Luego de años de torturas y humillaciones, el 7 de diciembre de 2014 comenzó una nueva vida para seis de los sufridos reclusos de la cárcel estadounidense de Guantánamo (Cuba). Ese día, después de negociaciones secretas entre los presidentes José Mujica y Barack Obama, un avión militar despegó de la isla caribeña hacia Montevideo con los “trasladados”.
En especial uno de los pasajeros, que en la cédula de identidad uruguaya figuró luego como Jihad Ahmad Deyab, nacido en Jdita (Líbano) el 10 de junio de 1971, mientras volaba, aún encapuchado y esposado de pies y manos, tenía esperanzas de encontrar a su familia al bajar en Carrasco.
Casi tres años después de su llegada a Montevideo, salvo la visita de su hija Fátima el pasado verano, el expreso sigue sin poder reencontrarse con su familia luego de frustrados viajes a Venezuela, Rusia, Sudáfrica y Marruecos y de pedir visados en Bolivia, Líbano, Oman y otros.
La periodista Diana Cariboni investigó el caso y publicó un libro (Guantánamo entre nosotros, Penguin Random House, 2017). Entre otras cosas, el trabajo revela que la ex vicecanciller y activista por los derechos humanos Belela Herrera propuso que la familia de Deyab fuera incluida en el grupo de 45 refugiados que llegaron desde Siria, pero que el entonces director de Derechos Humanos y actual presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, se negó y además amenazó con renunciar.
“En forma paralela a lo de Guantánamo —explica Herrera en el libro— se operó la traída de los refugiados sirios del Líbano. Ese fue todo un operativo auspiciado por Acnur (Organizaciones de Naciones Unidas para los Refugiados) y dirigido por Javier Miranda, en una delegación muy numerosa que fue al Líbano. Entonces, en ese marco, yo le propuse a Miranda que trajera en ese grupo a la familia de Jihad —yo sabía que estaban en Turquía con estatus de refugiados— pero él me contestó: ‘Yo no quiero mezclar de ninguna manera los dos programas. Me niego absolutamente, y si no, renuncio’. Eso fue un gran error, cuyas consecuencias estamos sufriendo y sufrimos todo el tiempo, porque si él hubiera tenido a la familia acá muy otra hubiera sido la historia”, opinó Herrera.
Según el propio Deyab, que años atrás había estado a punto de ser trasladado a Bulgaria en condiciones parecidas, los funcionarios uruguayos que hablaron con ellos en la prisión de la base de Guantánamo, les prometieron que cuando llegaran a Uruguay encontrarían a sus familias.
Sin embargo, el jefe del operativo designado por Mujica, José Chacha González, dijo a Cariboni que jamás asumió ese compromiso.
“Nosotros no nos podíamos comprometer a eso, y además tampoco sabíamos quiénes eran ni dónde estaban sus familiares. Siempre aclaramos que la tarea de traer a las familias le competía a la Cruz Roja, porque nosotros no podíamos entrar a Siria”, explicó.
Consultado esta semana por Búsqueda, Miranda confirmó lo expresado por la ex vicecanciller Herrera. “Le dije que era un error mezclar los dos procesos, que los dos eran valiosos, pero que no quería estar en los dos sombreros; unos eran desaparecidos por un Estado y otros, refugiados”, sostuvo Miranda, él mismo hijo de un desaparecido por la dictadura uruguaya.
Miranda relató que en esos días recibió una llamada del entonces subsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Porto, quien le dijo: “Ya tengo tus primeras seis familias”, en alusión a las de los expresos de Guantánamo, pero que también se negó y este no insistió.
El libro de Cariboni terminó de despejar las dudas respecto a un documento que debieron firmas los expresos antes de dejar la isla del Caribe.
Un acuerdo fechado en 2014 en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo —cuya copia está incorporada en el libro— dispone que los refugiados asumieron compromisos “de manera libre y voluntaria”: residir en Uruguay durante dos años, aprender el castellano, recibir formación educativa asistiendo a clases, recibir asistencia médica, obtener formación “básica en materia social y cívica” para conocer sus derechos y deberes, respetar y cumplir la Constitución y procurar conseguir un empleo para insertarse en la sociedad.
Mujica transmitió a Cliff Sloan, encargado del Departamento de Estado para el cierre de Guantánamo, la intención de recibir un contingente de refugiados más grande. “¿Cuántos son? Que se vengan todos”, dijo el expresidente cuando aún quedaban 130 presos, según el relato de fuentes de ambos gobiernos.
“Quiero ayudar a la campaña por el cierre de Guantánamo y pedir que más países acepten liberados como hizo Uruguay”, dijo entonces Deyab, pero la misión resultó imposible.
El propio sirio perdió luego el interés de quedarse en Uruguay y de traer a su familia, así que hizo múltiples intentos por abandonar el país.
Mientras el caso de los presos de Guantánamo fue manejado por personas de confianza de Mujica en el Ministerio del Interior —González y el entonces director general Charles Carrera— la venida de los sirios estuvo a cargo de Miranda desde la dirección que entonces dependía del Ministerio de Educación y Cultura y que ahora está en Presidencia conducida desde hace un año por Nelson Villarreal.
“Terroristas”.
Aunque los primeros días comieron un cordero en el balneario Pinamar y caminaron por una feria y por la playa, la vida de los seis expresos en Uruguay no fue precisamente sencilla. Recibieron el apoyo del PIT-CNT y luego del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero este último ha recibido fuertes críticas. Desde el primer día se produjeron problemas: iban a ser revisados en el Hospital Maciel pero los funcionarios que debían atenderlos se negaron porque eran “terroristas” y debieron ser estudiados en el Hospital Militar.
Además del caso singular de Deyab, que se apartó del resto y luego mantuvo una huelga de hambre, los otros cinco, mas jóvenes y con menos problemas para insertarse en la realidad uruguaya, tampoco tuvieron suerte a la hora de conseguir trabajo.
En estos días, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo comenzará contacto directo con los expresos de Guantánano para ayudar en su inserción, señalaron a Búsqueda fuentes cercanas al organismo que preside la exjueza Mariana Mota.
La adaptación de las cinco familias sirias tampoco estuvo exenta de dificultades.
Una de las familias fue seleccionado por el Instituto Nacional de Colonización y explota una chacra de 35 hectáreas en el departamento de Salto. Uno de los hijos de esta familia trabajó en un puesto de comidas en Juan Lacaze y luego se presentó en la incubadora de empresas Salto Emprende, pero recibió una evaluación “rotundamente negativa”, según un informe del Programa de Reasentamiento de Refugiados Sirios.
El jefe de hogar de otra de las familias consiguió trabajo en Piriápolis y otros en Montevideo en el área de la salud y en una empresa metalúrgica.
Algunos hijos estudian en enseñanza terciaria y otros alternan trabajos temporales.
Las familias fueron seleccionadas por un equipo que viajó a Líbano en 2014 bajo la dirección de Miranda y en el que participaron, entre otros, la directora de Derechos Humanos de Cancillería Alejandra Costa, el demógrafo Juan José Calvo y la profesora del Islam e intérprete de árabe Susana Mangana.
Tres nuevos hijos de estas familias nacieron en Uruguay.
Información Nacional
2017-10-19T00:00:00
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