Justicia accedió a pedido de familiares y ordenó una “curaduría” que asista a Robin Henderson en sus decisiones económicas

Este mes, la Justicia tomó una decisión que, de quedar firme, tendrá un impacto significativo en varias de las causas en proceso. El 18 de marzo la jueza de Familia de 20 turno, Mónica González, resolvió ordenar una “curaduría interina” que asesore a Henderson “en todo lo relacionado con su patrimonio”.

De esas declaraciones se “infiere que, cuando se profundizan los temas relacionados con los bienes o su patrimonio, presenta dificultades para dar respuestas y soluciones lógicas y atendibles”, evaluó la jueza. A partir de las evidencias recabadas la magistrada concluyó que el empresario “presenta una discapacidad, entendida en este caso como una deficiencia física y mental, que le impide su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”. Eso implica una “desventaja considerable” para la resolución de su situación económica y patrimonial, por lo que —aunque no necesita ser “plenamente sustituido” en la toma de decisiones— requiere de una “salvaguardia que lo proteja”. La jueza dispuso que Henderson podrá manejar una suma de dinero mensual que le permita solventar sus gastos personales, médicos, y el mantenimiento de sus hogares en Montevideo y Punta del Este.

El proceso de declaración de incapacidad fue iniciado por sus tres hijos, Alan, Lucy y Robin Henderson, y su esposa Herminia Rojas —de quien el empresario está separado y en proceso de divorcio. Pero la victoria para la familia no fue completa. Si bien la jueza les dio parcialmente la razón, no accedió al pedido de nombrar como curador a su hijo Alan, ya que entendió que existe un “conflicto de interés” debido al juicio arbitral que está en proceso. En su lugar, prefirió respetar la voluntad de Henderson y nombrar como curadora a su abogada, Luz Calvo.

Pedido de procesamiento

Por otra parte, en el marco de una denuncia penal que presentaron los familiares luego de que Henderson reconociera al hijo de su pareja, la fiscal Gabriela Fossati pidió su procesamiento de ambos por el delito de “suposición de estado”, previsto en el artículo 259 del Código Penal, atenuado por el “móvil de afecto”.

Los hijos habían acusado a la mujer de manipular a Henderson para que reconociera a su hijo como propio. En julio de 2015 Henderson hizo el trámite para darle su apellido pese a que no conocía a la madre del niño cuando este nació en 2006.

“Surge suficientemente acreditado que los indagados crearon un estado civil falso para reconocer al niño como hijo natural de Henderson”, alegó la fiscal en su dictamen del 21 de febrero, al que accedió Búsqueda. Fossati solicitó que, si la pareja no tiene antecedentes penales, el procesamiento se disponga sin prisión.

El juez del caso, Tabaré Erramuspe, había dispuesto el archivo amparado en una reciente acordada de la Suprema Corte de Justicia, pero la fiscal recurrió la decisión. Días atrás el magistrado dispuso que se realice una prueba de ADN para descartar el vínculo biológico entre ambos.

También en febrero la Justicia se pronunció en otro de los litigios vigentes, este iniciado por la pareja de Henderson. Pamela Sverco denunció a los hijos del empresario por “violencia basada en género”, al amparo de la reciente Ley Nº 19.580. Según indicaron fuentes judiciales consultadas, la denuncia se debió a la insistencia de algunos familiares para ver a Henderson, en ocasiones en la entrada de la casa donde viven. Es que Sverco mantiene al empresario en “total aislamiento respecto de sus seres queridos y afectos”, afirman los hijos en uno de los expedientes revisados por Búsqueda. No pueden visitarlo y están bloqueados de su celular.

La jueza de Maldonado Adriana Navarro dispuso el 27 de febrero archivar las actuaciones respecto de uno de los hijos denunciados, Robert Henderson, a pedido de la Fiscalía. La sede entendió que no ameritaba ordenar medidas cautelares para proteger a Sverco, ya que el denunciado no había vuelto a acercarse al domicilio. Además, la Fiscalía sostuvo que no se configuraron las vulneraciones previstas en la Ley 19.580. La Justicia aún no resolvió sobre los otros familiares denunciados por Sverco, que deberán ir a declarar ante la jueza en las próximas semanas. 

Vínculos “nefastos”

Hay al menos siete causas judiciales en trámite que tienen en una parte a la familia de Henderson y, en la otra, al empresario o su pareja. Su relación con Sverco no es la única que preocupa a la familia, que también responsabiliza a vínculos amorosos previos y a otros allegados de haber sido “absolutamente nefastos” para su salud y su patrimonio. También apuntan contra otro de los abogados del empresario, el penalista Diego Durand, por no asesorarlo adecuadamente en varios episodios clave (Búsqueda Nº 1.966).

En el proceso iniciado para pedir la declaración de incapacidad de Henderson, sus hijos afirmaron que diversas acciones que habrían deteriorado su salud y “dilapidado” su patrimonio demuestran que no está en uso de todas sus facultades y que “no puede dirigirse a sí mismo ni administrar sus negocios”. Según la información que posee la familia, de los US$ 13 millones iniciales que Henderson cobró por la venta de Tienda Inglesa en la segunda mitad de 2016, ya casi no quedan rastros, “desconociéndose en general el destino dado al dinero”.