Jueces, fiscales y especialistas coinciden en la necesidad de dejar atrás el “prejuicio” y reinstalar un Ministerio de Justicia

Sin embargo, cada vez son más las voces que plantean que Uruguay necesita contar con un órgano coordinador del sistema de Justicia, que ordene y centralice la multiplicidad de organismos y competencias desparramados por todo el Estado. Incluso la creación de este ministerio forma parte de las prioridades de un eventual gobierno del Frente Amplio.

El año pasado el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, defendió la necesidad de reinstalar el ministerio para que se ocupe, entre otras cosas, de las cárceles. Petit dijo que ya era tiempo de superar el “estrés postraumático” que dejó el desempeño “bochornoso” del organismo en la dictadura.

Y en el Parlamento, legisladores de distintos partidos políticos expresaron posiciones favorables, luego de la molestia que causó la decisión de la Suprema Corte de Justicia —posteriormente enmendada— de cerrar 20 Juzgados de Paz.

Las posturas a favor de un Ministerio de Justicia trascienden el ámbito político. También en la academia y en el sistema de Justicia hay un visión favorable. En una mesa redonda organizada por la Universidad de Montevideo el lunes 28 de marzo para presentar su Maestría en Derecho Procesal y Litigación, operadores y especialistas coincidieron en la “utilidad” de crear un nuevo ministerio.

Todos, no obstante, aclararon que el organismo debería tener sus competencias acotadas y definidas de forma clara, para que en ningún caso suponga poner en riesgo la independencia del Poder Judicial.

Mientras tanto, desde el gobierno aseguran que un Ministerio de Justicia no está en sus planes. “No está en agenda”, dijo el ministro de Educación, Pablo Da Silveira, consultado por Búsqueda.

“Ministerio sí”

“¿Ministerio de Justicia sí o no?”, planteó el codirector de la maestría, el abogado Santiago Pereira Campos, al dar comienzo al debate. “Sabemos que hablar de esto tiene un fuerte prejuicio por el avasallamiento de las garantías” durante la dictadura, señaló, pero mencionó como dato relevante que “Uruguay es uno de los pocos países de América que no tiene un Ministerio de Justicia”.

A su juicio, la clave está en determinar “para qué” crear un ministerio, “con qué funcionalidades”, y “cómo hacer para que su implementación mantenga ciertos valores”, como el de la independencia del Poder Judicial.

La jueza Graciela Gatti, presidenta de la Asociación de Magistrados y ministra de un tribunal penal compartió que el foco está en definir “para qué” sería el Ministerio de Justicia. La Constitución, en su artículo 239, “nos da una idea clara de qué puede hacer y qué no”, planteó. Porque establece que la administración del Poder Judicial y la designación de los jueces le corresponde a la Suprema Corte de Justicia. Eso “no podría estar alcanzado” por las competencias del ministerio, opinó.

Con esas salvedades, para Gatti un nuevo ministerio sería “útil” para “cumplir de mejor manera los fines que hacen al sistema de Justicia”. Por ejemplo, podría implicar mejoras en la transparencia, en la comunicación con la sociedad y en la comunicación intrainstitucional. Tener un organismo que coordine permitiría “dejar de ver el Estado como compartimentos estancos”, dijo.

“Creo que un articulador, un organismo del Estado que cumpla ese rol de servir de actor especializado y de interlocutor válido a la hora de coordinar acciones sería sumamente útil”, consideró.

La jueza mencionó como ejemplo el trabajo conjunto entre varios organismos para implementar el nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Este se hubiera facilitado con la existencia de un organismo central que determinara qué recursos se iban a asignar y qué capacitaciones se realizarían, por ejemplo.

También evaluó que se lograría “mayor eficiencia a la hora de redistribuir competencias dentro del Poder Ejecutivo” y que se podría repensar la ubicación de determinados servicios, como el Instituto Técnico Forense, que hoy está bajo la órbita del Poder Judicial pero trabaja fundamentalmente con la Fiscalía.

“Ministerio sí”, opinó, por su parte, la directora de la Unidad de Litigación Estratégica de la Fiscalía, Adriana Sampayo, aunque añadió: “En tanto (sea un) organismo coordinador del funcionamiento del sistema de Justicia en su totalidad: Fiscalía, organismos técnicos, sistema penitenciario”.

Sampayo señaló que si se analizan sistemas de otros países resulta “llamativo” el caso uruguayo, en el que el Ministerio del Interior tiene a su cargo la prevención y persecución del delito y también la gestión de las cárceles.

Añadió que también podría analizarse a futuro cuál debería ser la ubicación de la Defensa Pública, que hoy integra el mismo órgano que los jueces.

“Por todo esto parece interesante contar con un Ministerio de Justicia”, afirmó. También destacó que sería positivo contar con un interlocutor válido para negociar con el Ejecutivo el presupuesto, un tema que “ha complicado” la implementación de reformas como el CPP y los recientes Juzgados especializados en Género.