Jorge Díaz respaldó al fiscal del “caso Pluna”: le transmitió que su “único compromiso” es “con la Constitución y la ley”

Consultado por Búsqueda, Díaz sostuvo con énfasis que él no recibió ningún tipo de presión por este caso y manifestó su respaldo al trabajo que viene realizando Gómez.

Díaz, que antes fue juez de crimen organizado, expresó que a su juicio lo ideal es que el Ministerio Público esté fuera del Poder Ejecutivo para evitar intromisiones indebidas del sistema político o suspicacias de la población.

En los ocho meses que lleva de gestión, el fiscal de Corte ha puesto en práctica una cantidad de transformaciones que —según dijo— apuntan a una “gestión eficiente de recursos humanos”, que se sustenta en la “transparencia” en el ingreso y el ascenso en la carrera y en el “control” de las obligaciones de los funcionarios.

—En los ocho meses que lleva de gestión dispuso el traslado de decenas de fiscales. ¿Qué motiva esos traslados?

—Se hicieron más de 60 movimientos en estos siete meses y han obedecido a una política de gestión de recursos humanos que nos permita distribuir los recursos de la forma más óptima posible.

Hubo varias motivaciones para los traslados. La primera es que existían cargos vacantes que se fueron generando por la jubilación o el retiro de algunos fiscales. La segunda es la búsqueda de un determinado perfil en los fiscales penales y de adolescentes de Montevideo. En el interior del país, además del natural corrimiento que eso produce, hubo una rotación en algunas fiscalías del litoral.

—Usted dijo que hay un perfil que se busca de los fiscales penales de Montevideo ¿Cuál es ese perfil?

—Lo que estamos buscando es un perfil de fiscal penal preparando a la institución con la expectativa de la entrada en vigencia de un proceso penal acusatorio oral y público. Para ese tipo de proceso, en el que el fiscal sea quien dirija la investigación y tenga que darle órdenes a la autoridad policial, se requiere un determinado perfil. Lo que estamos buscando es potenciar esa metodología de trabajo. No queremos un fiscal de gabinete sino un fiscal que vaya a la audiencia, que se constituya en los hechos graves, que esté en la primera línea de fuego, que se reúna con las víctimas. Yo siempre digo que quiero un fiscal que no pida el archivo de un expediente sin antes verle la cara a la víctima o que no pida un procesamiento sin antes poder tenerlo frente a frente.

—Entre las transformaciones también estuvo el llamado a concurso para ingresar a los escalafones más bajos. ¿Cómo viene funcionando eso?

—Impulsamos dos cosas: primero transformamos por Rendición de Cuentas todos los cargos de secretarios letrados en cargos de fiscales adscriptos, una nueva categoría que se inserta en la base del escalafón. Esto lo hicimos porque es un acto de sinceramiento, ya que estos funcionarios en realidad cumplen funciones de fiscales. Lo otro que hicimos fue proponer la creación de un conjunto importante de cargos destinados mayoritariamente al interior del país para reforzar las unidades fiscales. De ese modo cada fiscalía va a tener un fiscal titular y al menos dos fiscales más.

La tercera modificación fue llevar adelante un concurso abierto de oposición y méritos para llenar estos cargos. A ese llamado se anotaron más de 730 abogados, de los cuales se seleccionaron 300 por el promedio de notas de escolaridad.

También hicimos un llamado, que acaba de finalizar, para ascender de fiscales adscriptos a fiscales adjuntos al que se anotaron 33 personas. Nos comprometimos que en un plazo no mayor a dos años vamos a realizar los concursos para designar a los fiscales departamentales y a los fiscales nacionales.

—También se dispuso la obligación de los fiscales de asistir a las audiencias y de que vivan en un radio cercano al lugar en el que se desempeñan. ¿A qué obedece esto?

—Lo nuevo que hay es que por la ley de Rendición de Cuentas se agrega una nueva obligación —que en verdad ya estaba dispuesta en la Ley Orgánica del Ministerio Público— de asistir a todas las audiencias y actos de instrucción que correspondan. Esto está enmarcado en el nuevo paradigma que le mencioné: no más fiscales de gabinete sino fiscales que cumplan con los principios de inmediación y economía procesal.

La obligación de residir en el lugar en el que tenga asiento la fiscalía es una obligación que existe desde que se aprobó la ley orgánica, en 1982. Constatamos que existía un cierto incumplimiento y dictamos una circular que interpreta el termino ‘lugar’ como una comunidad geográfica. De ese modo los fiscales deben vivir en un radio de 60 kilómetros de donde trabajan.

—¿Estas cuestiones se van a controlar o la norma va a ser letra muerta como hasta ahora?

—Se va a controlar. Lo que establecimos fue un mecanismo de control a través de una declaración jurada que se debe hacer una vez al año o al momento de tomar posesión de un nuevo cargo. A su vez dimos un plazo de 6 meses para que los fiscales regularicen su situación.

—Usted dijo al asumir su cargo que el Ministerio Público estaba en una situación caótica. ¿Cómo está ahora?

—La realidad no cambia por un toque de varita mágica. El Ministerio Público no llegó a la situación en la que yo lo encontré en dos días ni sale de esa situación en dos días. Nos encontramos con un Ministerio Público que tenía el 30% de los cargos de servicio vacantes, el 23% de los cargos administrativos vacantes y el 22% de los cargos técnicos vacantes. Lo que hemos hecho para salir de esa situación fue mover las trabas que nos impedían avanzar, como la política de recursos humanos que le comenté. Hemos logrado que los llamados se hagan y confiamos en que eso se logre. La situación hoy sigue siendo tan caótica como hace siete meses pero estamos recorriendo los caminos para resolverlo. Los mecanismos cristalinos de llenado de vacantes obviamente llevan su tiempo, lo que es rápido es el dedazo.

—¿Con la estructura actual del Ministerio Público es posible afrontar un cambio en el proceso penal?

—Es obvio que necesitamos reforzar la estructura del Ministerio Público en varios frentes. Primero en cuanto a la cantidad de fiscales, segundo en cuanto a su distribución en el territorio nacional y tercero en cuanto a la apoyatura que tienen. Si el fiscal va a pasar a dirigir la investigación necesita un refuerzo importante. El país tiene necesariamente que ir hacia ese nuevo modelo porque tiene que cumplir con los estándares internacionales que establecen los tratados en materia de derechos humanos que el país ha suscripto.

—¿Desde el punto de vista institucional cuál debería ser el lugar que ocupe el Ministerio Público?

—Mi opinión es que el Ministerio Público debe ser autónomo del sistema político. Debe estar fuera del Poder Ejecutivo y a mi juicio se debe seguir el modelo de los demás países de América Latina, donde es una institución autónoma similar a lo que es en Uruguay el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es decir un organismo extra poder. Esa sería la situación ideal, pero para ello habría que reformar la Constitución, lo que es un mecanismo pesado. Sin llegar a eso se ha propuesto por el senador (Ope) Pasquet un paso intermedio, que es la creación de un Servicio Descentralizado que seguiría estando bajo la tutela administrativa del Poder Ejecutivo pero tendría un cierto margen de autonomía. Podría ser este un diseño adecuado, aunque habría que tomar algunos recaudos, ya que los mecanismos que la Constitución prevé para la destitución del Directorio de los servicios descentralizados no podrían ser nunca aplicables al fiscal de Corte.

—El fiscal de crimen organizado Juan Gómez está investigando al presidente del Banco República y al ministro de Economía, entre otras personas, por el llamado “caso Pluna”. ¿Recibió alguna presión por eso?

—Absolutamente no. Ni de parte del gobierno, ni de parte de la oposición. Es público y notorio que la bancada de senadores del Partido Nacional presentó la denuncia. De ninguna de las dos partes recibí ningún tipo de presión.

—¿Le expresó su respaldo a Gómez por el trabajo que viene llevando adelante?

—Visité la fiscalía de crimen organizado la semana pasada para ir a conocer el nuevo local por algunos problemas que habían surgido y allí estuve reunido con Gómez, con la doctora Mónica Ferrero y con todos los integrantes de ambas unidades fiscales. Sí les transmití que contaban, en esta como en todas las investigaciones que llevan adelante, con mi más total, completo y absoluto respaldo. Les dije que nuestro único compromiso es con la Constitución, la ley y las instituciones democráticas, y en particular con el Ministerio Público.

—Usted viene de un seminario internacional en el que participaron fiscales generales de países de la región que han protagonizado investigaciones contra gobiernos de turno, como el caso del “mensalão” en Brasil. ¿Qué experiencia recogió en ese ámbito?

—Estuve en Panamá en la reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y la semana siguiente participé en la reunión de fiscales generales del Mercosur en Brasilia. En ambos eventos uno de los temas recurrentes fue el de la autonomía, y en ese contexto el relacionamiento del Ministerio Público con los sistemas políticos de los distintos países. Ese tema se discutió, al punto que en la reunión del Mercosur se emitió una declaración reafirmando la independencia de los fiscales y la autonomía de los Ministerios Públicos. Obviamente se comentaron situaciones que se dan en los distintos países entre el Ministerio Público investigando eventuales hechos de corrupción y algunas reacciones de parte del sistema político. Esto forma parte de la institucionalidad y del relacionamiento democrático que se debe dar entre los distintos poderes del Estado y a mi juicio reafirma la necesidad de que el Ministerio Público cuente con autonomía suficiente del sistema político para evitar este tipo de suspicacias o sospechas que puedan tener los ciudadanos y para que el diseño institucional asegure contra cualquier pretensión que pudiera haber de intromisión.