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Tras el fin de la “micro corrupción” que suponía presentar en una oficina estatal la tarjeta de un político conocido para acelerar un trámite, la Junta de Transparencia está abocada un “cambio cultural” que haga entender a todos los funcionarios públicos que están “al servicio” de los ciudadanos y que no les están “haciendo un favor” cuando cumplen con su trabajo.
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“A la Junta le interesa particularmente fortalecer la idea de servicio público, entonces, es necesario insistir sobre la necesidad de que los funcionarios tengan una actitud de servicio a la sociedad, que tengan claro que han sido contratados por ella por intermedio del Estado y deben servir a los ciudadanos”, declaró a Búsqueda el presidente del organismo, Luis Yarzábal.
Con ese objetivo, la Junta de Transparencia organiza talleres de “ética de la función pública” y “normativa nacional e internacional contra la corrupción” en las distintas dependencias del Estado. Estos cursos han permitido, según el jerarca, “modificar la conducta” y eliminar “las malas prácticas” en muchas oficinas.
“Cambio cultural”.
Desde el 2010 la Junta asumió como tarea “difundir las normas de conducta” sobre la “Ética Pública” para “contribuir a la obtención de la transparencia y responsabilidad en la gestión administrativa”, según un documento oficial del organismo.
La Junta aborda esta nueva tarea luego de que “ha desaparecido de la sociedad uruguaya” el acto de “micro corrupción” que implicaba “la presentación de la tarjeta del correligionario” en una oficina pública, algo que “era un componente fundamental en administraciones anteriores”.
Ahora, el organismo impulsa un “cambio cultural” en la administración pública y sus trabajadores, y eso, dijo Yarzábal, es “lo más difícil de conseguir”. “En general tenemos un muy buen concepto del funcionariado público, pero siempre es necesario ir actualizando este concepto”, añadió.
“Lo fundamental es estar consciente de que se está al servicio del ciudadano que viene a ejercer un derecho. Es difícil estar siempre en esa actitud. A veces la sobrecarga de trabajo, las actitudes de los ciudadanos demandantes provocan actitudes de los funcionarios, que se ponen en una posición de superioridad en relación con el ciudadano o que actúan como si le estuvieran haciendo un favor”.
Para Yarzábal, que antes de integrar la Junta presidió la Administración Nacional de Educación Pública, hay que “luchar permanentemente contra esa desviación” en la que caen algunos funcionarios. “Tienen que tener en cuenta que asisten al ciudadano, y sobre todo al más desvalido, al que va a demandar un servicio público en situación de indefensión”, insistió.
Según el jerarca, “siempre hay el riesgo de caer en esas malas actitudes por rutina burocrática, por olvido de la normativa”.
De acuerdo con la información de la Junta, entre el 2010 y 2011 se capacitó a 783 trabajadores del Estado. “Hemos visto un cambio muy positivo en los funcionarios” que participaron, aseguró Yarzábal.
Sindicatos.
La Junta colabora con los cursos que dicta la Escuela Nacional de Administración Pública, pero también está “obligada a formar a los nuevos funcionarios”, lo que es “una inversión a mediano plazo” para el Estado.
“Tal vez es tarde para actuar sobre el funcionario que ya tiene cierta cultura institucional que está orientada hacia otro lado, pero el que ingresa y se instala en la función pública tiene la oportunidad de recibir los conceptos básicos de la ética de la función pública y de cuál debe ser su conducta”, dijo Yarzábal.
En momentos en que es en el sector público donde ocurren la mayoría de los conflictos sindicales, la Junta pretende acordar con sus dirigentes para dictar cursos a nivel gremial. La idea es “contribuir a esclarecer” cuál debe ser el equilibrio entre “los derechos individuales con los derechos generales, o los derechos sindicales con los derechos de la sociedad”.
“La junta tiene una posición de respaldo de una sociedad de derecho y una sociedad en la cual así como deben ser reclamados los derechos, deben ser atendidos los deberes”, dijo Yarzábal, y agregó que es importante que la sucesión de conflictos —que “son muy diversos y en algunos casos de sobradas razones”— no sean como un “boomerang” que termine “afectando a los trabajadores”.
“La credibilidad del funcionario público es fundamental para el buen funcionamiento de la democracia y de la gobernanza”, advirtió.
