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    Justicia intervino cooperativa

    A pedido de la Auditoría Interna de la Nación (AIN), la Justicia dispuso la intervención —con desplazamiento de autoridades y por un plazo de 90 días— de la Cooperativa Municipal de Consumo, fundada a comienzos del siglo pasado.

    La AIN constató en esa entidad problemas de “gravedad”, como desabastecimiento, falta de pagos e incumplimiento de la “gestión democrática”. Su pedido, del 26 de agosto, se basó en las conclusiones de una fiscalización de oficio relativa al objeto social, los principios cooperativos, el funcionamiento de los órganos sociales de la entidad y el cumplimiento de sus obligaciones ante la auditoría, explicó en la resolución.

    La AIN señaló que el objeto social de esa cooperativa de consumo se ve “seriamente afectado” por la falta de bienes de la canasta básica en la sede y salones de ventas, la mala gestión de inventarios que “no brinda la mínima seguridad de un gerenciamiento adecuado”.

    Además, detectó la falta de registro o el registro irregular de la actuación de los órganos de dirección (Consejo Directivo, Comisión Fiscal, Asamblea General) y debilidades de control dentro de la organización. La AIN también halló incumplimientos del “principio de control y gestión democrática y de educación, capacitación e información cooperativa”.

    A su vez, el sistema informático no permitía la obtención de información contable y financiera “confiable, completa y oportuna”, a la vez que había “escaso aporte de la cuota social mensual cobrada a los socios a la constitución del capital social de los mismos”.

    Según la AIN, la Cooperativa Municipal de Consumo “no cuenta con un capital de giro suficiente para enfrentar las necesidades mínimas de funcionamiento”.

    Al finalizar el plazo de 90 días se evaluará el resultado de la intervención.

    Esta cooperativa surgió en 1930 con un capital prestado por la Intendencia de Montevideo y 50 afiliados iniciales, y creció hasta superar los 8.000 en 1961, una masa social que se mantenía a principios de los años ochenta, según datos recogidos en una consultoría hecha para la Cepal en esos años. Su sede es un edificio en la calle Santiago de Chile.