La DGI incorpora un sistema “antisoborno”, mientras análisis señalan debilidades para combatir la corrupción en el Estado

Mientras la corrupción “prende fuego a la región”, el foro, que se desarrolló el martes 17 y el miércoles 18 en la Universidad Católica, giró en torno a ese tipo de delitos en Uruguay como una preocupación latente: “Somos los mejores alumnos de una clase muy mala, lo cual no es un piropo”, ilustró el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, uno de los expositores.

Según dijo, la DGI “no tiene un problema asociado al soborno. No se han verificado casos relativos a este tema pero sí algunos asociados a corrupción (seis desde 2013, cuatro desvinculaciones a la función) que han sido oportunamente identificados, investigados y sancionados”. Alguno incluso derivó en denuncias penales.

El jerarca resaltó que la DGI inició un “proceso de cambio en 2005 que permitió superar la situación de conflicto de intereses que podían sobrevenir a los funcionarios, con lo cual se demuestra la preocupación y el compromiso de la organización con la transparencia y la profesionalidad. Con la adopción de la norma ISO 37.001 se trata de acreditar y reconocer el trabajo realizado a lo largo de todos estos años, potenciándolo hacia adelante adoptando las mejores prácticas internacionales”.

Joaquín Serra, el director de la oficina recaudadora, habló de la importancia de la “transparencia” y la ética” al inaugurar las jornadas. “Cuando la gente entiende que el organismo no cumple con su misión, también tiende a no cumplir”, por ejemplo, en el pago de los impuestos.

Auditorías y código de ética

En otras órbitas del sector público, como el área de compras, Uruguay presenta fortalezas pero también debilidades frente a la corrupción, según mostró una autoevaluación efectuada este año bajo la coordinación de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, empleando una metodología emanada de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Algunos indicadores analizados recibieron la calificación máxima (3) pero otros puntuaron con un 2, ya que, por ejemplo, los “ciclos de auditorías superan el año y se realizan de manera esporádica, mas no de manera periódica”.

En lo que refiere al marco regulatorio para combatir la corrupción, la “ausencia de especificaciones concretas relacionadas con las prácticas deseables parece deberse a la no necesidad de inclusión de ese tipo de normas a título expreso en la normativa de compras públicas. Considerando los reportes de percepción de la corrupción aplicados en el país, la baja incidencia de este fenómeno se ha reflejado en un discreto desarrollo de los organismos y mecanismos para garantizar el correcto funcionamiento del sistema en esta materia. Al no haber sido nunca percibido como un problema para el país, es lógico suponer que el desarrollo normativo permanezca rezagado en estas áreas. Sí parece más oportuno trabajar en lo que refiere a crear los mecanismos adecuados para denunciar comportamientos fraudulentos, así como en la elaboración de códigos de ética para los participantes en los procesos de compras públicas”, agrega ese documento.

Justo la semana pasada el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 19.823, de “buenas prácticas de actuación de la función pública”, que define los “principios rectores”, así como deberes y obligaciones de los empleados.

La autoevaluación del sistema de compras públicas también señala que Uruguay cuenta con un marco institucional “adecuado y existen acciones destinadas a la prevención y detección de situaciones de corrupción. Sin embargo, estas acciones no se encuentran adecuadamente coordinadas, sino que son llevadas adelante por varios organismos. Además, en muchos casos estas medidas son de carácter general y no están específicamente orientadas a las adquisiciones”.

“Sí pero no”

Gil Iribarne, jefe de la llamada “junta anticorrupción”, aludió de forma genérica a algunas de esas debilidades cuando intervino en las jornadas de la DGI. “Hay delitos de corrupción y delincuentes. Capaz que hay menos de los detectados, pero todos sabemos que los hay”, dijo para empezar.

Fue crítico sobre varios aspectos prácticos en el combate a la corrupción más allá de lo que enuncian las normas, insinuando cierta ambigüedad: “Sí pero no”.

Para el jerarca, los “corruptos lavan dinero pero son pocos” los casos detectados. Y planteó, siguiendo el modelo de Costa Rica, la idea de establecer un resarcimiento a la sociedad por parte del funcionario involucrado, adicional a la pena que le imponga la Justicia. “El razonamiento es: el corrupto le roba a la sociedad, pero además le causa daño a la imagen del país” y a los funcionarios públicos “sanos”.

Recurrió otra vez al “sí pero no” al referirse a disposiciones “que parecen que sirven, pero que no sirven”, como el delito de abuso innominado de funciones. Recordó que aunque tiempo atrás el sistema político debatió su eliminación y la Jutep se inclinó por hacerlo “menos chicloso”, lo que pasó fue “absolutamente nada. Hoy estamos exactamente igual. No se derogó, no se mejoró”, señaló el jerarca. “No es bueno que se posterguen estas cosas (…), o que mueran en el olvido”.

También cuestionó la iniciativa que buscó crear el delito de enriquecimiento ilícito. “Nunca lo hicimos; un proyecto que había sido en marzo del 2015 se reflotó el año pasado y se aprobó en el Senado”, pero la semana pasada, en el marco de la “maratón de proyectos (considerados antes del cierre del período legislativo), este no fue incluido”, se quejó. Si bien reconoció que algunas objeciones del texto son de recibo, a su juicio, “es posible aprobarlo”.

Luego afirmó que las declaraciones juradas patrimoniales que se exige presentar a funcionarios públicos ante la Jutep “deberían ser muy abiertas” para la ciudadanía, algo en lo que ha insistido últimamente. “En una época que la corrupción prende fuego a la región, tenemos que demostrar nuestros ingresos”, dijo. Y se refirió al caso de José López, un exsecretario de Obra Pública de Argentina que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner protagonizó el escándalo de las bolsas con dinero lanzadas dentro de un convento. “Yo entiendo que si hago eso en Uruguay, va a ser muy difícil que me metan preso, porque hay que demostrar quién me coimeó (…) y eso es muy difícil”, planteó el titular de la Jutep.

Y continuó señalando puntos débiles del sistema anticorrupción en Uruguay, refiriéndose a los organismos de aplicación de las normas. “Si pongo las más duras pero no se aplican, vamos mal. Y pensamos que en estas cosas, por lo menos, no vamos bien”.

También se lamentó por el escaso “control ciudadano” frente a esta problemática. Faltan organizaciones “potentes en la sociedad civil (…). Nos gustaría tenerlas, para que nos controlen y para que nos apoyen cuando hacemos las cosas bien”.

“Queremos hacer como que hacemos, pero en realidad no nos importa mucho el resultado”, resumió Gil Iribarne.