Kreimerman deberá explicar en el Parlamento los negocios de Ancap

“Más allá del ejercicio de su profesión, el doctor De Posadas está protagonizando una interferencia política manifiesta e inaceptable que nos provoca un profundo malestar”, declaró a Búsqueda el candidato a la Vicepresidencia por el Partido Nacional, Jorge Larrañaga.

“Sus tratos con el Estado y con multinacionales acusadas de corrupción no tienen nada que ver con el Partido Nacional”, enfatizó.

Larrañaga dijo que para él y para Lacalle Pou, los negocios de Ancap con Petroecuador y con Trafigura fueron “lamentables” porque “se le dijo a la gente explícitamente que el acuerdo con Ecuador era de Estado a Estado para eliminar a los intermediarios y acabaron dándole un negocio de U$S 6.400 millones precisamente a un intermediario”.

“De uso corriente”.

Esta semana, el estudio PP&V decidió salir a defender y explicar los contratos suscritos en 2010 por Ancap con Petroecuador y con Trafigura, que motivaron las acciones parlamentarias de la oposición por sospechas de irregularidades.

PP&V, que asesora a Trafigura en Uruguay, dijo a Búsqueda en un informe que los contratos que Ancap suscribió con Petroecuador en enero de 2010 y con Trafigura en agosto de ese año son “de uso corriente en la actividad”. Añadió que el “objeto” de los convenios “y sus obligaciones son absolutamente legítimos”.

En marzo de 2010, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, declaró en José Ignacio (Maldonado) que el acuerdo Ancap-Petroecuador permitiría hacer negocios de Estado a Estado y sacar del medio a traders como Trafigura, una transnacional holandesa acusada de corrupción en varios países de América Latina y África.

“Regalábamos nuestros dineros a las transnacionales y a los intermediarios” pero “hoy empezamos el intercambio directo de ese crudo hacia Uruguay, que tiene capacidad de refinación. Ellos nos enviarán derivados, de tal forma que eliminamos esa intermediación”, dijo Correa, quien antes había calificado a Trafigura como una empresa “mafiosa”.

Raúl Sendic, a la sazón ministro de Industria y Energía, coincidió con Correa. “Ecuador nos entrega petróleo, nosotros lo refinamos, con una parte de ese refinado abastecemos las necesidades del mercado interno y la otra parte va hacia Ecuador en pago del petróleo recibido”, declaró. En 2010, Sendic —actual candidato a la Vicepresidencia por el gobernante Frente Amplio— entendía que el acuerdo Ancap-Petroecuador tenía un “fin superior” que identificó con la “integración latinoamericana” para “independizarse” de las transnacionales y de los “intermediarios” gracias a “la amistad que existe” entre los gobiernos de la región (Búsqueda Nº 1.550, 4 de marzo de 2010).

PP&V explicó por qué Ecuador resolvió suscribir “este tipo de contratos”. Dijo que Petroecuador “no tiene capacidad para refinar todo el crudo que extrae” y, “en consecuencia, Ecuador precisa colocar crudo y, a la vez, hacerse de productos terminados (derivados, etc.)”.

“Al tener acceso limitado a los mercados de capitales, Ecuador soporta frecuentemente restricciones financieras y/o cambiarias. La realización de comercio compensado, como el previsto en los contratos aludidos, implica que no hay salida de divisas, ni la necesidad de obtener cartas de créditos, etc.”, señaló el estudio de abogados.

PP&V precisó que “los motivos por los cuales estos contratos de intercambio suelen hacerse con la participación de traders (a veces solos, a veces con empresas proveedoras) está en que si solo participa una empresa proveedora, la contraparte tiene la limitación y el riesgo de que el suministro queda atado a la suerte de esa proveedora” pero “cuando interviene un trader, este asegura la provisión y tiene un espectro más amplio de fuentes”.

Según PP&V, “es frecuente que las grandes transnacionales (Exxon, etc.) operen con traders propias. En el caso de Ecuador, además, esas compañías no suelen participar del negocio de suministro de derivados, justamente por las condiciones crediticias del país. Sí participan de las compras de crudo, pero ceden al trader la otra parte del negocio (como ocurrió en el caso bajo análisis)”.

A diferencia de lo que dijeron en 2010 Correa y Sendic, PP&V aseguró que “el objeto principal de los contratos Ancap-Petroecuador nunca fue el refinado por aquella del crudo ecuatoriano”.

PP&V citó partes del contrato según las cuales “el destino del Crudo Oriente, bajo el presente contrato, será a refinerías o instalaciones indicadas por Ancap” y “Ancap podrá, por razones de optimización de sus sistemas de refinación, vender el Crudo Oriente objeto de este contrato, siempre que no sea en o para los países Chile o Perú, o en países que se encuentren bajo restricciones comerciales específicas instruidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del gobierno ecuatoriano. En todos los casos el comprador indicará el destino final del Crudo Oriente presentando los certificados y documentos de descarga correspondientes”.

Con idénticos argumentos a los manejados en los últimos días por el Directorio de Ancap y por el propio Sendic, PP&V señaló que “Ancap no tiene la capacidad para refinar los volúmenes pactados en los contratos, ni las condiciones técnicas para refinar puro el crudo ecuatoriano. Todo lo cual era de pleno conocimiento por parte de Petroecuador”.

“Tampoco es el caso de que Petroecuador no supiera hacia qué destinos iba el crudo que entregaba bajo el contrato y no solo porque lo exigiera el contrato: la mayoría de los embarques se hacían en buques de la Flota Petrolera Ecuatoriana”, advirtió el estudio de abogados.

En cuanto al contrato Ancap-Trafigura, firmado después del convenio entre Ancap y Petroecuador, PP&V dijo que “era, expresamente, espejo de este último y para cada partida, Ancap debía tener la autorización de Petroecuador (lo cual era de interés para Ancap, ya que con eso se protegía de todo riesgo)”.

PP&V aseguró que “todos los contratos se cumplieron hasta su término, sin que hubiera reclamos de especie alguna entre las partes” e informó que “Trafigura es una empresa establecida, desde 1993, con oficinas en 58 países, que emplea 8.700 personas (240 en Uruguay) y que viene contratando con Ancap desde hace unos 20 años, sin haber tenido jamás un reclamo”.

Sin embargo, el 24 de diciembre de 2011, cuando el negocio Ancap-Petroecuador-Trafigura había alcanzado los 6.400 millones de dólares (1.400 millones en 2010 y 5.000 millones en 2011), el presidente Correa declaró públicamente en Guayaquil que “con Ancap ya no vamos a renovar el contrato porque la idea era darle nuestro crudo para que refine” y la empresa uruguaya “empezó a intermediar nuestro petróleo”. Cuatro días después, Petroecuador anunció formalmente la cancelación del contrato con Ancap y su gerente de Comercio Exterior, Nilsen Arias, declaró que la venta de crudo ecuatoriano a terceros no era el objetivo principal del acuerdo. Por eso, añadió, Ancap“no respetó el espíritu del acuerdo”.

Nueve en nueve.

Ayer miércoles 17, en su primera sesión, la Comisión Permanente del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de Luis Gallo (Frente Amplio), votó por unanimidad (9 en 9) una moción presentada por Pablo Abdala, Jaime Trobo (Partido Nacional) y Alfredo Solari (Partido Colorado).

“Mocionamos para que sean convocados a la Comisión Permanente, en régimen de comisión general, el ministro de Industria, Energía y Minería y el Directorio de Ancap para informar acerca de los convenios sobre intercambio de hidrocarburos firmados por el ente con Petroecuador el 26 de enero de 2010 y la compañía Trafigura Beheer B.V. Amsterdam el 26 de agosto del mismo año”, dice el texto.

Además, “se solicitará a las autoridades que informen sobre los capítulos ‘gastos de administración y ventas’ y ‘resultados diversos’ y sobre la nota número 20 referida al impuesto a la renta, contenidos en los estados contables de Ancapcorrespondientes al ejercicio 2013”.

La semana pasada, Abdala había declarado que “Ancap les debe una explicación a los uruguayos y a la sociedad porque estamos hablando de hechos, por lo menos, estruendosos desde el punto de vista del relato y de su significación”.

A su vez, el senador colorado Ope Pasquet consideró que “hay una contradicción estridente y chocante entre los propósitos anunciados cuando se celebró el contrato entre Ancap y Petroecuador, que eran fortalecer la integración latinoamericana evitando la intermediación de las multinacionales petroleras, y lo que fue la verdadera ejecución de ese contrato, que pasó en su mayor parte por la intermediación precisamente de la multinacional Trafigura, que no es cualquier multinacional sino una que ha sido denunciada en varios países por casos de corrupción” (Búsqueda Nº 1.781).