Con la aprobación de una ley que estableció como obligatorios los concursos para ascender en la carrera judicial, el Parlamento pretendía quitar discrecionalidad a las designaciones y fundarlas en criterios objetivos y transparentes. Sin embargo, un año y medio después la norma sigue sin ser reglamentada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) —que presentó un recurso de inconstitucionalidad en su contra— y la incorporación de algunas novedades no hicieron más que añadir confusión sobre los criterios vigentes para decidir los ascensos.
Frente a eso la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) reclama a la SCJ que aplique la Ley Nº 19.830, vigente desde setiembre de 2019, y que defina “reglas claras” para que los jueces sepan “a qué atenerse y cómo será evaluados” cuando aspiren a un ascenso, dijo a Búsqueda la presidenta del gremio, Graciela Gatti.
Si bien la inquietud de los jueces por mejorar la carrera judicial viene desde tiempo atrás —la asociación apoyó y colaboró en la redacción de la ley aprobada en 2019—, algunas decisiones recientes de la Corte aumentaron la preocupación y generaron incertidumbre sobre los criterios que se están aplicando.
En una resolución del 31 de mayo la Corte pidió al Parlamento aprobación para designar al juez Fernando Tovagliare en el cargo de ministro de tribunal de apelaciones. Para ello se basó en el alto puntaje que obtuvo en una prueba de conocimientos realizada este año, en el marco de un concurso que se realizó como plan piloto.
Tovagliare, sin embargo, no integraba la lista de candidatos para ascender que elabora la Comisión Asesora, integrada por ministros de tribunales y por el Colegio de Abogados, entre otros.
La resolución de la mayoría de la Corte —que tuvo la discordia de la ministra Elena Martínez— causó desconcierto entre los jueces, ya que tenían entendido que el resultado del concurso se usaría como insumo para elaborar la próxima lista de ascensos, no que alteraría la lista de prelación vigente para 2020-2022 y menos que implicaría que esa lista directamente no se tomara en cuenta.
El lunes 7 la Comisión Directiva de la AMU difundió un comunicado solicitando a la SCJ la “urgente implementación” de la Ley 19.830 y “el cumplimiento de la lista de ascensos 2020-2022”, aprobada “por la propia corporación”. Días después, envió una nota a la Corte solicitando una reunión para tratar el tema e insistir con la reglamentación de la ley.
El martes 15 el presidente de la corporación, Tabaré Sosa, les informó que convocaría de forma “urgente” al gremio para conocer su opinión sobre cómo instrumentar los concursos. Según publicó en la página web del Poder Judicial ese día, él “siempre abogó, sin objeciones, por esa forma democrática y moderna de selección de los magistrados”. La reunión fue fijada para el próximo viernes, informó Sosa a Búsqueda.
“La AMU quiere que exista un sistema de evaluación que sea transparente, que cualquiera pueda saber por qué ascendió tal o cual y que prevea criterios objetivos, que no estén dejados a la discrecionalidad del que califica”, dijo Gatti. “Por eso queremos que la ley, que está vigente, se reglamente”, insistió.
Respecto a la reciente decisión de la Corte de no tomar en cuenta la lista de ascensos, Gatti explicó que la asociación está a favor de que haya pruebas de conocimiento, tal como está previsto en la Ley Nº 19.830. Con lo que no está de acuerdo es con que “se hayan cambiado las reglas de juego en el medio del partido”.
La magistrada, que es ministra de un tribunal de apelaciones penal, se refirió a la acordada 8087 aprobada por la Corte en octubre de 2020, la cual estableció que las pruebas de concurso de ascensos serían “un elemento más a ser considerado por la comisión asesora en materia de calificaciones de magistrados”. Por lo tanto, explicó, “se preveía que la prueba sería un insumo para la próxima lista de ascensos que se elabore”.
Otro elemento que añadió incertidumbre es que la Corte por mayoría decidió, luego de resolver la designación de Tovagliare, derogar la acordada 8087. El 27 de mayo, con los votos de Sosa, Luis Tosi y John Pérez, y la oposición de Martínez y Bernadette Minvielle, la Corte dejó sin efecto lo relativo a la consideración del concurso como un elemento para elaborar la lista de ascensos.
Gatti cuestionó que la Corte desconociera la acordada que había aprobado y que, a su vez, cambiara “sobre la marcha” las normas. “No es lógico que cambies una regulación una vez que ya la aplicaste. Estás cercenado legítimas expectativas de la gente”.
Gatti señaló que si bien la AMU cree que el sistema actual debe perfeccionarse, ya que la forma en que se elabora la lista —a partir de la calificación de los superiores procesales, entre otros elementos— “tiene defectos, porque no se basa en criterios objetivos y transparentes”, considera que mientras esté vigente debe aplicarse. En ese sentido, la presidenta de la AMU sostuvo que hubo un “retroceso” en la medida que se cambiaron “las reglas de manera abrupta sin establecer claramente cuáles van a ser los criterios de acá para adelante”.
Por otra parte, Gatti señaló que produce “preocupación” en el gremio la disparidad de opiniones que existe en la corporación sobre el tema. “No sabemos cuál es el criterio definitivo de la Corte”.
La AMU puso a disposición de todos los jueces la asistencia legal de sus abogados para quienes se sientan perjudicados por las recientes resoluciones de la Corte y deseen presentar recursos.
Elena Martínez, ministra de la SCJ. Foto: Santiago Mazzarovich/adhocFotos.
“Rapidez incomprensible”
La ministra Martínez, que se opuso a designar a Tovagliare tomando en cuenta solo su desempeño en la prueba de conocimiento, señaló en su discordia el problema de la ausencia de reglas claras para los jueces. En ese sentido, cuestionó que se derogara la acordada 8087: “La Suprema Corte de Justicia, en mayoría, optó por desconocer lo acordado respecto a la incidencia del concurso en la decisión de ascender a determinado magistrado”.
“Cualquier observador razonable, frente a tales reglas y circunstancias (en referencia a la acordada 8087), hubiera concluido que hasta que volviera a reunirse la Comisión Asesora se seguiría el régimen de designación con integrantes de la lista vigente, pues no cabe interpretar que la Suprema Corte de Justicia pudiera desconocer sus propios mandatos. Mucho menos que se iba a actuar con total prescindencia de lo resuelto por la Comisión Asesora”, añadió. “¿Cuáles son las reglas del juego?”.
La ministra Minvielle, por su parte, también cuestionó el cambio de criterios cuando fundamentó su discordia a derogar la acordada 8087. La decisión “genera incertidumbre y afecta la seguridad jurídica”, afirmó, y agregó: “No es un buen mensaje de gobierno judicial modificar reglas de juego ya instaladas, sin mayor debate, sin un fructífero intercambios entre los interlocutores y, menos aún, con una rapidez incomprensible a través de una motivación harto deficiente, inexacta e incongruente”.