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Una “vieja lucha” y reclamo de la gremial que nuclea a los comercios de cercanía (Cambadu) ante la Intendencia de Montevideo (IM) ha sido la “voracidad” de las multas que aplica por el incumplimiento de almacenes y autoservicios a normas de salud y seguridad alimentaria. La inspección de la comuna —que actúa por su propia iniciativa o bien ante denuncias— releva también el registro de productos, de vehículos de transporte de alimentos, el cumplimiento de normas de bromatología, la existencia de mercadería vencida para la venta al público, la presencia de insectos, etcétera. Ante la constatación de una infracción puede aplicar multas y en casos extremos o reiteraciones se llega a la clausura.
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En los últimos años, la cantidad de multas aplicadas por esas causas ha ido reduciéndose, según datos de la IM a los que accedió Búsqueda. Fueron 996 en 2021, 304 en 2022 y 75 entre enero y abril pasado. El gobierno departamental no proporcionó datos de años anteriores al 2021.
Cambadu cuestiona las multas por entender que son demasiado gravosas para los pequeños comerciantes. “Por más que haya facilidades para pagar, es un disparate que la mínima infracción para un comercio que tenga dos paquetes de mercadería vencida sea de 54 unidades reajustables (UR). ¡Son como $ 80.000! Y a veces se aplican dos o tres multas de esa entidad al mismo comercio. Eso nos preocupa”, dijo a Búsqueda el presidente de la gremial, Daniel Fernández.
Aclaró que Cambadu no se opone a las sanciones sino que pide que los valores de las multas sean “razonables” y encierren cierta gradualidad para no “hacer temblar la economía de los comercios” de pequeño porte.
Ante ese reclamo, la bancada del Frente Amplio de la Junta Departamental de Montevideo está estudiando el tema en una comisión específica, informó a Búsqueda el edil Martín Nessi.
Están analizando qué tipo de falta cometen los establecimientos para ver si es posible “flexibilizar” las medidas que se aplican en cada caso, explicó. Mencionó, como ejemplo, que en primer lugar podría apercibirse al comerciante y, de reiterarse la falta, entonces sí multar. “Tenemos esa idea de pensar en un sistema más progresivo, según los tipos de infracciones que existen”, señaló Nessi.
Agregó que esto se está evaluando en conjunto y en consulta con la IM, así como también se está “viendo la posibilidad de que puedan rebajarse algunas multas iniciales, como las de 54 UR. Porque muchas veces, para comercios de menor porte, son bastante difíciles de asumir. (…) No es lo mismo para un almacén de barrio que para un comercio” grande.
Multas
Al analizar el motivo de las multas, este año la falta de carné salud vigente de los empleados fue la más común. La multa es de cinco UR por empleado; en enero-abril se aplicaron 28 multas por esa causa (habían sido 409 en 2021 y 131 en 2022).
También hubo 11 multas de 54 UR por falta de higiene en los establecimientos. Vinculado a ello, la presencia de insectos también se penó en nueve casos, con multas de cinco UR; en 2021 habían sido 21 sanciones y 64 en 2022.
Por encontrar mercadería vencida, que es otra de las faltas con multa más alta (de 54 UR), se aplicaron 125 en 2021, 32 en 2022 y ocho entre enero y abril pasado.
La multa por falta de habilitación del local se impuso en 86 casos en 2021, 26 en 2022 y nueve en el primer cuatrimestre de 2023. A su vez, en 2021 hubo 270 por faltas en el cumplimiento de los protocolos establecidos por la pandemia de Covid-19, un aspecto que ya no se controla dado el fin de la emergencia sanitaria.
En 2022 se destacó la cantidad de iwnfracciones a las medidas preventivas contra incendio: se aplicaron 64 multas (de dos UR).
Las 996 multas aplicadas por la IM en 2021. Sin considerar las que son por no tener carné de salud vigente fueron por 11.962 UR, lo que equivale a unos US$ 365.000, mientras que en 2022 fueron 304 por 2.954 UR (US$ 110.500 aproximadamente) y las 75 multas de enero-abril sumaron 1.136 UR (unos US$ 46.400).
El director de Convivencia Departamental de la IM, Facundo Pérez, dijo a Búsqueda que en la pandemia el servicio de inspección desplegó un “fuerte control” y entonces se detectaron “muchísimas deficiencias” en cuanto al vencimiento de los alimentos y temas de salubridad en los comercios. Ahora eso “cambió” y los establecimientos han logrado una mejora notoria”, destacó.
Respecto al cambio que estudia la Junta Departamental, Pérez consideró “razonable” que se contemple cierto escalonamiento en las multas porque “no es lo mismo que el comercio tenga una Coca-Cola vencida o 25 cajas de empanadas”, ejemplificó.
