—Fijamos en 2015 un plan de trabajo quinquenal. Se hizo un balance, se pasó raya, y se trazó el plan para adelante. Aunque mi mandato termina en 2022, es necesario proyectar para el próximo quinquenio, después quien ocupe este lugar hará los cambios que entienda. Estamos en una situación muy distinta a la de 2015, los objetivos estratégicos se consiguieron casi en su totalidad y ahora son otros. El barco sigue en la misma dirección, con el mismo capitán, el mismo norte, pero con objetivos distintos. El factor presupuestal es un elemento a tener en cuenta porque incide de forma directa. Las deficiencias las tenemos en los gastos de inversiones y funcionamiento, porque se mantuvo el mismo presupuesto de 2015, o sea que por efecto de la inflación tenés menos, y además tuvimos una quita de $ 10 millones. Eso nos obliga a replantear un montón de cosas, y nos coloca en una situación apremiante en cuanto a suministros, por ejemplo, con la luz, agua, Antel. No vamos a poder pagarlo. Y nos preocupa. Va a haber recortes.
—¿En qué áreas?
—En el funcionamiento, combutibles... estamos revisando absolutamente todo. Más allá de que somos conscientes de que algunos recortes pueden ser simbólicos, congelamos las compensaciones, no hubo ajustes en el sueldo del personal contratado, renunciamos a alquilar otro local en Ciudad Vieja.
—¿Cómo resolverá la falta de espacio en la sede de la calle Cerrito, donde están la mayoría de las fiscalías?
—En el edificio que tenemos en la calle Uruguay, que estamos remodelando, vamos a sacar las fiscalías del código viejo —que ubicaremos en el de la calle Paysandú— y vamos a instalar un gran Centro de Violencia de Género. Estarán las fiscalías de Violencia de Género, Delitos Sexuales, y probablemnte Adolescentes, 10 en total, con todo lo relacionado con adolescentes infractores —que conviene que esté separado de los adultos— y violencia de género. Es un objetivo a concretar en febrero. También estará una parte importante de la Unidad de Víctimas.
—¿Por qué decidió destinar un espacio específico a esas fiscalías? ¿Tendrá un impacto positivo en la forma de trabajar los casos?
—Creo que sí. Hoy comparten áreas comunes con las otras fiscalías, de Flagrancia, Homicidios, Estupefacientes. El sistema de atención va a ser diferente, el acceso será distinto. Va a estar orientado a ese tema, ahí ya tenés un cambio hasta cultural. Es una apuesta fuerte que estamos haciendo y demuestra con hechos las prioridades de la Fiscalía. Además, porque en un contexto donde estamos fusionando la Unidad de Género con la de Víctimas, que causó todo el revuelo que causó, lo hacemos por razones presupuestales.
Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
—La decisión de fusionar la Unidad de Género causó, como dice, revuelo, en momentos en que la preocupación por la violencia doméstica aumenta. ¿Por qué recortar justo ahí?
—Nosotros habíamos creado la Unidad de Género con fondos propios, y cuando se achican los recursos tenemos que redireccionarlos. No es que el tema deje de ser prioritario, sino que lo que hacemos es usar mejor los pocos recursos que tenemos. La Unidad de Víctimas atiende un porcentaje importante de víctimas de violencia sexual y de género. No va a tener el sello de Unidad de Género, pero sí va a estar el tema presente fuertemente a través de la Unidad de Víctimas y a través de la instalación de este Centro de Violencia de Género en Montevideo.
—¿La fusión de las dos unidades implicó una reducción de funcionarios?
—Sí. Sobre todo el redireccionamiento de recursos humanos dentro de la institución, y algún contrato que quedó por el camino. Nosotros tenemos dos funciones misionales muy claras: la investigación y la persecución criminal, y la atención a víctimas y testigos. Hemos priorizado eso y ponemos todas las baterías ahí. Los recursos son escasos.
—La Fiscalía da prioridad al tema creando el Centro de Violencia de Género pero cierra la unidad específica, ¿no son mensajes confusos?
—No vivimos de los relatos, vivimos de los hechos. Creo que ha nadie le cabe duda de que la Fiscalía a este tema lo ha priorizado. Hemos demostrado que el tema nos preocupa y nos ocupa. Para mí sería muy fácil poner el sello de la Unidad de Género y dejar un funcionario. Pero lo queremos hacer de la mejor manera, y no hacer como que lo hacemos. Tenemos los funcionarios que tenemos y los recursos que tenemos. Y no son los únicos cambios que estamos haciendo.
—¿Qué otros recortes prevé?
—Estamos pensando hacer una oficina de ejecución de sentencias en la ciudad de Canelones, donde vamos a designar a dos fiscales para evitar que un vehículo tenga que distribuir expedientes a todas las fiscalías del departamento. Vamos a eliminar autos y choferes que vamos a destinar al funcionamiento del centro de género. Además, vamos a suprimir la Fiscalía de Toledo, y vamos a atender a Toledo desde Pando, los fiscales se van a trasladar cuando haya trabajo. No es lo ideal, pero las restricciones presupuestales tienen su impacto.
—¿Qué otros temas son prioritarios para el futuro de la Fiscalía?
—Los sistemas de información son absolutamente centrales. El Sippau (Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay) funciona cada vez mejor. Además, la pandemia aceleró los tiempos y compramos 300 notebooks para que los fiscales puedan acceder de forma remota y segura. Eso permitirá apostar fuertemente al teletrabajo y al acceso al sistema de información desde cualquier parte. Es una apuesta fuerte de la Fiscalía a la informática, la modernidad, la eliminación del papel. En 2012 me recibieron con una PC que no tenía Office. Creo que el cambio es absolutamente revolucionario. Nos hubiera gustado poder aplicar, sobre el Sippau, sistemas de inteligencia artificial para la vinculación de casos y asociación de casos, a través de georreferenciación, modelos criminales... lamentablemente eso lo hacemos en forma manual porque la plata que pedimos no la tenemos.
También la cooperación internacional ha tenido un gran avance, tanto la formal como la informal. Apostamos a la cooperación en el Mercosur, en la Aiamp (Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos). Funciona muy bien, sobre todo el contacto informal, el intercambio de información que nos permite avanzar en investigaciones punto a punto en oposición a las vías formales como la diplomática o la judicial. Hubiéramos aspirado a que la Fiscalía sea la autoridad central en materia de cooperación internacional, pero mientras tanto seguimos trabajando en la cooperación informal. Es impensable avanzar en investigaciones de crimen organizado si no avanzamos por esta vía.
—Las estadísticas recientes sobre el nuevo CPP confirman la tendencia hacia una mayor eficacia en las imputaciones. ¿Está conforme con su desempeño?
—Somos conscientes de que se construyó un relato, desde distintos sectores, sobre la benignidad del nuevo CPP, un código prodelincuentes… y los números en forma permanente han mostrado que ese relato era falso, y que se cayó a pedazos. Eso hay que decirlo, porque producto de ese relato se generó una necesidad de reformas del sistema procesal, que yo no sé si eran necesarias. Tenemos récord de personas privadas de libertad, récord de presos con condena, récord de imputaciones. En ese contexto hubo cambios en la LUC. Nos quedó renga la parte de la suspensión condicional del proceso y de las penas alternativas. Seguimos defendiendo la necesidad de tener un instrumento como la suspensión condicional para delitos de baja entidad, que era un instrumento formidable.
—Las penas alternativas, que era una de las apuestas de la reforma penal, cada vez se aplican menos. ¿Debería buscarse la forma de revertir eso? Porque los presos ya superan los 13.000 y si siguen creciendo serán aún más difíciles de gestionar.
—Revertir eso para volver a lo anterior, no. Revertirlo para crear un sistema que funcione efectivamente, sí. Si tenés un sistema de libertad vigilada donde nadie vigila a nadie, no. Si se va a hacer, hay que hacerlo bien. ¿Cuál es el cuestionamiento más fuerte al sistema de penas alternativas? Que no se cumplen, y eso es impunidad. Por eso ya pasamos, no sirve. Por eso la suspensión condicional era un buen instrumento, porque era una condición que vos tenías que cumplir. Que se hayan puesto en algunos pocos casos, cinco, condiciones equivocadas, que se caricaturizaron, motivó la eliminación de un instituto que era bueno.
—Dice que se creó un relato sobre la supuesta benignidad del código, ¿pudo haber habido una reacción a eso que haya llevado a un endurecimiento de la respuesta, y a que hoy haya récord de presos, por ejemplo?
—No, las dificultades iniciales que tuvo el sistema son las que tiene cualquier sistema que comienza cambiando casi 200 años de sistema inquisitivo. Pasa que destinamos mucha energía a criticar el código y no a que el sistema funcionara mejor.
Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS
—Algunos cambios que introdujo la LUC buscaron dar más libertad de acción a la Policía. ¿Cómo ve ahora el trabajo de la policía?
—Todo lo que tiene que ver con cuestionamientos a la labor policial lo hacemos en los ámbitos internos. Cada vez que hay un problema el fiscal del Corte y el ministro hablan, y la mayor parte de las veces encontramos soluciones. A veces hay quejas, de fiscales sobre policías y de policías sobre fiscales, y se resuelven en esos ámbitos, no los hemos hecho públicos, porque la idea es mejorar y no fomentar la grieta. Hemos apagado muchos incendios antes de que exploten.
—La Fiscalía registró una disminución de las denuncias de delitos, al igual que el Ministerio del Interior. ¿Constataron que la caída coincide con el comienzo de la pandemia de Covid-19?
—El inicio fue claro, en la segunda quincena de marzo empezó la caída. Luego debería haber un análisis de criminólogos que hagan un estudio más profundo de las causas. Lo que tenemos claro son los números. Creo que sería bueno apostar a alguna especie de convenio con la universidad para trabajar en el análisis de las causas del aumento o disminución, porque hay mucho masomenómetro en todo esto y a mí no me gustaría contribuir a eso. Para no caer en un discurso fácil, ¿no? A la Fiscalía le interesa un análisis institucional, porque está al margen del debate político.
—El ministerio ha planteado que la caída de las denuncias no se debe a la pandemia, sino a la mejora en el patrullaje y la prevención. ¿Qué opina?
—Eso es un debate político en el que no nos vamos a meter. Nosotros vimos a partir del 14 de marzo una disminución abrupta; lo que pasó es que después cuando empezó a haber más movilidad, no hubo un efecto rebote, no se volvió a las cifras anteriores. Además, el sistema de persecución funciona cada vez mejor y eso también tiene un impacto.
—La Operación Océano —que investiga a decenas de hombres por retribuciones a menores por sexo— es uno de los casos más importantes de la Fiscalía, o al menos el de mayor notoriedad, en el último año. La fiscal al frente de la investigación y su equipo han tenido una presencia fuerte en los medios, y esa publicidad es cuestionada por los abogados de los indagados. ¿Evaluaron que era necesario que la Fiscalía tuviera un perfil alto?
—Tiene relación con cómo se tramita un proceso penal en el mundo. El partido se juega en la cancha y fuera de la cancha. Eso lo tenemos muy claro y lo tienen claro las defensas. Los mass media llegaron a la puerta de la Justicia Penal para quedarse, así es en todo el mundo. Y cada vez más las partes del proceso juegan ese partido en la investigación y en la prensa, basta mirar películas o series americanas. La fiscalía si tiene que jugar ese partido en materia de comunicación, lo va a hacer.
—¿Por eso es que las fiscales han tenido tanta presencia en los medios?
—Obedece en parte a eso y en parte a explicarle a la población que determinadas conductas que pueden ser culturalmente admitidas en determinados sectores de la población, son delito.
—¿Sintieron que era necesario explicarlo, asumir un rol didáctico?
—Sí, porque para mucha gente ese tipo de conductas no eran delito, eran culturalmente aceptadas. Ahí había una batalla comunicacional donde había que explicar por qué esas conductas se perseguían. A veces hay que hacer eso. A veces no hay que hablar, y la mejor estrategia es el silencio. Pero forma parte de que litigar es estratégico.
—Y en ese caso se evaluó que estratégicamente convenía salir.
—Fue una evaluación que hizo el equipo fiscal y que nosotros en términos generales compartimos.
—¿Cree que sirvió?
—Creo que hoy todo el mundo tiene claro que tener relaciones sexuales con una persona menor de edad a cambio de una remuneración o promesa de remuneración económica es delito. Hoy en Uruguay no lo duda nadie. Desde ese punto de vista tuvimos un resultado. Después los avatares del juicio se verán.
Darviña Viera. Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS
—La fiscal Darviña Viera también ha recibido cuestionamientos de los abogados porque afirman que no les ha dado todo el acceso a las pericias y a las evidencias. ¿Cómo ve el desempeño de la Fiscalía en ese sentido?
—No voy a ingresar en los cuestionamientos concretos porque hay un par de denuncias contra la fiscal que están siendo analizadas por Jurídica. Lo que nosotros hemos trabajado muchísimo y vamos a seguir trabajando es en el tema del registro de la investigación, que es absolutamente fundamental. Es una obligación legal, un imperativo ético y además hace a la transparencia de la institución. Va más allá de la Operación Oceáno, hemos recibido planteos del Colegio de Abogados por otros casos. No tiene vinculación con una postura de ocultamiento de parte de la Fiscalía, sino a un rezago en la carga, o falta de hábito de registrar todo. Obviamente cuestionamientos a la Fiscalía, si nosotros podemos no estar cumpliendo con lo que tenemos que hacer, está bien que se hagan, y se tienen que tomar medidas para corregirlo.
—¿Ha resuelto qué hará, o qué le gustaría hacer en el futuro? ?
—Voy a hacer aquello que me enamore. No sé trabajar de otra manera. Aquello que me genere adrenalina, que me alborote las mariposas del estómago.
—¿Hoy visualiza algo que pueda generarle eso?
—La verdad que no. No descarto nada. Pero me gusta manejarme con un proyecto concreto, cosas concretas. Cuando ingresé a la judicatura tenía claramente un objetivo, sabía lo que quería, cuando acepté en la Fiscalía también tenía un objetivo clarísimo. Yo no sirvo para corcho. El corcho flota.
—¿Le gustaría ser ministro de la Suprema Corte de Justicia?
—A mí nadie me ha planteado nada. No está en mi consideración algo que…
—¿Si le hicieran la propuesta lo descartaría?
—No descarto nada.
—¿Y la política?
— No lo descarto pero hoy no me veo ahí. Pero nunca digas siempre ni nunca.
- Recuadro de la entrevista
“Falta muchísima” experticia para investigar el lavado de activos, y si se aflojan controles puede haber “dificultades”