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La Fuerza Aérea tuvo que actuar en 55 ocasiones desde 2018 ante aeronaves irregulares; cinco fueron cercanas a Anchorena
Las intercepciones de la FAU muestran debilidad en la frontera argentina a diferencia de lo que ocurre con Brasil, que cuenta con una ley de derribo más afianzada
Para hacer intercepciones, uno de los aviones que usa la FAU es el Pilatus PC-7U Turbo Trainer. Foto: Fuerza Aérea del Uruguay.
El 1º de agosto de 2018 un avión ingresó desde Argentina al espacio aéreo uruguayo sin plan de vuelo ni autorización. Fue detectado por la zona de identificación de defensa aérea de Soriano, que intentó comunicarse por radio. Al no conseguirlo, envió una aeronave para interceptar y reconocer visualmente al infractor. Mediante señas, este explicó que no respondió al contacto porque no tenía equipo de comunicaciones. Cuando el piloto militar le ordenó que lo acompañe a una base aérea para aterrizar, desobedeció y reingresó al espacio aéreo argentino. Sin posibilidad de reacción, la actuación de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) se limitó a comunicar el hecho a la Fuerza Aérea Argentina e investigarlo a través de la Junta Nacional de Infracciones Aeronáuticas.
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Semanas después, en octubre, una situación casi idéntica se dio en la zona de identificación de defensa aérea de Río Negro. Otro avión proveniente de Argentina entró a Uruguay sin plan de vuelo ni autorización. Al ser interceptado e intentar conducirlo a una base aérea, descendió a una altura mínima y con una maniobra evasiva cambió su rumbo hacia Argentina. El avión de la FAU lo persiguió hasta el cruce limítrofe del río Uruguay y dejó luego la situación en manos de la Fuerza Aérea Argentina.
Los dos casos supusieron una violación a las disposiciones aeronaúticas nacionales e internacionales, pues los aviones atravesaron la frontera en forma clandestina o fraudulenta y desobedecieron a la autoridad competente. Los detalles forman parte de un documento del Ministerio de Defensa en respuesta a un pedido de informes del diputado frenteamplista Carlos Rodríguez para conocer cuántas veces y cómo procedió la Fuerza Aérea al detectar vuelos irregulares en el país.
Entre enero de 2018 y el 18 de junio de este año se constataron 55 eventos con aeronaves que debido a la falta de información que proporcionaron a las autoridades y a su comportamiento obligaron a la Fuerza Aérea a actuar. El informe, publicado el martes 28 en el sitio oficial del ministerio, detalla fechas, matrículas, zonas de identificación aérea, causa para el procedimiento de la FAU y la acción tomada por la institución para determinar si los eventos eran efectivamente ilícitos o provocados por errores en el intercambio de datos con los sistemas de control de tránsito aéreo. La gran mayoría de los ilícitos —como aeronaves que no se identificaron, no tenían plan de vuelo o estaban en una zona de aterrizaje no habilitada— correspondieron a vuelos que partieron desde Argentina y se localizaron en zonas limítrofes con ese país. El área donde se detectaron más irregularidades fue la correspondiente a la zona de identificación de defensa aérea del aeropuerto internacional de Nueva Hespérides, ubicado en Salto.
Aunque el documento no menciona vinculaciones con el narcotráfico, las cifras demuestran que, desde el punto de vista aéreo, para Uruguay el sector más vulnerable relacionado con este delito se encuentra en la frontera con Argentina, dijeron a Búsqueda fuentes policiales. La situación ya había sido advertida en marzo por el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Luis Heber De León. “Lo que pasó ahora, que es un tema a analizar, es que el tráfico bajó más al sur y al oeste, aunque la frontera con Brasil es más grande y seca. Están traficando en casi toda la frontera con la provincia de Entre Ríos, y estamos planificando una cantidad de operaciones para reducir la intención de cruzar droga por ahí”.
Para las autoridades policiales y militares, el narcotráfico aéreo a través de Brasil está más controlado por la ley de derribo que funciona en ese país. “Según el análisis que hacen algunos especialistas en la materia, la existencia en la región de países que tienen leyes de derribo ha generado el desvío de algún tránsito aéreo vinculado al crimen organizado y, específicamente, al narcotráfico, utilizando rutas de países que no tienen leyes de derribo”, dijo el ministro del Interior, Javier García, durante una comparecencia en el Parlamento en mayo, para argumentar a favor de la ley de derribo en la Ley de Urgente Consideración. En esa oportunidad García hizo referencia a declaraciones del exdirector general de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, Carlos Noria, sobre cómo la ley de derribo provocó una variación de las rutas de los aviones que ingresan cocaína al Uruguay. “Es un elemento más a tener en cuenta. Brasil tiene ley de derribo y eso ha influido”, había dicho el año pasado Noria a Telemundo.
En 2016, como parte de un paquete de medidas urgentes de seguridad, Argentina aprobó por decreto la posibilidad de utilizar armas militares contra aeronaves ilegales en su espacio aéreo. Pero las fuentes señalaron que la Fuerza Aérea Argentina tiene desde hace tiempo problemas de presupuesto y de cambio de mandos que le han impedido accionar la habilitación de derribo con la misma capacidad que Brasil, que tiene un sistema más implementado y aceitado con un funcionamiento generalmente más exitoso en el sur del país.
Estancia presidencial.
La tarea de vigilancia del espacio aéreo se controla a través de radares y está a cargo del Centro de Operaciones Aéreas. El informe del Ministerio de Defensa detalla que los 55 procedimientos de la Fuerza Aérea involucraron acciones hacia, posiblemente, 56 aeronaves, que abarcan aviones, avionetas, helicópteros e incluso drones: 28 extranjeras —25 argentinas, 1 brasileña, 1 paraguaya y 1 de Estados Unidos— 18 nacionales y 10 “presuntos tránsitos aéreos no identificados de los cuales no se logró comprobar su punto de partida y arribo”. En varios de los procedimientos no fue necesario que las aeronaves fueran interceptadas por la FAU, que resolvió los casos mediante comunicaciones de radio. Los que sí obligaron a intercepciones tampoco fueron todos causados por vuelos ilegales, ya que se comprobaron demoras en informar a las autoridades aeronáuticas sobre planes de vuelo y otros datos relevantes, algo que suele suceder en vuelos de fumigación, actividades de filmación y fotografía y viajes privados entre estancias.
Un detalle curioso es que, en dos años y medio, la Fuerza Aérea detectó cinco vuelos irregulares relacionados a la estancia presidencial de Anchorena: cuatro fueron sobrevuelos a baja altura próximos a la residencia, donde se identificó a la aeronave y su plan de vuelo; el último, sucedido en marzo del año pasado, fue de una aeronave que directamente ingresó al espacio aéreo del lugar, prohibido por ley, sin que la FAU lograra reconocerla.
