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    La Caja Bancaria admite que enfrenta una “tensión significativa” y requerirá “financiamiento adicional” para gastos transitorios

    Según una consultoría independiente hecha a instancias del Poder Ejecutivo, las reservas financieras y forestales del instituto paraestatal se agotarían cerca de 2027, ocho años antes de los superávits proyectados

    La Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB) llegó al 2008 con un “agotamiento” de sus reservas financieras y varios motivos explicaban esa situación comprometida: innovaciones tecnológicas habían sustituido distintos puestos de trabajo en el sector y algunas tareas se tercerizaban, como recuerda el diagnóstico elaborado por la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS). Ese año el Parlamento aprobó una reforma de ese instituto paraestatal en la que se le permitió captar afiliados en actividades conexas a lo bancario, hubo cambios paramétricos y se establecieron nuevas contribuciones del Estado, de empresas y de jubilados.

    Esa reforma se previó en tres etapas. La primera, que ya fue superada, estuvo definida por “sucesivos ejercicios con superávits operativos” y acumulación de reservas, según definen las autoridades del instituto en la memoria de 2021. En la actualidad, la caja está en la segunda fase, caracterizada por déficits operativos y el uso de esas reservas acumuladas. Esta etapa está marcada por el incremento de la cantidad de nuevas jubilaciones (“altas”).

    Según las previsiones de la CJPB, la tercera etapa, prevista para la próxima década, sería similar a la primera. Habría un “descenso significativo de las altas” de pasividades que le permitirían volver a los “superávits operativos” y a la “acumulación de reservas”. Sin embargo, y pese a los resultados positivos previstos para la próxima década, sus autoridades reconocen que hay una “tensión significativa sobre la evolución financiera reciente” del instituto y consideran que será necesaria “la obtención de financiamiento adicional a efectos de cubrir determinadas necesidades transitorias que se presentarán”.

    Los directores adjudican ese deterioro financiero al efecto de la emergencia sanitaria declarada por el Covid. “La peripecia de los distintos sectores de actividad se reflejó en todas las líneas de gestión de la Caja Bancaria”, escribieron en la introducción de la memoria del año pasado a la que accedió Búsqueda. Explican que la tendencia a la baja del empleo en el sistema financiero se profundizó en los años de pandemia, lo que derivó en el descenso de los ingresos operativos de 2021, que fue mayor a lo previsto. Hubo —justifican— “dos factores exógenos e imprevisibles” principales: el “biológico” dado por la pandemia de Covid y la “no reposición de las vacantes generadas en los bancos oficiales”. En el texto se aclara que estos fenómenos son “shocks transitorios” que “no comprometen la capacidad del instituto para cumplir sus obligaciones de largo plazo”.

    Años sin reservas.

    Hace unos días, autoridades del Poder Ejecutivo recibieron una presentación de los resultados de una consultoría técnica que se interiorizó en las tres cajas paraestatales (además de la Bancaria, la Notarial y la de Profesionales). Esa evaluación, realizada por un consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, fue solicitada por el Ministerio de Economía y todavía no tiene una versión final porque desde el Poder Ejecutivo solicitaron que se desagreguen alguna información.

    Los datos que se presentaron de la CJPB reflejaron una situación más compleja de la que la CESS había planteado el año pasado en el diagnóstico del sistema previsional. De acuerdo con esa información, el fondo financiero de la institución agotaría sus reservas en 2024, mientras que el fondo forestal —una fuente histórica de ingresos— alcanzaría hasta entre el 2026 y 2027, según datos obtenidos por Búsqueda de fuentes oficiales. Desde 1964 la Caja Bancaria invierte en silvicultura y tiene un aserradero propio donde procesa parte de la producción. Como actividad secundaria, en esos campos hace ganadería.

    Según esta proyección, las reservas se agotarían antes de alcanzar la tercera fase de la reforma del 2008, cuando el instituto volvería a tener superávits, proyectados para el “futuro posterior” al 2035, diagnosticó la CESS.

    Análisis anteriores habían presagiado una situación de “cierto stress” como algo “de transición y no de insolvencia financiera” a largo plazo, dijo a Búsqueda una fuente al tanto de los números.

    Por lo tanto, la preocupación de las autoridades de la caja paraestatal y del Ejecutivo es cómo financiar esos años en los que el instituto se quedaría sin reservas. Una de las posibilidades que la CJPB analiza es emitir obligaciones negociables con la garantía del fondo forestal. Sin embargo, esa alternativa aún no fue planteada a las autoridades del gobierno.

    Desde el Ejecutivo esperan tener esa interacción, similar a la que se está dando con la Caja de Profesionales, para discutir medidas para sus propios problemas financieros. En este último caso, las autoridades de esa institución presentaron sus propuestas de cambios y luego el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social les hizo una devolución a los planteos.

    Déficit. Durante 2021, los aportantes a la CJPB fueron 18.315, 1.207 menos que en el año anterior. Mientras, la cantidad de pasivos aumentó en 356 y totalizaron 19.112, con un gasto en jubilaciones y pensiones de $ 21.915 millones (US$ 503 millones al dólar promedio del año).

    La cifra de cotizantes se había mantenido por sobre los 20.000 desde 2016 hasta 2019, pero luego comenzó a disminuir. La cantidad de pasivos, en tanto, subió año a año desde el 2011, de acuerdo con los datos del instituto.

    El resultado volvió a tener signo negativo en 2021. Según su balance, el déficit acumulado en el año sumó $ 2.952 millones (US$ 68 millones); en 2020 el resultado integral neto había sido negativo en $ 2.015 millones (US$ 48 millones). Cubrir ese desequilibrio supone para la caja una descapitalización de más de US$ 50 millones anuales, según las fuentes.

    Reforma “inviable”.

    El Poder Ejecutivo tiene proyectado presentar este año una reforma jubilatoria que incluya todos los sistemas previsionales (además del régimen general, las cajas paraestatales y los servicios de militares y policías). Un paso previo a la redacción del proyecto de ley que se enviará este año al Parlamento fue la creación de la CESS, que hizo un análisis del estado de situación y propuso alternativas de cambios.

    En el diagnóstico, esa comisión asesora advirtió sobre el déficit operativo de la CJPB y concluyó que el instituto presenta una “importante sensibilidad al contexto del empleo sectorial y al rendimiento de los aportes complementarios asignados”.

    Para la CJPB, la CESS recomendó que se apliquen los cambios paramétricos generales del resto del sistema, como extender la edad mínima de retiro de 60 a 65 años, entre otros puntos. Pero, a su vez, sugirió, como para las demás cajas, que se implemente un régimen mixto (de ahorro individual) similar al que administran las AFAP para los aportantes al Banco de Previsión Social (BPS); advierte que se deberán estimar los “costos de transición” y las “fuentes de financiamiento”.

    La CESS también hizo planteos referidos al recurso parafiscal que cobra la CJPB —la Prestación Complementaria Patronal— y que representó el 21,7% de sus ingresos en 2019. El grupo asesor recomendó evitar la creación o la suba de las materias gravadas ajenas a los afiliados para financiar la caja y excluir del cobro de esta prestación a las primas previsionales y los accidentes laborales.

    Las propuestas de la CESS no fueron bien recibidas por las autoridades de la CJPB y estas les transmitieron que entienden que no están “dirigidas a atender la problemática actual” del instituto. A su vez, manifestaron que “de aplicarse las recomendaciones” tal como fueron planteadas se agravaría “de modo decisivo la situación”, ya que afectaría “de inmediato los ingresos del subsistema, lo que lo tornaría inviable, salvo una financiación externa de gran magnitud por parte del Estado”.

    • Recuadro de la nota

    Caja Notarial: 10 años y “retoques”