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    La Facultad de Derecho admitió el ingreso de un estudiante venezolano por “persecución política” del gobierno de Maduro

    El Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) admitió el ingreso de un estudiante venezolano en la Licenciatura de Relaciones Internacionales por “persecución política”, según se desprende del expediente del centro de estudio abierto en 2015 y una resolución interna aprobada en 2016.

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    Jesús Rafael Guillén Molina, dirigente estudiantil y activista político opositor al gobierno de Nicolás Maduro, dirigió en febrero de 2015 una carta al decano de la Facultad de Derecho, Gonzalo Uriarte, aportando toda la prueba con la que certificó ser víctima de “reiteradas amenazas de muerte y persecución política” en Venezuela, y solicitó su admisión a la Universidad para continuar sus estudios en Uruguay.

    Del expediente firmado por la asistente académica del decano, Cecilia Olaizola, surge que Guillén tuvo “la necesidad imperiosa” de abandonar sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, en Mérida, debido a “reiteradas amenazas de muerte y persecución política, hechos que el solicitante adjudica a su activa participación en un partido político opositor al gobierno actual venezolano”.

    En sesión ordinaria del 21 de abril de 2016, el Consejo de la Facultad de Derecho atendió finalmente las razones del peticionante. La causal está comprendida en el numeral 2, inciso b, de la resolución N°14, de fecha 16/2/98 del Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar: “Haber tenido que interrumpir sus estudios en el país de origen por razones de persecución política, ideológica, gremial, religiosa o racial”.

    El de Guillén es el único caso de un estudiante venezolano propuesto por la Facultad de Derecho al CDC para ser admitido por causa de “persecución política” desde 2015.

    “Sobre el tema de Venezuela no hubo postura específica del Consejo de la Facultad. Se aprobó el ingreso del estudiante (10 en 10) y se dio pase a la Dirección General Jurídica. Todo acorde a lo que la Universidad mandata y a las políticas generales de puertas abiertas e intercambio de la Facultad. Pero no hubo discusión sobre el caso”, dijeron a Búsqueda fuentes cercanas al decano Uriarte.

    Cobijados por la impunidad.

    Aparte de estudiante de Ciencias Políticas, Guillén Molina se desempeñó en Venezuela como secretario del movimiento juvenil del partido Primero Justicia (PJ, centro) y luego como Director del Instituto de Deportes en la Alcaldía del Municipio Libertador en el Estado de Mérida, uno de los bastiones de la oposición política en el país caribeño.

    En su alegato, el solicitante expresó que “el gobierno venezolano se ha dedicado a armar bandas paramilitares que actúan como brazo armado, sembrado terror en la población opositora al actual régimen político que impera en Venezuela” y agregó que, “aunque diseminadas por toda la geografía nacional, por ser el estado (de) Mérida una de las principales entidades opositoras al gobierno de Nicolás Maduro, estas bandas armadas actúan con especial violencia y cobijados por la impunidad”.

    Relató que en estos años “Venezuela se vio sacudida por enconadas protestas y enfrentamientos a causa de la precariedad económica, la escasez de productos básicos de alimentación y medicinas, y la detención, tortura y asesinato de estudiantes”. Mérida, capital del Estado del mismo nombre, fue “una de las ciudades con enfrentamientos más cruentos y prolongados”.

    “Tan pronto como comencé a ejercer labores propias de la dirección del Instituto Municipal de Deportes, hecho que coincidió con la difícil situación de revuelta en las calles, fui víctima de una serie de actos intimidatorios por parte de miembros de las bandas armadas antes mencionadas, incluyendo amenazas de muerte”, contó.

    Guillén detalló: “Esta situación se manifestó con grupos de motorizados frente a mi casa diciendo como que no importaba dónde me escondiera, igual me iban a acabar. Considerando la difícil situación de violencia que se vivía, el carácter armado de estas bandas, la cantidad de destrozos, heridos y muertos a su paso y la impunidad con la que actúan, no era prudente desestimar las amenazas de muerte”.

    A raíz de esas amenazas, entre otros actos intimidatorios y las continuas persecuciones por parte de grupos paramilitares, Guillén denunció el hecho ante la Fiscalía, la autoridad judicial, que desestimó la denuncia, dejándolo en estado de indefensión.

    “Al no existir en Venezuela una independencia de poderes, este organismo desestimó por completo mi demanda, quedando así en una situación de total indefensión, lo que reconocí desde el principio como un grave peligro”, narró.

    En ese estado, solicitó asilo en el Convento de los Padres Dominicos de Maracaibo, donde permaneció varios días, “mientras se apaciguaban los ánimos”.

    Pero una vez vuelto a la ciudad de Mérida continuaron las amenazas hacia él y su familia, por lo que decidió abandonar Venezuela. “Comprendí que me había convertido en un perseguido político y que debía dejar mi país”, dijo.

    Entonces gestionó su salida definitiva a través de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional —seccionales España y Venezuela— y la organización Canadian Human Rights International Organization.

    En medio de esas diligencias, Guillén Molina observó que “Uruguay ofrecía el espacio y las posibilidades necesarias” para darle un “curso normal” a su vida.

    “El 4 de enero de 2015 y luego de meses de zozobra y clandestinidad, salí definitivamente de Venezuela” con rumbo Montevideo, para residir, trabajar e iniciar en 2015 el trámite de reválida de sus estudios para ingresar en la carrera de Relaciones Internacionales.

    A efectos de corroborar los hechos detallados en su carta, Guillén adjuntó una serie de evidencias documentales y testimonios de fuentes personales que dan cuenta de las persecuciones a las que se vieron sometidos tanto el estudiante como otros activistas de su país.

    En el expediente se incluye la denuncia ante el Poder Judicial venezolano y su desestimación de protección, cartas de las organizaciones de derechos humanos, testimonios de vecinos y relatos de los padres dominicos donde Guillén consiguió refugio ante las amenazas de muerte, así como las constancias de su activa militancia política y en el movimiento estudiantil venezolano.

    Información Nacional
    2017-05-11T00:00:00