por litro, una reducción del orden del 5%, pero no bajarán un 20% como para quedar a la par de los combustibles regionales. Si esa es la expectativa, los cambios se deben dar en la parte de impuestos y subsidios”.
