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Las declaraciones juradas sobre el estado patrimonial que deben presentar un grupo de funcionarios públicos —entre ellos integrantes del Poder Ejecutivo y el Parlamento— no tienen un efecto “preventivo” contra casos de corrupción, advirtió Ricardo Gil Iribarne, presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública.
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“Desde el punto de vista preventivo, la percepción de riesgo que puede tener un funcionario corrupto es bajísima. Posiblemente la presenten bien los que son buenos funcionarios, pero un corrupto sabe que eso hoy no lo abre nadie”, aseguró el jerarca el jueves 31 de agosto al comparecer ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, en el marco del análisis de la Rendición de Cuentas.
Gil Iribarne señaló a los legisladores que hay un “gran problema” con las declaraciones juradas ya que “no se miran. Estamos desde febrero y no se ha abierto ninguna. Si la Justicia o una comisión investigadora pide para abrirla es porque el lío ya se armó; no es preventivo”.
Agregó que debería ser parte del control de las declaraciones el levantamiento del secreto bancario o el acceso a registros. “Desde mi punto de vista, yo abro la declaración jurada de este año o la de dos años atrás para ver qué pasó, pero tengo que poder controlar si tiene las propiedades que figuran allí, si no tiene otras y si las cuentas bancarias son esas o son otras”.
Gil Iribarne dijo que el organismo necesita funcionarios técnicos para realizar su tarea. Además, requiere de más presupuesto. “Si ustedes me preguntan qué va a pasar dentro de cinco años, creo que la junta debe ser mucho más poderosa que ahora; pero tiene que demostrarles a ustedes, a la sociedad, que sirve para algo, que cumple el rol que debe cumplir en el combate a la corrupción, que es un tema que a ustedes y a nosotros nos preocupa”.