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“Vamos a ir a fondo”, dijo el ministro de Salud, Jorge Basso. A su lado, sentados con rostros serios, estaban la directora del Banco de Previsión Social (BPS), María del Rosario Oiz, y el presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Arturo Echevarría. El miércoles 1, las autoridades citaron a una conferencia de prensa para hacer una puesta a punto sobre la noticia de una millonaria estafa al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) con “empresas fantasma” a lo largo de seis años, y que fue detectada por una reciente investigación policial. Sin embargo, más allá de la promesa de investigar internamente el asunto y de ir “hasta las últimas consecuencias”, fue poco lo que pudieron profundizar. En más de una ocasión los jerarcas insistieron en que no tenían el dictamen de la jueza Julia Staricco, que en los últimos días procesó a varias personas por este caso y empezará con decenas de citaciones a declarar.
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Desde el año 2011, los estafadores reclutaban de barrios marginales y asentamientos a personas que no tuvieran un trabajo formal y por tanto no hicieran aportes al Banco de Previsión Social (BPS). Luego los inscribían en empresas “truchas“, y los afiliaban al Fonasa a través de promotores de mutualistas. La Junasa, a su vez, pagaba la cápita —una cuota promedio de $ 1.800, pero que varía según sexo y edad— por cada falso trabajador. “La mayoría era gente humilde y de trabajo. Si ellos supieran que se trataba de un ilícito el 80 % se negaban, seguramente era por necesidad”, le dijo uno de los procesados a la fiscal Mónica Ferrero y a la jueza Staricco, según consta en el pedido de procesamiento.
La investigación policial comenzó a mediados de enero con la detención de un joven de 23 años, supuesto cabecilla de un grupo organizado, por otras estafas que realizaba a un banco privado. Lo que hacían era depositar en las buzoneras sobres vacíos o con poco dinero, pero digitaban montos mayores y se los hacían transferir a una tarjeta prepago. En el periodo ventana entre que se hacia el depósito, se transfería y el banco lo chequeaba, los estafadores usaban la tarjeta para comprar electrodomésticos. En el marco de esa investigación encontraron documentos que les parecían extraños como documentos de empresas a nombre de los procesados o de subsidios entregados a familiares directos. Los investigadores encontraron una lista de 31.600 cédulas desde el 2011 a la fecha. Todavía no confirmaron que todas esas cédulas fueran de gente que fue usada para estafar al Fonasa. Pero al menos las 52 personas que se llevaron a declarar el primer día estaban en esa lista. La Policía sospecha que se abrieron unas 100 empresas, algunas de las cuales tenían hasta 100 empleados. Las direcciones de las empresas eran falsas, y la mayoría eran del rubro servicio doméstico. Abrían la empresa, ingresaban a un centenar de personas y las daban de baja al tercer o cuarto día. A los 40 días también se daba de baja la empresa.
Cuando los falsos trabajadores formales ingresaban al sistema, se generaba una cápita del Fonasa. En ocasiones quedaban en el sistema por tres o cuatro meses, a veces un solo mes. El supuesto cabecilla de los estafadores, el joven de 23 años, declaró haber inscripto a mil personas. Él y sus cómplices cobraran de las mutualistas unos $ 1.800 a $ 2.000 por afiliado que conseguían. A las personas que inscribían les pagaban o prometían pagar entre $ 500 y $ 1.000.
El Fonasa perdía plata por las cápitas, pero ese dinero era para beneficio de las mutualistas, que lo recibían sin tener que proveer servicios a pacientes reales. “Las mutualistas ganaban por todos lados”, dijo a Búsqueda una fuente policial a cargo de la investigación. Hay seis o siete mutualistas identificadas y la Policía dice tener documentación que prueba que accedieron a afiliar gente sin cumplir con las normas legales. En particular con la exigencia de que la persona vaya personalmente a afiliarse. Al mostrarles documentos de afiliación, personas que fueron a declarar al juzgado dijeron que la firma que lucía en el papel no era suya y que la habían falsificado. Por eso ahora se analiza la responsabilidad de las mutualistas, de sus “promotores” y del área comercial.
A los investigadores les llama la atención que el BPS “no se diera cuenta de nada”. “El ingreso y egreso del personal de las empresas fantasma tendría que haber hecho saltar las alarmas”, dijo uno de los informantes y ejemplificó: “Personas que ingresaban al Fonasa y el mismo día se daban de baja de la empresa”.
También hubo estafa con el cobro de subsidios.
El supuesto cabecilla tiene el primer antecedente por estafa a los 15 años, con la tarjeta de un abuelo. El joven, de perfil socioeconómico medio o medio bajo, se dedicó a estudiar las brechas del sistema financiero, según la Policía.
Trabajo de hormiga.
El jueves 2 concurrieron a declarar al juzgado funcionarios del BPS. Y la Justicia tiene previsto continuar con las citaciones por varios días más. “Esto va para largo”, comentó a Búsqueda una fuente de la investigación judicial. El objetivo de la Justicia es comprobar si los estafadores tuvieron cómplices dentro del BPS como de las mutualistas, informó la fuente. De acuerdo con un informante que trabaja en la investigación, para la Justicia es “muy probable” que en las mutualistas y en el BPS hubo personas involucradas en la estafa. Aseguró que resulta poco creíble que la maniobra prosperara con el desconocimiento absoluto de los centros de salud o del BPS.
En su confesión, el joven procesado afirmó que hubo más involucrados, pero no identificó sus nombres. Por eso la fiscal y la jueza buscan averiguar quiénes son esas personas. La Justicia está haciendo “un trabajo de hormiga” para tratar de encontrar a quienes colaboraron con la estafa desde dentro de las instituciones, afirmaron las fuentes. Por otra parte, la Justicia también investiga “hacia dónde fue” el dinero que se obtuvo de la estafa.
En tanto, desde el sector mutual se despegan de cualquier implicancia.
“Sabemos positivamente que ninguna de las instituciones mutuales está involucrada. Está absolutamente claro que ninguna armó una maniobra para estafar al Fonasa”, señaló una fuente del mutualismo. Agregó que los números que se están manejando están “repletos de inconsistencias”. Puso un ejemplo: en la prensa trascendió que uno de los estafadores ganó U$S 60.000 en un mes. “Si el tipo cobraba $ 1.800 por afiliado, ¿cuántas personas tuvo que meter en el Fonasa en un mes para ganar esa cifra?”, se preguntó. “Los números que se manejan le quitan credibilidad a la historia completa; en las mutualistas descartamos de plano que ninguna de las empresas mencionadas en la investigación haya participado en alguna maniobra para estafar al BPS o al Fonasa”, concluyó.
